Exp. 20.537
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ESTADO MÉRIDA.

196° y 147°
DEMANDANTE: DEL SUR BANCO UNIVERSAL C.A.
APODERADO PARTE DEMANDANTE: BETTY CUEVAS DE LÓPEZ.
DEMANDADO: PICCIONI DE BRICEÑO Y BRICEÑO EDGAR JOSÉ.
DEFENSOR JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: YELIMAR VIELMA.
MOTIVO: RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN A COMPRA.

PARTE NARRATIVA
I
Se inicia el presente procedimiento mediante formal escrito presentado en fecha 09 de Junio de 2004, por la Abogada BETTY CUEVAS DE LÓPEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad número V-5.203.032, e inscrita en el Inpreabogado bajo el numero 20.781, procediendo con el carácter de Apoderada Especial de DEL SUR BANCO UNIVERSAL C.A., inscrito en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha veintitrés (23) de Noviembre del Dos Mil Uno (2001), bajo el N° 26, Tomo 223-A-PRO, carácter que consta de instrumento poder que le fuera concedido por ante la Notaría Pública DÉCIMA SÉPTIMA del Municipio Libertador del Distrito Capital, de fecha veinticuatro (24) de octubre del 2002, anotado bajo el N° 08, Tomo 107 de los Libros de Registro de Poderes, quien demanda por Resolución de Contrato con Opción a Compra, a los ciudadanos GIANINA PICCIONI DE BRICEÑO y EDGAR JOSÉ BRICEÑO, quienes son venezolanos, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 8.094.869 y V- 3.861.885, solicitando la resolución del contrato de arrendamiento con opción a compra convenidos por los mencionados ciudadanos con su mandante DEL SUR BANCO UNIVERSAL C.A., antes identificado, en virtud del incumplimiento del mismo por falta de pago del canon de arrendamiento de un inmueble consistente en un apartamento señalado con el N° 4-14, integrante del Edificio N° 4 del Conjunto Residencial “CENTENARIO”, ubicado en la Avenida Centenario de Ejido, en jurisdicción de la Parroquia Ignacio Fernández Peña, del Municipio Autónomo Campo Elías del Estado Mérida. Acompañando a la solicitud los recaudos que consideró pertinentes (folios 01 al 13).
Correspondiéndole por distribución a este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, quien por auto de fecha veintiocho de junio del 2004, le dio entrada y admitió la referida demanda de resolución de contrato de arrendamiento, por no ser contraria a la Ley, a las buenas costumbres y al orden público, se formó expediente y ordenó librar boleta de citación a las partes demandadas, para que comparecieran en el SEGUNDO DIA DE DESPACHO siguiente a que conste de autos su intimación mas un (01) día que se le concede como término de distancia y expongan los alegatos que consideren pertinentes en defensa de sus derechos, ordenándose comisionar amplia y suficientemente al JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS CAMPO ELÍAS Y ARICAGUA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, para que practicara la intimación. (Folio 14).
Al folio 24, obra boleta de intimación junto con los recaudos de la parte demandada, ciudadanos GIANINA PICCIONI DE BRICEÑO y EDGAR JOSÉ BRICEÑO, sin firmar, como consta nota de la alguacil del tribunal comisionado JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS CAMPO ELÍAS Y ARICAGUA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DL ESTADO MÉRIDA, como consta al (folio 24), y recibida la comisión con los recaudos de intimación como consta de la nota de secretaria de fecha 22 de noviembre de 2004, (folio 38).
Mediante diligencia de fecha veintiuno de noviembre de 2004, la abogada de la parte demandante solicitó al tribunal ordenara la citación del demandado por medio de carteles, siendo acordado por auto de fecha treinta de noviembre del 2004, comisionando amplia y suficientemente al JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS CAMPO ELÍAS Y ARICAGUA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, para que fijara uno en la morada de los demandados, y consignados los carteles de citación mediante diligencia de fecha veintiocho de febrero del dos mil cinco, por la Apoderada Judicial de la parte demandante, como consta a los (folios 43 y 46).
A los folios 55 al 57, obra comisión proveniente del JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS CAMPO ELÍAS Y ARICAGUA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, a los fines que fijara cartel de citación en la morada de los demandados.
Al folio 59, obra auto de abocamiento del Juez temporal Abogado JUAN CARLOS GUEVARA, de fecha veintinueve de septiembre del dos mil cinco.
Mediante diligencia de fecha 05 de noviembre del 2005, la Apoderada Judicial de la parte demandante solicitó al Tribunal el nombramiento de defensor judicial de los demandados, siendo acordado por auto de fecha ocho de diciembre del mismo año, designándose al efecto a la Abogada en ejercicio YELIMAR VIELMA MARQUEZ, de este domicilio y hábil, para que compareciera ante el despacho al SEGUNDO DÍA DE DESPACHO siguiente a que conste de autos su notificación para que presentara su aceptación o excusa y prestara el juramento de ley, (folio 65).
Al folio 68, obra boleta de citación debidamente firmada por la Abogada YELIMAR VIELMA MARQUEZ, como consta de la nota de la alguacil del Juzgado, inserta al folio 68, quien mediante diligencia de fecha 24 de enero del 2006, aceptó el cargo y prestó el juramento de Ley.
Mediante diligencia de fecha 31 de enero del 2006, (folio 70) la Abogada en ejercicio YELIMAR VIELMA MARQUEZ en su carácter de defensora ad litem de la parte demandada, consignó escrito de contestación a la demanda en un (01) folio útil.
Al folio 73, la Abogada en ejercicio BETTY CUEVAS DE LÓPEZ, en su carácter de Apoderada Judicial de la parte demandante, mediante diligencia consignó escrito de promoción de pruebas, constante de un (01) folio útil, admitidas por auto de fecha siete de marzo del 2006, como consta al (folio 76).
Al folio 77, el tribunal por auto de fecha diez de marzo del 2006, ordenó reponer la causa, por cuanto se agregaron pruebas, siendo lo correcto que por ser un juicio breve se agregaran el primer día de despacho siguiente a la contestación, en consecuencia ordenó anular y dejar sin efecto la nota de secretaria de fecha 23 de febrero del 2006, y el auto de admisión de pruebas, y repone la causa para continuarla por el procedimiento breve, informándole a las partes que el lapso para promover, agregar y admitir pruebas venció el día 15 de febrero del 2006 y el juicio se encuentra en términos para decidir.
Siendo este en resumen el historial de la presente causa, el Tribunal para resolver observa:

PARTE MOTIVA
I
La presente controversia quedó planteada por la abogada BETTY CUEVAS DE LÓPEZ, apoderada judicial de DEL SUR BANCO UNIVERSAL C.A. parte demandante en el presente proceso, anteriormente identificado, de la manera siguiente:
§ Que el día dos de mayo del año dos mil uno, su poderdante DEL SUR BANCO UNIVERSAL C.A., ya identificado convino en realizar un contrato de arrendamiento con opción a compra con los ciudadanos GIANINA PICCIONI DE BRICEÑO y EDGAR JOSÉ BRICEÑO, anteriormente identificados, sobre un apartamento señalado con el N° 4-14, integrante del Edificio N° 4 del Conjunto Residencial “CENTENARIO”, ubicado en la Avenida Centenario de Ejido, en jurisdicción de la Parroquia Ignacio Fernández Peña, del Municipio Autónomo Campo Elías del Estado Mérida, por un período de cuatro (04) meses fijos, estableciendo de mutuo acuerdo el canon de arrendamiento en la cantidad de Doscientos Mil Bolívares con 00/100 (Bs. 200.000,00) mensuales, conforme consta de contrato de arrendamiento con opción a compra de fecha dos (02) de mayo del 2001, el cual quedó anotado bajo el N° 17, Tomo 21, de Los Libros de Autenticaciones llevados por la Notaría Pública Primera del Estado Mérida, que los arrendatarios no cumplieron con lo establecido en el contrato de opción a compra, por lo cual se ha dirigido en innumerables oportunidades para que cumplieran con su obligación de entregarle el apartamento y/o pagar el alquiler, y siendo que siempre han estado atrasados en el pago, ya que a partir del dos de mayo del 2001, fecha en la cual se firmó el contrato los arrendatarios tienen treinta y seis (36) meses sin pagar el pagar el canon de arrendamiento, por lo que no existiendo respuesta favorable a las pretensiones de pago, y los arrendatarios ni siquiera han atendido a los llamados hechos al respecto, acude a demandar en nombre de su mandante por vía civil a los ciudadanos GIANINA PICCIONI DE BRICEÑO y EDGAR JOSÉ BRICEÑO, ya identificados, con el carácter de arrendatarios, para que convengan y en caso de negativa a ello sean obligados por el tribunal a , primero resolver el contrato de arrendamiento con opción a compra convenido por los ciudadanos y a mencionados y su mandante DEL SUR BANCO UNIVERSAL C.A., ya identificado, en virtud del incumplimiento del mismo por falta de pago del canon y el no cumplimiento del contrato de arrendamiento con opción a compra en consecuencia la entrega del inmueble arrendado, y segundo al pago de las costas y costos que se causen con motivo del proceso y conforme a derecho.
§ Que fundamentan la demanda en los artículos 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, 1167 del Código Civil, 1592 numeral 2do, 1264 ejusdem, y estiman la demanda de conformidad con lo establecido en el artículo 31 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, en la cantidad de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 7.400.000,00) monto a que asciende la acumulación de cánones de arrendamiento adeudados, más las costas y costos prudencialmente calculados por el tribunal.
§ Que a los efectos del artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, señala como domicilio procesal de la parte demandada la misma dirección del apartamento arrendado apartamento señalado con el N° 4-14, integrante del Edificio N° 4 del Conjunto Residencial “CENTENARIO”, ubicado en la Avenida Centenario de Ejido, en jurisdicción de la Parroquia Ignacio Fernández Peña, del Municipio Autónomo Campo Elías del Estado Mérida, y como dirección de la parte demandante Centro comercial “EL RAMIRAL”, calle 26 Viaducto Campo Elías, 4to piso, oficina 4-8, de esta ciudad de Mérida Estado Mérida.

II
Por escrito de fecha treinta y uno de enero de 2006 (folios 70 y 71) la abogada YELIMAR VIELMA MARQUEZ, en su carácter de defensora ad litem, de los demandados, dio contestación a la demanda, en los términos que se resumen a continuación:
§ Que en vista de estar probado en autos que la parte demandada no ha cancelado las mensualidades de los cánones de arrendamiento atrasados y en atención a ello la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios establece que sólo podrá demandar el desalojo de un inmueble arrendado bajo contrato de arrendamiento verbal o por escrito a tiempo indeterminado cuando la acción se fundamente en cualquiera de las causales; literal a, que el arrendatario haya dejado de pagar el canon de arrendamiento correspondientes a dos mensualidades consecutivas por lo que solicita al tribunal que se continúe el procedimiento, que finalmente solicita que la contestación de demanda sea admitida y sustanciada conforme a derecho.

III
DE LAS PRUEBAS
ANALISIS Y VALORACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS DE LA PARTE DEMANDANTE
Siendo la oportunidad para la promoción de las pruebas, la Abogada BETTY CUEVAS DE LÓPEZ, Apoderad a Judicial de la parte demandante, inserto a los (folio 74 y su vuelto) invoca los siguientes medios probatorios:

“Primera: Contrato de Arrendamiento con Opción a Compra de fecha Dos (02) de Mayo del año Dos Mil Uno (2.001), anotado bajo el Nº 17, Tomo 21, de los Libros de Autenticaciones llevados por la Notaría Pública Primera del estado Mérida, el cual consigné en tres (3) folios útiles junto con el libelo de demanda y que está agregado a autos, siendo así lo reproduzco y hago valer en este acto. Prueba idónea que evidencia que: el día Dos de Mayo (02) del año Dos Mil Uno (2.001), mi poderdante DEL SUR BANCO UNIVERSAL C.A., ya identificado, convino en realizar un Contrato de Arrendamiento con Opción a Compra con los Ciudadanos GIANINA PICCIONI DE BRICEÑO y EDGAR JOSÉ BRICEÑO, quienes son venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de identidad Nos. V- 8.094.869 y V-3.861.885, domiciliados en esta Ciudad de Mérida, Estado Mérida, y hábiles, cuyo objeto es el apartamento señalado con el Nº 4-14, integrante del Edificio Nº 4 del Conjunto Residencial “CENTENARIO”, ubicado en la Avenida Centenario de Ejido, en jurisdicción de la Parroquia Ignacio Fernández Peña, del Municipio Autónomo Campo Elías del estado Mérida; por un período de Cuatro (04) meses fijos, estableciendo de mutuo acuerdo el canon de arrendamiento en la cantidad de Doscientos Mil Bolívares con 00/100 (Bs. 200.000,00) mensuales, conforme consta en Contrato de Arrendamiento con Opción a Compra de fecha Dos (02) de Mayo del año Dos Mil Uno (2.001), anotado bajo el Nº 17, Tomo 21, de los Libros de autenticaciones llevados por la Notaría Pública Primera del Estado Mérida.”
A la prueba que en copia certificada obra a los (folios 8 al 13) de documento de Contrato de Arrendamiento con Opción a Compra, este Juzgador les asigna el valor probatorio a que se contraen los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, ya que dicho documento no fue tachado de falsedad conforme a los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.380 del Código Civil, para dar por demostrado que su poderdante DEL SUR BANCO UNIVERSAL C.A., ya identificado, convino en realizar un Contrato de Arrendamiento con Opción a Compra con los Ciudadanos GIANINA PICCIONI DE BRICEÑO y EDGAR JOSÉ BRICEÑO, cuyo objeto es el apartamento señalado con el Nº 4-14, integrante del Edificio Nº 4 del Conjunto Residencial “CENTENARIO”, ubicado en la Avenida Centenario de Ejido, en jurisdicción de la Parroquia Ignacio Fernández Peña, del Municipio Autónomo Campo Elías del estado Mérida; por un período de Cuatro (04) meses fijos, estableciendo de mutuo acuerdo el canon de arrendamiento en la cantidad de Doscientos Mil Bolívares con 00/100 (Bs. 200.000,00) mensuales. Y así se decide.

“Segunda: ACTA DE SECUESTRO, que corre agregada a autos (sic) en el Cuaderno de Medidas, en la cual consta, que en el acto y fecha de practicar la medida de secuestro, la parte demandada había abandonado el inmueble, por cuanto el mismo se encontró totalmente desocupado. Prueba idónea que evidencia que la parte demandada, hizo en forma tácita, entrega del inmueble, al dejarlo totalmente desocupado y abandonado, entrega a la que estaba obligada la parte demandada por incumplimiento del contrato, conforme lo previsto en el Contrato identificado en el numeral anterior, dando así cumplimiento a lo previsto en la cláusula décima del mismo que textualmente dice: “CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO convenido; “LOS ARRENDATARIOS OPCIONADOS” se comprometen a entregar a la “ARRENDADORA OPCIONANTE”, el inmueble arrendado, en caso de que no den cumplimiento estrictamente a lo pautado en este contrato, y en el mismo buen estado de habitabilidad en que lo reciben”

A la anterior prueba de Acta de Secuestro, que obra a los (folios 31, 32 y su vuelto), del cuaderno de secuestro, este Juzgador le otorga pleno valor probatorio en virtud de cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 599 ordinal 7º ejusdem, y de llevarse a cabo dicha medida mediante comisión conferida al JUZGADO EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS CAMPO ELÍAS Y ARICAGUA DEL ESTADO MÉRIDA, en fecha 16 de septiembre de 2004, para dar por demostrado que la parte demandada, hizo en forma tácita, entrega del inmueble, por cuanto el mismo se encontraba totalmente desocupado y abandonado. Y así se decide.
IV
Siendo la oportunidad legal para la promoción de las pruebas, se dejó constancia mediante nota de secretaría que no se agregaron pruebas de la parte demandada, como consta al (folio 75).

V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
La parte actora fundamenta su pretensión en base a los siguientes fundamentos legales:
Artículo 34 de la ley de Arrendamiento Inmobiliario que establece:
“Sólo podrá demandarse el desalojo de un inmueble arrendado bajo contrato de arrendamiento verbal o por escrito a tiempo indeterminado, cuando la acción se fundamente en las siguientes causales: a) Que el arrendatario haya dejado de pagar el canon de arrendamiento correspondiente a dos (02) mensualidades consecutivas... (Omissis)...”

El artículo 1.264 del Código Civil, establece:

“Las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas…” (Cursivas del Juez).
De la revisión de las actas se desprende que efectivamente en fecha dos de mayo del 2001, las partes suscribieron contrato de arrendamiento con opción a compra.
El artículo 1.167del Código Civil, establece:

“En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos, si hubiere lugar a ello.”
La doctrina distingue diversas condiciones para la procedencia de la acción resolutoria a saber: a) es necesario que se trate de un contrato bilateral, b) es necesario el incumplimiento culposo de la obligación por una de las partes, c) es necesario que la parte que intente la acción por resolución haya cumplido u ofrezca cumplir con su obligación, porque de no ofrecer cumplir con su obligación, no habrá lugar a la resolución, y por último d) es necesario que el juez declare la resolución. La doctrina está de acuerdo en que la resolución no debe dejarse al arbitrio de las partes en el sentido de poseer la facultad de dar por terminado un contrato cuando consideren que la otra parte ha incumplido sus obligaciones.
En consecuencia procede este juzgador a verificar si proceden los mencionados requisitos, para declarar procedente la resolución del contrato in comento, y al efecto observa que ciertamente se trata de un documento bilateral, debidamente autenticado, suscrito por una parte Mérida Entidad de Ahorro y Préstamo, hoy DEL SUR BANCO UNIVERSAL, en su carácter de “ARRENDADORA OPCIONANTE”, y los ciudadanos GIANINA PICCIONI DE BRICEÑO y EDGAR JOSÉ BRICEÑO, en su carácter de “ARRENDATARIOS OPCIONADOS”, dándole en su oportunidad procesal este Juzgador valor probatorio, de conformidad con los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, y por cuanto el mismo no fue impugnado y tachado, hacen plena fe de lo expuesto, y específicamente determinado en el contrato signada con la letra TERCERA, por falta de pago ya que expone la parte actora que nunca le fueron cancelados los arrendamientos, lo que determina el incumplimiento culposo en la obligación, el cual dicho incumplimiento igualmente se encontraba establecido en el contrato de arrendamiento con opción a compra signada con la letra DECIMA.
Estando en la oportunidad para dar contestación a la demanda, el tribunal dejó constancia que designado y juramentado la defensora judicial, abogada YELIMAR VIELMA MARQUEZ, la misma mediante diligencia dio formal contestación a la demanda, admitiendo que de los autos se desprende dicho incumplimiento por cuanto la parte demandada no alego en su defensa nada que le favoreciera, solicitando proseguir con el procedimiento, con lo cual se deja constancia que en el presente procedimiento la parte demandada estuvo representada, al respecto sobre el defensor judicial, ha sido establecido:
“Por otra parte, la casación venezolana en sentencia de fecha 22 de marzo de 1961, en relación con la función del defensor judicial, estableció el siguiente criterio:
“El cargo de defensor ad-litem es un cargo que el legislador ha previsto en una doble finalidad: colaborar en la recta administración de justicia al representar y defender los intereses del no presente e impedir que la acción en justicia pueda ser burlada en detrimento de los derechos de las partes.”

Ahora bien, como en materia inquilinaria, se aplica el juicio breve, tal y como está previsto en los Artículos 881 de la Ley Adjetiva Civil y 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, y en el lapso establecido en el Artículo 883 del Código de Procedimiento Civil, la parte demandada no promovió pruebas, es preciso señalar que la ley aún después de verificado el acto de la Contestación a la Demanda, le otorga una nueva oportunidad al demandado, para que promueva las pruebas que considere necesarias a los fines de negar, rechazar y contradecir los hechos admitidos. Vencido este lapso, sin que tal promoción haya ocurrido, es menester de quien conozca dicha causa analizar con los elementos traídos a juicio los hechos narrados por la parte actora, procediendo a dictar la correspondiente sentencia, reputándose como ciertos los supuestos de hecho consignados en el libelo de la demanda, y demás elementos probatorios, en virtud del principio de la carga de la prueba, (Subrayado del Juez)
Ahora bien, la parte actora solicitó la resolución del contrato de arrendamiento, en virtud del incumplimiento de las cláusulas, “TERCERA:”El canon de arrendamiento es por la cantidad de DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 200.000,00) mensuales, los cuales serán cancelados por mensualidades vencidas”, y la cláusula “DÉCIMA: “LOS ARRENDATARIOS OPCIONADOS” se comprometen a entregar a la “ARRENDADORA OPCIONANTE”, el inmueble arrendado, en caso de que no dé cumplimiento estrictamente a lo pautado en este contrato, y en el mismo buen estado de habitabilidad en que lo reciben.”, del caso bajo análisis se infiere que dicha resolución no sólo procede por las causas contempladas en la Ley (artículos 1.167 y 1592 numeral 2º del Código Civil) sino también, como no es materia de orden público, por las causas pautadas por las propias partes, cuya resolución regulada por las partes en el texto mismo del contrato la doctrina ha denominado como resolución convencional, la cual produce los mismos efectos de la resolución general, vale decir que al ser declarado resuelto dicho contrato se extingue, y se considera como si jamás se hubiese celebrado, así mismo la parte actora alega no sólo la falta de pago de dos cánones de arrendamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley, sino que la misma incumplió el contrato desde que comenzó y al respecto lleva treinta y siete (37) mensualidades vencidas, con lo se configura el incumplimiento culposo.
Así mismo la parte actora promovió el acta de secuestro, la cual obra inserta al cuaderno de secuestro, y se le asignó pleno valor probatorio en virtud de cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 599 ordinal 7º ejusdem, para dar por demostrado que el mencionado inmueble se encontraba desocupado en virtud de haber sido abandonado por la parte demandada, por lo que solicitó la actora sea declarado dicho abandono, como realizado en forma tácita de entrega del inmueble de conformidad con la CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO convenido, por lo que la anterior prueba da fe a este Juzgador de lo expuesto por la parte actora.

En consecuencia, por las razones de hecho y de derecho expuestas por la demandante, en virtud del principio procesal que el Juez debe atenerse a lo alegado y probado en autos, el debido proceso y el derecho a la defensa, el principio de igualdad procesal, quedando determinado los hechos alegados por la actora en su escrito libelar, a los fines de restituir la situación jurídica en que incurrió la demandada, por cuanto quedó en evidencia al no probar nada que le favoreciera ni acreditó estar solvente con su obligación de pago de los cánones de arrendamientos reclamados, es que la presente demanda debe prosperar en derecho, declarando CON LUGAR la acción de RESOLUCIÓN DE CONTRATO CON OPCIÓN A COMPRA, como será expresado en la dispositiva del presente fallo.
Finalmente este juzgador considera significativo fundamentar todo su proceder en la previsión Constitucional siguiente:
Articulo 26:
“Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de Justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.” (Subrayado del juez).

DECISIÓN
En mérito a las consideraciones que anteceden, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución y sus Leyes, declara:
PRIMERO: CON LUGAR la demanda interpuesta por RESOLUCIÓN DE CONTRATO CON OPCIÓN A COMPRA, intentada por la Abogada BETTY CUEVAS DE LÓPEZ, en su carácter de Apoderad Judicial de DEL SUR BANCO UNIVERSAL C.A. contra los ciudadanos PICCIONI DE BRICEÑO GIANINA Y BRICEÑO EDGAR JOSÉ, todos identificados en este fallo, Y ASÍ SE DECIDE.

SEGUNDO: SE CONDENA A LOS DEMANDADOS PICCIONI DE BRICEÑO GIANINA Y BRICEÑO EDGAR JOSÉ, a pagar a la actora la cantidad de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 7.400.000,00),monto a que asciende la acumulación de cánones de arrendamiento adeudados. Y ASÍ SE DECIDE.
TERCERO: SE ORDENA a la Depositaria Judicial LOS ANDES C.A., en la persona de su representante legal a la RESTITUCIÓN DEL INMUEBLE, a la parte actora DEL SUR BANCO UNIVERSAL C.A., inscrito en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha veintitrés (23) de Noviembre del Dos Mil Uno (2001), bajo el N° 26, Tomo 223-A-PRO, a través de su Apoderada Judicial Abogada BETTY CUEVAS DE LÓPEZ, previa cancelación de los emolumentos, cuyo inmueble consiste en un en un apartamento señalado con el N° 4-14, integrante del Edificio N° 4 del Conjunto Residencial “CENTENARIO”, ubicado en la Avenida Centenario de Ejido, en jurisdicción de la Parroquia Ignacio Fernández Peña, del Municipio Autónomo Campo Elías del Estado Mérida. Y ASÍ SE DECIDE.

CUARTO: De conformidad con lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena a la parte demandada al pago de las costas procesales. Y ASÍ SE DECIDE.
QUINTO: Por cuanto la presente decisión se pública fuera del lapso legal, de conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil se ordena notificar a las partes de la presente decisión. Y ASI SE DECIDE.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA. Dada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. En Mérida, a los veintisiete (27) días del mes de Febrero del año dos mil siete (2.007).
EL JUEZ TEMPORAL,

ABG. JUAN CARLOS GUEVARA LISCANO
EL SECRETARIO ACCIDENTAL,

ABG. ANTONIO PEÑALOZA RIVAS
En la misma fecha se publicó la anterior sentencia, previo cumplimiento de las formalidades legales, siendo las una de la tarde, y se libraron las respectivas boletas de notificación. Conste.

EL SECRETARIO ACCIDENTAL,

ABG. ANTONIO PEÑALOZA RIVAS.