REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida
Mérida, trece de marzo de dos mil siete
196º y 148º

ASUNTO: LH22-L-1998-000001


DEMANDANTE: JOSÉ ANTONIO MÁRQUEZ ROMÁN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-5.594.501, domiciliado en esta ciudad de Mérida y hábil.

APODERADOS DE LA DEMANDANTE: PANAGIOTIS PARRASQUEVAS COLLTIRI, Griego, Residente en la República Bolivariana de Venezuela, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número E-81.476.055, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 80.276, domiciliados en Avenida 3, Edificio General Dávila, piso 2, apartamento 21 del estado Mérida.

DEMANDADA: Empresa Mercantil CONSORCIO LAKE PLAZA C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 29 de Abril de 1992, bajo el No. 67, Tomo 47-A-Segundo, en la persona de su Gerente Administrador ciudadana MARÍA AUXILIADORA RODRÍGUEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio.

APODERADO: DE LA APRTE DEMANDADA: ALVARO SANDIA BRICEÑO venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad números V- 2.459.331, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 4.089, domiciliado en esta ciudad de Mérida.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES.

SENTENCIA INTERLOCUTORIA

En fecha 08 de marzo de 2007, mediante diligencia el abogado en ejercicio PANAGIOTIS PARASKEVAS COLLITIRI, titular de la Cédula de Identidad Nº 20.200.915 e inscrito en el inpreabogado bajo el 80.276, manifestó parcialmente lo siguiente: “… Para la fecha 24 de febrero de 2005, se pronuncia sentencia en la presente causa, quedando firme la misma, condenado al pago de prestaciones sociales y demás conceptos laborales así como la respectiva condenatoria en costas; posteriormente, la parte demandada en el presente juicio, apela de una decisión encontrándose en etapa de ejecución y el Juzgado Superior competente, falla en contra del recurso interpuesto por la parte demandada, pronunciándose sobre la correspondiente condenatoria en costas del recurso fallido en fecha 30 de junio de 2005; luego, en la misma etapa de ejecución de la sentencia, la la parte demandada interpone nuevamente otro recurso de otra incidencia donde en fecha 31 de enero de 2005 el Juzgado Superior competente igualmente vuelve a pronunciarse sobre la condenatoria expresa en costas del recurso, contra la misma, la parte demandada apelante y perdidosa del recurso interpone Control de Legalidad por ante la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, decretando en fecha 06 de noviembre de 2006, la inadmisibilidad del recurso, sin manifestarse en expresa condenatoria en cuanto a las costas, pero sí tácita de conformidad al Código de procedimiento civil en su artículo 276 y 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Finalmente, Las partes Demandante y Demandados suscriben por ante Notario Público competente transacción, donde específicamente se pagó la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE BOLIVARES ( Bs. 156.000.000,oo) en tres cuotas; la contabilidad interpuesta por el experto designado por éste Tribunal, en fecha 07 de marzo de 2007, arrojó la cantidad final Ciento Sesenta y Ocho Millones Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Setenta como Veinticinco Bolívares ( Bs. 168.057.670,25) a lo que respecta al monto de las prestaciones sociales y demás conceptos de índole laboral. Es indicar a esta Juzgadora, que en la cláusula Tercera del Documento Transaccional suscrita por ante el Notario Público competente en fecha 29 de diciembre de 2006; se desprende que soy titular de los derechos y acciones para el cobro de los conceptos de costas generados en el juicio y en los recursos del presente proceso. Es por ello que formalmente me OPONGO AL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE de conformidad a la manifestación indicada en Auto del Tribunal de fecha 02 de marzo de 2007. Por ello, es que se desprende de Documento Transaccional que lo pagado fue a razón de las cantidades de prestaciones Sociales y demás Conceptos de índole Laboral, no así al respecto a las costas procesales, pues en el mismo documento anteriormente indicado, se desprende que está aún insoluto el pago de las costas condenadas en el juicio y en los recursos fallidos que se condenó a la parte demandada. Quiere decir ello, que la demandada dio cumplimiento parcial a la sentencia y aún no ha dado cumplimiento total a la misma pues aún esta pendiente el pago de las costas. Solicito así formalmente, de conformidad a los hechos anteriormente mencionados, que éste Juzgado, que se pronuncie sobre la liquidación de las costas indicadas y condenadas y fije lapso para que la parte demandada y condenada en el presente proceso dé cumplimiento voluntario a las mismas o en defecto se proceda a la ejecución forzosa de la integridad de la sentencia, pues estamos en presencia de un cumplimiento parcial de la misma. Todo ello, de conformidad a los artículos 274, 276, 281, 284 y 285 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo…”

Observa esta sentenciadora que la demanda intentada versa sobre COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES intentada por el ciudadano JOSE ANTONIO MARQUEZ contra CONSORCIO LAKE PLAZA C.A., los cuales se encuentra en esta fase de ejecución. Y en vista la solicitud anteriormente transcrita considera.

El encabezamiento del artículo 286 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
“Las costas que debe pagar la parte vencida por honorarios del apoderado de la parte contraria estarán sujetos a retasa. En ningún caso estos honorarios excederán del 30% del valor de lo litigado”.

En materia de costas, debe precisarse lo que la doctrina patria entiende por tales, ello en virtud de que nuestro Código de Procedimiento Civil no las define, ni indica explícitamente cuales son los renglones de gastos que comprende dicho concepto.

Al respecto, el autor patrio Simón Jiménez Salas, (en su obra Sentencia, Cosa Juzgada y Costas), define las costas como “las indemnizaciones que el vencido debe al vencedor por concepto de la disminución económica que tuvo el vencedor con ocasión del proceso judicial, en el que participan no solamente los gastos intrínsecos sino las obligaciones contraídas con tal carácter”.

Las costas son gastos y obligaciones causados en un juicio y con motivo de él, tienen carácter procesal, pues se originan en el proceso y su imposición es uno de los efectos de la sentencia; no constituyen una pena sino una indemnización debida al vencedor por los gastos que le ocasiona la parte contraria al obligarlo a litigar. Asimismo, las costas comprenden los llamados gastos procesales - derechos por concepto de arancel judicial y timbres fiscales-, así como los honorarios de abogados y emolumentos al personal judicial, es decir, que el concepto se refiere a: costos o gastos del proceso, litis expensas y honorarios profesionales.

En tal sentido, es oportuno transcribir parcialmente algunas de las posiciones jurisprudenciales del Tribunal Supremo de Justicia, en materia de costas, y cuyos criterios comparte esta juzgadora, así:

“La condenatoria en costas encuentra su asidero en el dispositivo del fallo y depende de la acción ejercida no de que alguno o algunos de los medios defensivos empleados por la parte que los opone hayan prosperado”. (Sala de Casación Social, sentencia Nº 366 del 09-08-2000).
“La Sala entra a considerar que existe vencimiento total, cuando el demandado es absuelto totalmente o el actor obtiene en la definitiva todo lo que pide en el libelo; lo único que debe tenerse en cuenta para determinar el vencimiento total a los fines de la condenatoria en costas es la correspondencia de la pretensión deducida con el dispositivo de la sentencia definitiva... Asimismo, a juicio de esta Sala y con fundamento en reiterada doctrina, el concepto de vencimiento total debe encontrarse en el dispositivo del fallo y, concretamente, en el examen de la pretensión procesal ejercida mediante la interposición de la acción correspondiente. Es decir, "el vencimiento total no es afectado por el hecho de que alguno o algunos de los fundamentos o medios defensivos empleados por la parte que los opone haya prosperado. Por lo que, si luego del examen de la pretensión procesal ejercida mediante la interposición de la acción correspondiente, el juez la declara con lugar, habrá vencimiento total y debe condenar en costas de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.” (Sentencia Nº 363, de la Sala de Casación Civil, de fecha 16-11-2001).
“El vencimiento total, al cual se refiere el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil tiene carácter objetivo. Cada vez que la demanda se declara totalmente con lugar, es totalmente vencido el demandado, y cada vez que la demanda se declara totalmente sin lugar, resulta vencido en su totalidad el actor.” (Sentencia de la Sala de Casación Social N° 374 de fecha 09-08-2000).

En este orden de ideas, encontramos que los artículos 23 de la Ley de Abogados y 24 del Reglamento de la mencionada Ley, establecen:

Artículo 23: “Las costas pertenecen a la parte, quien pagará los honorarios a sus apoderados, asistentes o defensores. Sin embargo, el abogado podrá estimar sus honorarios y pedir la intimación al respectivo obligado, sin otras formalidades que las establecidas en esta Ley”.

Artículo 24: “A los efectos del artículo 23 de la Ley, se entenderá por obligado, la parte condenada en costas”.

En esta materia, cabe destacar que la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 74 de fecha 05 de febrero del 2002, acogió el criterio sostenido por la referida Sala de la extinta Corte Suprema de Justicia en sentencia Nº 432 de fecha 15 de julio de 1999, caso Miguel Roberto Castillo y otro contra Banco Italo Venezolano, expediente Nº 97-504, que estableció lo siguiente:

“..Los conceptos transcritos llevan a concluir que efectivamente, los honorarios de abogados están comprendidos dentro del proceso en el cual resulta vencedor, o sea, dentro del monto que por concepto de costas debe pagar el vencido; dichos honorarios profesionales deben ser satisfechos al abogado por su mandante, a quien en definitiva le corresponden las costas, de ser declarada con lugar su pretensión. Del análisis precedente se concluye que el artículo 23 de la Ley de Abogados, claramente, establece a quien pertenecen las costas procesales, asimismo señala que de ellas serán satisfechos entre otros gastos procesales, los honorarios de los abogados (representantes, asistentes o defensores); además, prescribe que podrán los profesionales del Derecho intimar al pago directamente al obligado, sin más formalidades que las establecidas en esa Ley..De la interpretación concatenada y sistemática de ambos artículos, la Sala observa, que la parte condenada en costas en el proceso, es el obligado contra quien el abogado puede estimar y pedir la intimación de sus honorarios”.

De las anterior secuela de sentencia trascrita, así como del trascrito artículo 23 de la Ley de abogados, en los mismos se señala a quien pertenecen o corresponde las Costas del proceso, y que allí serán satisfechos los otros gastos procesales y los honorarios profesionales. Así mismo el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, señala: .

Se observa de las actuaciones que conforman el expediente principal, donde se desprende que en fecha 19 de Octubre de 2004, este Juzgado declaró sin lugar la demanda de Nulidad de Contrato de Compra Venta, condenando a la demandante al pago de las costas del juicio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil; decisión esta que fue apelado por la parte actora en fecha 10 de diciembre de 2004 y el Tribunal de alzada respectiva confirmo dicho fallo el 04 de abril de 2005. De ello se colige entonces el derecho que tiene la parte demandada a cobrar las costas procesales en virtud de la condenatoria dispuesta en la decisión al condenarle en las costas causadas en el juicio principal; y siendo que las costas constituyen una especie de indemnización que se le debe al vencedor en el proceso, por los gastos que le ha producido el proceso o por los daños y perjuicios sufridos en la búsqueda de la declaración judicial de su derecho, como consecuencia de la contumacia o rebeldía del litigante perdidoso, por cuanto la reclamación judicial del reconocimiento del derecho, pudo producir una disminución del patrimonio del victorioso en el juicio, constituyendo la condenatoria en costas, un complemento para restablecer el patrimonio disminuido del vencedor con los gastos de justicia.

En el caso de autos, se debe destacar que el abogado en ejercicio PANAGIOTIS PARASKEVAS COLLITIRI, como titular de los derechos y acciones para el cobro de las costas generadas le corresponde estimar e intimar las Costas Procesales, como lo establece la Ley de abogados y el Código de Procedimiento Civil, por aplicación analógica del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por cuanto la parte actora le cedió los mismos mediante documento Notariado, que obra inserto al folio 132 del expediente. Si eso fuese así” solo tendría el derecho de cobrar sus honorarios profesionales sobre las actuaciones realizadas a su cliente, y al haber resultado victorioso su cliente el cobro de honorarios complementarios al vencedor, todo ello conforme lo dispone el artículo 23 de la ley de abogados al señalar que “las costas pertenecen a la parte…” y por cuanto la parte gananciosa tiene derecho a exigir el pago de las costas, dicha norma le da el derecho personal y directo al abogado a cobrar sus honorarios profesionales al condenado en costas, esto es para hacer efectivo el derecho a ser retribuido por la prestación de servicios, y a los fines de determinar el cobro de honorarios del abogado, al momento de producirse la condenatoria en costas, se dan tres situaciones: a. que la parte vencedora haya pagado la totalidad de los honorarios; b. que haya pagado parcialmente los honorarios; c. que no haya pagado honorarios. Teniendo en el último de los casos, es decir que no se le hayan pagado honorarios, que por la condenatoria en costas al vencido en el proceso, el abogado tiene derecho a exigir judicialmente el pago de sus honorarios por las actuaciones judiciales realizadas bien a su propio cliente o al condenado en costas. Y ya que existe una gran diferencia entre lo que son honorarios profesionales y las costas procesales, pudiéndose definir honorarios profesionales como la remuneración que recibe el profesional del derecho por las actuaciones que realice en nombre de otra, sea persona natural o jurídica, las cuales pueden ser judiciales o extrajudiciales. Mientras que las costas procesales consisten en el resarcimiento de los gastos o inversiones que las partes hacen para sostener el juicio hasta conducirlo a la solución definitiva.

En consecuencia por lo antes expuesto y de conformidad con las norma trascrita, los abogados solo pueden intentar el pago de sus honorarios profesionales y no el pago de las Costas Procesales por pertenecer estas a las partes., siendo este no el caso en estudio, se entendería que el Profesional del Derecho PANAGIOTIS PARASKEVAS COLLITIRI, puede realizar la estimación e intimación de costas al perdidoso, correspondiéndole dicha intimación solo a la parte victoriosa. Para mayor abundamiento considera este Tribunal que la condena en costas es una condena al pago de una cantidad ilíquida y, por lo tanto, tendrá que ser objeto de liquidación previa, mediante la estimación e intimación de los honorarios del abogado de la contraparte que se le hace a la parte vencida en el juicio o la incidencia respectiva. El deudor puede convenir en el pago de los honorarios estimados e intimados o acogerse al derecho de retasa., si hubiere lugar a ello o se opondrá al mismo. Razones suficientes para que este Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y Por Autoridad de la Ley, declara improcedente la solicitud formulada por el abogado en ejercicio PANAGIOTIS PARASKEVAS COLLITIRI, de que no se archive el expediente por cuanto está aún insoluto el pago de las costas condenadas en el juicio y en los recursos fallidos que se condenó a la parte demandada. Yasi se establece.
No hay condenatoria en costas.

COPIESE Y PUBLIQUESE LA PRESENTE DECISION.

DADA, FIRMADA Y SELLADA EN EL TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACION, MEDIACION Y EJECUCION DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA, en la ciudad de Mérida, a los trece días del mes de marzo de dos mil siete. AÑOS: 196º DE LA INDEPENDENCIA Y 148º DE LA FEDERACION.

LA JUEZA,



MARIANA JOSEFINA APONTE QUINTERO

LA SECRETARIA,



EGLI MAIRE DUGARTE DURAN

En la misma fecha se publicó la misma y se expidió la copia para su archivo.


SRIA.