REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En su Nombre

JUZGADO SUPERIOR QUINTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA REGIÓN CAPITAL


PARTE QUERELLANTE: JOSEFA ELENA CONTRERAS PAREDES.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE QUERELLANTE: STALIN A. RODRÍGUEZ S.
ORGANISMO QUERELLADO: REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES -HOY MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN-).
SUSTITUTA DE LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA: IRMA PERALTA ULLOA.
OBJETO: PAGO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES E INTERESES DE MORA.


En fecha 20 de febrero de 2006 el abogado Stalin A. Rodríguez S., Inpreabogado N° 58.650, actuando como apoderado judicial de la ciudadana JOSEFA ELENA CONTRERAS PAREDES, titular de la cédula de identidad N° 4.468.037, interpuso por ante el Juzgado Distribuidor, la presente querella contra la República Bolivariana de Venezuela (MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES -HOY MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN-).

La actora solicita el pago de la cantidad de cuarenta y siete millones cuatrocientos setenta y siete mil trescientos sesenta y cuatro bolívares con cuarenta y un céntimos (Bs. 47.477.364,41), por concepto de diferencia de prestaciones sociales e intereses de mora desde la fecha de su jubilación hasta el día del pago de las prestaciones sociales. Además solicita el pago de los intereses de mora desde el momento de la interposición de la querella hasta la efectiva ejecución del fallo según experticia complementaria.

Hecha la distribución correspondió a este Juzgado su conocimiento, en tal razón el día 02 de marzo de 2006 se admitió la querella y se ordenó conminar a la Procuradora General de la República, para que diese contestación a la misma. El 20 de diciembre de 2006 el Alguacil de este Tribunal dejó constancia en autos de haber citado a la nombrada Procuradora. En fecha 25 de enero de 2007 la abogada Irma Peralta Ulloa, Inpreabogado N° 86.716, actuando como sustituta de la Procurada General de la República, dio contestación a la querella.


El 02 de marzo de 2007 oportunidad fijada por este Tribunal para que tuviese lugar la audiencia preliminar dispuesta en el artículo 104 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se dejó constancia que no comparecieron ninguna de las partes.


El 13 de marzo de 2007 se celebró la audiencia definitiva, en cuya acta se dejó constancia de que sólo compareció la parte querellante, quien hizo uso del derecho de palabra para defender su posición en juicio. La causa entró en estado de sentencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, la cual será dictada sin narrativa y con exposición breve y concisa de los extremos de la litis por exigirlo así el artículo 108 ejusdem.

I
MOTIVACIÓN

Señala el apoderado judicial de la actora que su representada prestó sus servicios para el Ministerio de Educación y Deportes desde el 01 de octubre de 1977 hasta el 01 de octubre de 2003, fecha en la cual egresó del Organismo por motivo de jubilación, ejerciendo como último cargo el de Docente IV/Aula. Que en fecha 16 de diciembre de 2005 recibió por concepto de prestaciones sociales la cantidad de cincuenta y cuatro millones ciento sesenta y ocho mil trescientos noventa y siete bolívares con noventa céntimos (Bs. 54.168.397,90), monto este que considera no le es satisfactorio.

El abogado de la querellante da inicio a su escrito libelar aclarando al Tribunal, que la diferencia de prestaciones sociales tiene como causa un error de cálculo en la fórmula como se calculan las prestaciones, pues no hay diferencia entre los conceptos que él manejó para hacer esos cálculos y los apreciados por el Ministerio querellado.

Luego reclama el apoderado judicial de la actora diferencia en el pago de los intereses de fideicomiso acumulados, en razón de que fue errado el cálculo hecho al efecto, toda vez que la fórmula del interés sobre prestaciones sociales es la siguiente: “Capital o Saldo disponible × tasa de interés del mes ÷ 365 días × Número de días a pagar en el mes = Interés Acumulado”. Que la Administración determinó que el interés acumulado era de tres millones trescientos cuarenta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro bolívares con once céntimos (Bs. 3.342.244,11) pero ocurre que al aplicar él los conceptos y formula aritmética normalmente aceptados, surge a su favor de su representada una diferencia, pues obtiene que el interés acumulado es de cuatro millones quinientos treinta y cinco mil trescientos noventa y cuatro bolívares con doce céntimos (Bs. 4.535.394,12) por lo que la diferencia por éste concepto es de un millón ciento noventa y tres mil ciento cincuenta bolívares con cero un céntimos (Bs. 1.193.150,01). Que ese error luego incide en los intereses adicionales. La Sustituta de la Procuradora General de la República niega la pretensión de diferencia de prestaciones sociales señalando que es infundado, que tampoco hay intereses que pagar y menos de mora, pues lo que pretende la actora es la capitalización de los intereses y sobre ese monto calcular nuevos intereses haciendo una interpretación torcida del artículo 92 Constitucional, el cual en forma alguna contempla que los intereses sean capitalizados y sobre ese capital se calculen nuevos intereses, fórmula esta que el Máximo Tribunal de la República ha señalado como una conducta impropia. Para decidir al respecto observa el Tribunal que independientemente que puedan revelarse diferencias entre la cantidad aspirada por la funcionaria y la cancelada por el Organismo, ello, tal como es aducido en el libelo, sólo obedece a la fórmula de cálculo utilizada, con la observancia de que la Administración no queda sujeta en sus cálculos a las fórmulas que señale el administrado, salvo que éste demuestre que la utilizada por la Administración contraría la Ley, lo cual no ha sucedido en este caso, por tal razón es infundado el reclamo, y así se decide.

El apoderado judicial de la actora señala que la Administración le hizo a su representada un descuento indebido de anticipo, argumenta al efecto que, en la columna denominada “Anticipos”, se observa un descuento de cincuenta mil bolívares (Bs. 50.000,00) hecho el 30 de septiembre de 1997 y posteriormente el 30 de noviembre de 1998 se le hizo otro descuento de cien mil bolívares (Bs. 100.000,00) para un total de ciento cincuenta mil bolívares (Bs. 150.000,00), es decir que la Administración efectuó un doble descuento. Para decidir al respecto observa el Tribunal que el planteamiento de este reclamo es genérico, pues no puede determinar este Tribunal si esos anticipos se imputan o no a los intereses de fideicomiso, ante esa confusa petición el Tribunal debe declarar improcedente la misma, y así se decide.

El apoderado judicial de la querellante insiste en demandar particularizadamente diferencia en el pago de antigüedad del régimen vigente por la cantidad de tres millones setecientos diecisiete mil cuatrocientos noventa bolívares con cincuenta y cuatro céntimos (Bs. 3.717.490,54). Argumenta al efecto que esa diferencia que reclama se originó por el error al aplicar la fórmula: capital o saldo disponible × tasa de interés del mes ÷ 365 días × Número de días a pagar en el mes = Interés, cuyo resultado revela una diferencia a favor de su representado. El Tribunal niega tal solicitud, pues tal como se decidió, independientemente que puedan revelarse diferencias entre la cantidad aspirada por la funcionaria y la cancelada por el Organismo, ello sólo obedece a la fórmula de cálculo utilizada; con la observancia de que la Administración no queda sujeta en sus cálculos a las fórmulas que señale el administrado, salvo que éste demuestre que la usada por el Ministerio contraría la Ley, lo cual no ha sucedido en este caso, por tal razón es infundado el reclamo, y así se decide.

El apoderado judicial de la actora reclama el pago de intereses moratorios previstos en el artículo 92 del Texto Constitucional. Aduce para ello, que su representada fue jubilada del Ministerio de Educación y Deportes con vigencia a partir del 01 de octubre de 2003 y fue sólo el 16 de diciembre de 2005 cuando le fue cancelada la cantidad de cincuenta y cuatro millones ciento sesenta y ocho mil trescientos noventa y siete bolívares con noventa céntimos (Bs. 54.168.397,90) (folio 10) por concepto de prestaciones sociales. Por su parte la sustituta de la Procuradora General de la República rebate señalando que, para el supuesto negado de que se ordene el pago de este concepto, esa representación, debe acotar que el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no fija tasa de interés aplicable y que tampoco ha sido promulgada alguna Ley que establezca el tipo de interés aplicable, por ende los intereses sobre prestaciones sociales deben ser los del 3% que fija el artículo 1.746 del Código Civil o en su defecto el interés estipulado en el artículo 87 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. En tal sentido observa el Tribunal que la actora indica con toda claridad la fecha de jubilación y la del pago de prestaciones sociales, lo cual es suficiente para calcular el concepto constitucional. Existe prueba a los autos de que la actora fue jubilada el 01 de octubre de 2003 (folio 11) y fue sólo el 16 de diciembre de 2005 (folio 10) cuando recibe el pago de las prestaciones sociales, de manera que sí existió demora en la cancelación de dicho beneficio, lo cual genera a favor de la misma el pago de los intereses moratorios previstos en el citado artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

De acuerdo con lo precedentemente decidido estima este Tribunal que a la actora deben pagársele intereses moratorios por el lapso comprendido entre el 01 de octubre de 2003, día en que se hizo efectiva la jubilación y el 16 de diciembre de 2005 fecha en que le cancelaron las prestaciones sociales, por un monto de cincuenta y cuatro millones ciento sesenta y ocho mil trescientos noventa y siete bolívares con noventa céntimos (Bs. 54.168.397,90), (folio 10), monto este último que el Tribunal estima correcto, pues la actora no logró demostrar errores en dicho cálculo, por tanto ésta será la suma sobre la que habrá de hacerse el cálculo de los intereses moratorios, calculados dichos intereses no capitalizados, los cuales deben estimarse por una experticia complementaria del fallo de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, y así se decide.

Dichos intereses se calcularán según lo previsto en el artículo 108, literal “c” de la Ley Orgánica del Trabajo, rechazando este Tribunal el alegato de la sustituta de la Procuradora General de la República, según el cual los intereses deben calcularse en base a la tasa del 3% que establece el artículo 1.746 del Código Civil o en todo caso con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, inobservando así la aludida Sustituta, que el artículo 28 de la Ley del Estatuto de la Función Pública remite para dicho cálculo a la Ley Orgánica del Trabajo, de allí que debe atenderse al citado literal “c” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, y así se decide.

Por lo que se refiere a los intereses de mora que pide la actora se le paguen desde el momento de la interposición de la querella hasta la ejecución efectiva del fallo, este Tribunal los niega en virtud de que los intereses de mora son los previstos en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales ya se ordenaron pagar, de allí que la pretensión resulta infundada, y así se decide.

II
DECISIÓN

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dispone en los siguientes términos:

PRIMERO: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta por el abogado Stalin A. Rodríguez S., actuando como apoderado judicial de la ciudadana JOSEFA ELENA CONTRERAS PAREDES contra la República Bolivariana de Venezuela (Ministerio de Educación y Deportes -hoy Ministerio del Poder Popular para la Educación-).

SEGUNDO: Se niega el pago de la diferencia de prestaciones sociales, por las razones expuestas en la motiva del fallo.

TERCERO: Se ordena al Organismo querellado pagarle a la actora los intereses moratorios causados por retardo en el pago de prestaciones sociales, desde el 1° de octubre de 2003 hasta el 16 de diciembre de 2005, lo cual debe hacerse sin capitalizarlos.

CUARTO: A los fines de determinar con toda precisión el monto a pagar a la actora, se ordena practicar experticia complementaria del fallo en la cual se determinará el monto de los intereses de mora causados sin capitalizarlos, desde el 1° de octubre de 2003 día en que se hizo efectiva la jubilación hasta el 16 de diciembre de 2005 fecha del pago de las prestaciones sociales. La base sobre la que se calcularán los intereses de mora será la suma de cincuenta y cuatro millones ciento sesenta y ocho mil trescientos noventa y siete bolívares con noventa céntimos (Bs. 54.168.397,90), que fue la cantidad que por concepto de prestaciones sociales se le cancelaron tardíamente a la actora. Dichos intereses serán los que determine el Banco Central de Venezuela para el cálculo de los intereses de antigüedad, según lo dispone el literal “c” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, al cual remite el artículo 28 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

QUINTO: Se niega la pretensión de pago de intereses moratorios que pide la actora se le paguen desde el momento de la interposición de la querella hasta la ejecución efectiva del fallo, por la motivación ya expuesta en el cuerpo de la sentencia.

Publíquese, regístrese y notifíquese a la ciudadana Procuradora General de la República.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas, a los quince (15) días del mes de marzo del año dos mil siete (2007). Años 196° de la Independencia y 148° de la Federación.
LA JUEZ,

TERESA GARCÍA DE CORNET

EL SECRETARIO TEMPORAL,

CESAR CANTILLO CARDENAS



En esta misma fecha 15 de marzo de 2007, siendo las doce (12:00) meridiem, se publicó y registro la anterior sentencia.

El Secretario Temporal,


EXP. 06-1414