REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA



PODER JUDICIAL
EN SU NOMBRE
JUZGADO TERCERO SUPERIOR DEL TRABAJO DEL
CIRCUITO JUDICAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Caracas, viernes (02) de noviembre del año 2007.
197º y 148º

Asunto: AP21- R-2007-001223

PARTE OFERENTE: AGROPECUARIA C-19, C.A inscrita inicialmente por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 13 de octubre de 2004, bajo el N° 56, Tomo 981-A Qto.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE OFERENTE: JESUS ANONIO LEOPOLDO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 97.802.

PARTE OFERIDA: DAVID LUGO, Cédula de Identidad N° 14.970.036.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE OFERIDA: NO ACREDITO.

MOTIVO: RECURSO DE APELACIÓN. OFERTA REAL DE PAGO.

SENTENCIA: Interlocutoria.


CAPÍTULO I
DEL MOTIVO DE LA PRESENTE APELACIÓN


Recurso de Apelación, interpuesto por el abogado JESUS LEOPOLDO, inscrito en el inpreabogado bajo el número 97.802 actuando como apoderado judicial de la Sociedad Mercantil “AGROPECUARIA C-19 C.A.” parte oferente-apelante contra el auto de fecha 23 de julio de 2007 por el Juzgado Trigésimo Octavo de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, todo ello con motivo del juicio que por Oferta Real de Pago incoado por el ciudadano AGROPECUARIA C- 19 C. A.

En fecha tres (03) de agosto de dos mil siete (2007), por sorteo aleatorio fue distribuida la presente causa a este Juzgado Tercero Superior, dándosele formalmente por recibido el expediente, mediante, auto de fecha trece (13) de agosto de dos mil siete (2007), y siendo fijada el día y hora de la audiencia de apelación para el día veintiséis (26) de octubre de dos mil siete (2007) a las 11:00 a.m.

En la oportunidad fijada para la realización de la audiencia, concurrió el apoderado judicial de la parte oferente, quien expuso sus alegatos en forma oral y pública dejándose constancia de la incomparecencia del apoderado o representante legal del oferido.

Cumplidas con las formalidades en esta alzada y llegada la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto, este Juzgado Superior lo hace previa las siguientes consideraciones:



CAPITULO II
DEL OBJETO DEL PRESENTE RECURSO DE APELACIÓN


La representante judicial de la parte Oferente apelante, fundamentó su recurso de apelación, en: “Las partes pueden para prevenir un eventual litigio dar por terminado un procedimiento mediante Transacción. El Juez puede negar la homologación bajo otros supuestos pero no por las razones antes expuestas por el Juez, ya ha habido pronunciamiento por el Juez Quinto Superior (AP21-R-2007-1224) y se solicita se ordene al Juez que se pronuncie sobre la transacción presentada ”.



CAPITULO III
DE LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Este Tribunal inicia la siguiente decisión realizando un breve resumen de los hechos que constan en el referido expediente, de las pruebas que mediante la aplicación del derecho, las reglas de la lógica y de la experiencia y que conforman la sana crítica, considera constituyen elementos fundamentales para la solución de la presente controversia.

En consecuencia, es importante señalar por parte de éste juzgador que el punto debatido en el presente caso bajo estudio, es el hecho de que la parte oferente apelante, señala que: con la finalidad de prevenir un litigio o dar por terminado un procedimiento haciendo uso de los medios de autocomposición procesal, se realizó una transacción que a la vez se corresponde con la naturaleza del procedimiento de Oferta Real y Depósito y, en razón de ello, es que se le solicitó al Juez de la causa que procediera a homologar el documento contentivo de la transacción el cual consignaron a tal efecto.

Es importante señalar que la Transacción para que tenga validez debe cumplir con los siguientes requisitos:



”1.-Que se haga por escrito.
2.- Que contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motiven; y
3.- Que contenga una relación circunstanciada de los derechos que comprenda.

Es necesario que contenga una relación circunstanciada de los derechos que comprende la transacción laboral debido a que ni la Constitución, ni la Ley Especial (Ley Orgánica del Trabajo), ni el Código de Procedimiento Civil, (artículo 256) definen a la transacción, sino que lo hace el Código Civil en el artículo 1.713, en los
siguientes términos:

Artículo 1.713. La transacción es un contrato por el cual las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual.

Es por ello que el mecanismo idóneo para controlar la libre disposición de derechos irrenunciables, es el cumplimiento de los extremos del mencionado artículo 3 Parágrafo Único de la Ley Orgánica del Trabajo.
De igual manera el artículo 9 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo exige que la transacción verse sobre “derechos litigiosos o discutidos”; los derechos consolidados o reconocidos no son susceptibles de transacción, así como no será estimada como transacción la simple relación de derechos, aún cuando el trabajador hubiere declarado su conformidad con lo pactado, no obstante es criterio de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha:28-10-22003 Caso: Francisco Santaella Vs. PDVSA Petróleo Gas donde flexibiliza la aplicación del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo en las Transacciones.
La mencionada Transacción es producto de la voluntad libre, consciente y espontánea expresada por las partes; tal y como lo manifestaron en ese acto; y por cuanto dicho acuerdo tiende a garantizar una armoniosa resolución de las controversias y a reestablecer el equilibrio jurídico entre las partes; como quiera que el acuerdo alcanzado no es contrario a derecho, y se adapta a los criterios jurisprudenciales que han sido establecidos por la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, y no contienen renuncia alguna a ningún derecho irrenunciable derivado de una relación de trabajo; y, tomando en cuenta que el acuerdo de las partes ha sido la conclusión de un proceso de Conciliación, siguiendo el paradigma del proceso de mediación y conciliación llevado a cabo por la propia Sala de Casación Social del Tribunal Supremo, a fin de promover la Mediación y Conciliación como mecanismo adecuado y conveniente para la resolución de disputas, como postulado fundamental de la novísima Ley Orgánica Procesal del Trabajo”.


Ahora bien, es de observar por parte de éste juzgador que dicha homologación se consignó ante el Registrador Inmobiliario del Municipio Zamora del Estado Aragua; Abg Carlos Quilelli Nuñez (Registrador Inmobiliario con Funciones Notariales); quedando anotado bajo el N° 46; Tomo 70 de fecha 19-12-06 (Folio 13 al 21), y que dicha transacción, se refiere en su contenido en términos de oferente y oferido, es decir, de acuerdo a lo señalado en la Oferta Real; por lo que es de observar por parte de éste juzgador como el Juez a quo, procedió a pronunciarse al respecto:


“Vista la diligencia que antecede suscrita en fecha 19 de Julio 2007, por el Abogado JESUS LEOPOLDO, en su carácter de apoderado judicial de la parte oferente, mediante la cual consigna transacción celebrada entre las partes, este Juzgado en virtud de que estamos en presencia de una oferta real de pago, donde este Tribunal tiene una Jurisdicción Graciosa, se abstiene a impartir la Homologación, de conformidad con el Articulo 898 del Código de Procedimiento Civil; el cual establece: “…Las determinaciones del Juez en Material de Jurisdicción Voluntaria no causan Cosa Juzgada, pero establecen una presunción desvirtuable… ”, Por otra parte se insta a la parte oferente consigue la documentación correspondiente para que ejerza los fines legales pertinentes por ante la inspectoria del Trabajo, Así se establece”.



Dispone el artículo 3, Parágrafo Único de la Ley Orgánica del Trabajo, uno de los requisitos formales de la transacción laboral:


“Artículo 3 (…)
Parágrafo Único: La irrenunciabilidad no excluye la posibilidad de conciliación o transacción siempre que se haga por escrito y contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos. La transacción celebrada por ante el funcionario competente del trabajo tendrá efecto de cosa juzgada”.



Es de observar por parte de éste juzgador que uno de los principios fundamentales que establece la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es promover la utilización de medios alternos a la solución del conflicto tales como la mediación, y en consecuencia, el fin último para el Juez de Mediación es lograr una mediación positiva entre las partes que permita evitar eventuales litigios y así descargar parte del trabajo a los Tribunales Laborales, citando así, el Artículo 6 (...) A este efecto, será tenida en cuenta también, a lo largo del proceso, la posibilidad de promover la utilización de medios alternativos de solución de conflictos, tales como la conciliación, mediación y arbitraje (...)

En ese sentido, es de observar por parte de éste juzgador que los Jueces deben facilitar el acceso a la justicia y los medios alternativos de solución de conflicto, por lo que es deber del Juez a quo, proceder a pronunciarse sobre la Transacción presentada de acuerdo a lo señalado en el artículo 5 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual establece que:

“Artículo 5. Los jueces, en el desempeño de sus funciones, tendrán por norte de sus actos la verdad, están obligados a inquirirla por todos los medios a su alcance y a no perder de vista la irrenunciabilidad de derechos y beneficios acordados por las leyes sociales a favor de los trabajadores, así como el carácter tutelar de las mismas; y por tal causa, tienen que intervenir en forma activa en el proceso, dándole el impulso y la dirección adecuados, en conformidad con la naturaleza especial de los derechos protegidos”.

De conformidad con el artículo ut-supra trascrito, es menester señalar que el Juez debe velar, en todo momento de acuerdo al carácter tutelar de las normas laborales, por los derechos irrenunciables del trabajador y los derechos de éste consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Es menester resaltar el texto del artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece expresamente que: “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales” en concordancia con el artículo 258, parte in fine, de la Carta Magna, la cual establece que: “(...) La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos”.
En razón a ello, el Juez aquo antes de impartir la homologación correspondiente, deberá verificar que dicha Transacción sea conforme a la Ley y que no sea contraria al orden público, dándole oportunidad a la parte oferida en un lapso que el Juez considere prudente conforme a su razonable arbitrio para que el oferido tenga la oportunidad de manifestar cualquier objeción a dicha acto y, una vez concluido dicho lapso, debe proceder (si así lo considera el Juez a quo) a homologarla salvaguardando además los derechos que le asisten al trabajador por todo aquello que no haya sido objeto de la transacción. Así se decide.


CAPITULO V
DISPOSITIVO

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Tercero Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad de la Ley, Declara: Primero: CON LUGAR el Recurso de Apelación, interpuesto por la abogada JESÚS LEOPOLDO, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte oferente contra el auto de fecha 23 de julio de 2007 por el Juzgado Trigésimo Octavo de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, todo ello con motivo del juicio que por Oferta Real de Pago incoado por sociedad mercantil AGROPECUARIA C- 19 C. A. en contra DAVID LUGO; Segundo: Se revoca el auto de fecha 23 de julio de 2007 por el Juzgado Trigésimo Octavo de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, todo ello con motivo del juicio que por Oferta Real de Pago incoado por la sociedad mercantil AGROPECUARIA C- 19 C. A. en contra DAVID LUGO, y se ordena al Juzgado Trigésimo Octavo de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, en el procedimiento de Oferta Real de Pago incoado por la sociedad mercantil AGROPECUARIA C- 19 C. A. en contra DAVID LUGO, proceda a pronunciarse sobre la transacción presentada por la parte demandada oferente y que fuere celebrada por ante el Registrador Inmobiliario del Municipio Autónomo Zamora del Estado Aragua actuando en funciones notariales, en fecha 19 de diciembre de 2006, en cuanto a verificar los requisitos que debe reunir todo acto transaccional para recibir la homologación del Juez, y de ser procedente proceda a homologar la transacción presentada previo el otorgamiento al trabajador oferido de un lapso que el Juez aquo considere prudencial para que le permita manifestar cualquier objeción a la misma, y salvaguardando además los derechos que le asisten al trabajador por todo aquello que no haya sido objeto de la transacción. Tercero: No hay condena en costas del recurso de apelación a la parte oferente apelante.


REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, DEJESE COPIA Y REMITASE

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, dos (02) día del mes de noviembre del año Dos Mil Siete (2007). Años: 197° y 148°.



HERMANN VASQUEZ FLORES
JUEZ TITULAR
SECRETARIO

Nota: En la misma fecha y previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se dictó, publicó y diarizó la anterior decisión.
SECRETARIO
EXP Nº AP21-R-2007-001223.



“AÑO BICENTENARIO DEL JURAMENTO DEL GENERALÍSIMO FRANCISCO DE MIRANDA Y DE LA PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA Y DEL PODER POPULAR”