JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRANSITO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA.- El Vigía, doce de agosto de dos mil once.

201º y 152º

Vista la solicitud de medida de protección y sus recaudos anexos, formulada mediante escrito presentado en fecha 09 de agosto de 2011, por el ciudadano, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad No. V-12.045.832, domiciliado en Mérida, con el carácter de Contralor Interno de la Asociación Cooperativa MANANTIAL LOS ANDES, R.L, tal como consta en acta de asamblea de asociados de fecha 11 de febrero del 2010, registrado bajo el número 84, folio del 325 al 329, quedando inscrito bajo el 23 al 103 del Tomo I del Protocolo de trascripción del mismo año, asistido por el abogado ARQUIMIDES MONZÓN, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V-9.175.568, domiciliado en Mérida Estado Mérida, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 51.813, domiciliado en Mérida, el Tribunal para decidir observa: El peticionario, pretende que este Juzgado decrete medida autónoma a los bienes que sirven para llevar a cabo el envasado y comercialización y distribución del vital líquido para llevar la continuidad de las operaciones. SEGUNDO: Es criterio de este Tribunal que para que sea procedente decretar a tenor de los artículos 196 y 243 de la Reforma Parcial de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, cualquier providencia cautelar atípica, el peticionario debe acompañar un medio de prueba que constituya presunción del temor de que una de las partes pueda lesionar o crear lesiones de difícil reparación en los derechos de la otra. En tal sentido del análisis de la solicitud y de las actas que conforman la presente solicitud se observa que el solicitante presento las siguientes pruebas; acta de Asamblea de Asociados de la Cooperativa Manantial Los Andes R.L., de fecha 11 de febrero, donde se evidencia que el solicitante funge como Contralor Interno de dicha cooperativa, acta constitutiva de la Cooperativa Manantial Los Andes( MAN; autorización notariada por ante la Oficina Publica de El Vigía del Estado Mérida, donde se evidencia que la ciudadana María Ramona Contreras autoriza a la Cooperativa Manantial de Los Andes a realizar operaciones relacionadas con la recolección, procesamiento, comercialización y mercadeo de agua mineral y potable apta para el consumo humano, en su propiedad; carta agraria otorgada por el Ministerio de Agricultura y Tierra a favor de José Froilan Rondón Salas; autorización del ciudadano Froilan Rondón Salas a la Cooperativa Manantial Los Andes, donde el mencionado ciudadano autoriza a dicha cooperativa a realizar operaciones relacionadas con la recolección, procesamiento, comercialización y mercadeo de agua mineral y potable apta para el consumo humano, en su propiedad; autorización emanada del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente donde se evidencia el permiso otorgado a la Cooperativa Manantial Los Andes para realizar la ocupación del territorio, así como la afectación de los recursos suelos y vegetación por movimientos de tierra, a los fines de efectuar localización de planta de envasado de agua mineral; documentos tendientes a probar las diferentes gestiones financieras a los fines de obtener financiamiento y que según ellos han sido infructuosos; pruebas estas que fueron analizadas por esta juzgadora y que les da el valor contenido en el articulo 1.360 del Código Civil.- TERCERO: Examinadas detenidamente como han sido las actas procesales, observa la juzgadora que el solicitante alega que la actividad ha sido arbitraria y brutalmente, interrumpida mediante una actuación al margen del Ordenamiento Jurídico, por parte del Abogado Randy Sulbaran, quien en fecha sábado 6 de agosto de 2011, se aparece en la Planta en representación del ciudadano Erasmo Belandria, en compañía de Rosa Belandria y Vicente Romero, y que de manera altanera, grosera y amenazante manifestó que su representado “era dueño de las tierras y de la fuente de la mina de agua que aprovecha y usa la Planta y de igual manera dijo que reclamaba el 51% de la participación y acciones de la empresa y que mientras que esa decisión se tomaba se suspendería el suministro de agua de la fuente a la planta de envasado”, amenazando además “que si alguien intentaba restablecer el suministro se iba a ganar un disparo”, en franca amenaza de muerte, esto motivo que desde la fecha anteriormente indicada todas las operaciones referidas al envasado, venta y distribución han sido suspendidas, violentando lo establecido en el Art. 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Del análisis del material probatorio específicamente de la inspección judicial practicada por este Tribunal, en fecha 12 de agosto de 2011, que obra a los folios 60 al 63, el mismo dejó constancia con la ayuda del práctico de lo siguiente: se observa un manantial o naciente donde se observa un tanque construido de concreto con paredes de bloques de aproximadamente 2x4x60 de alto, observándose en el momento sin uso, con coordenadas UTM Dateur Revent (W6584) huso 19, E.254908 N. 990137 con una altura de 510 sobre el nivel del mar, siguiendo el recorrido que la manguera estaba desconectada del tanque con una distancia de 25 mts., con coordenadas E.254908 N. 990137 con una altura de 502 mts. donde la misma llega al tanque principal con capacidad de 27.000 lts. De la empresa Agua Mineral Manantial Los Andes. Con las siguientes coordenadas E.253836 N.990137 con altitud 419 mts. en total la manguera tiene una longitud de 600 mts. Dentro de la compañía Manantial Los Andes, en los actuales momentos se encuentra inoperativa, observándose envase de diferentes presentaciones vacías”. Por todo lo antes señalado, concluye la sentenciadora que se encuentran cubiertos los extremos de los artículos 152, 196 y 243 de la ley de Tierras y Desarrollo Agrario, para acordar la medida cautelar innominada de protección a la producción agropecuaria. La naturaleza jurídica de las medidas cautelares sin que existe un juicio establecido en el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario están dirigidas a salvaguardar los siguientes objetivos: a) Evitar la interrupción de producción agraria. B) Garantizar la conservación de los recursos naturales. Dichas medidas fueron constituidas por el legislador para tutelar el interés social y colectivo cuando estas se encuentren amenazadas de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción. El artículo 305 de nuestra carta magna garantiza la continuidad de la producción agroalimentaria, que tiene asidero en la nueva filosofía agraria del derecho agrario venezolano, que no es otra cosa que la agricultura sustentable, el desarrollo rural integral y la seguridad alimentaría, asignando la mayor cantidad de alimentos para la satisfacción alimenticia del país. la procedencia de la medida cautelar, se encuentra sujeta a la concurrencia de los siguientes requisitos: fumus boni iuris,periculum in mora y el periculum in damni. En consecuencia este Tribunal pasa a revisar los mismos para el caso que nos ocupa: El cuanto al fumus boni iuris, o presunción del buen derecho el cual requiere prueba del derecho que se reclama, esta juzgadora observa que el solicitante consigno autorizaciones de los propietarios para que la Cooperativa Manantial de Los Andes pueda procesar, comercializar, agua mineral y potable apta para el consumo humano en tal sentido considera esta juzgadora que dicho requisito se encuentra presente en la esta solicitud de medida cautelar. En cuanto al segundo elemento periculum in mora, basado en la frase cuando exista riesgo manifiesto de que ilusoria la ejecución del fallo y siempre que constituya medio de prueba que constituya la presunción grave de esta circunstancia, observa quien suscribe que el solicitante acompaño pruebas idóneas para corroborar su presunción en tal sentido este requisito se encuentra igualmente presente en esta causa. Finalmente en cuanto al tercer requisito, periculum in damni, se refiere a la presunción que puede hacer el juez respecto a que exista el temor fundado que una de las partes pueda cuasar lesiones graves a la otra parte, en la presente solicitud el tribunal observa que al ser cortado el suministro de agua de la fuente de agua que surte a la planta de envasado y tratamiento de agua mineral y potable para el consumo humano se pone en riesgo de la continuidad del suministro del vital liquido a la colectividad por parte de la cooperativa manantial los andes causándole un daño irreparable a dicha cooperativa por lo que este tercer y ultimo requisito también se encuentra presente en este procedimiento de medida cautelar autónoma. De lo anteriormente expuesto se deduce que se hace necesario decretar la MEDIDA CAUTELAR IMNOMINADA a favor del la cooperativa MANANTIAL DE LOS ANDES tal como se hará en la parte motiva de esta decisión. En mérito de los razonamientos precedentemente expuestos, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRANSITO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: Se decreta medida cautelar de protección, a favor del ciudadano HERMAN JESUS VILLARREAL UZCATEGUI, con el carácter de Contralor Interno de la Asociación Cooperativa MANANTIAL LOS ANDES, R.L, asistido por el abogado ARQUIMIDES MONZÓN, de conformidad con el artículo 304 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 196, 243 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, los artículos 67, 75, 76 y 77 de la Ley de aguas vigentes, para evitar la lesión, de la actividad de aprovechamiento de agua mineral y potable para consumo humano y en consecuencia ordena a cualquier autoridad se abstenga de practicar cualquier medida ejecutiva, ejecución de cualquier sentencia o cualquier acto judicial que conlleve a la desposesión o corte de suministro de agua potable proveniente de la naciente ubicada en el lote de terreno denominado la Trinidad del sector Mesa de Julia Río Bonito del Municipio Carracciolo Parra y Olmedo del Estado Mérida, a fin de que la mencionada cooperativa continúe su actividad de explotación de agua mineral y potable para el consumo humano. Por un lapso de dos meses a partir de la publicación del presente fallo. Así se decide. SEGUNDO: Como consecuencia del pronunciamiento anterior se ordena que la Cooperativa Manantial de Los Andes conecte las mangueras que surten de agua a dicha empresa. En consecuencia, se ordena oficiar al Comando Regional de la Guardia Nacional del Estado Mérida y al Instituto Nacional de Tierras (INTI), para que sean garantes del cumplimiento de dicha medida, todo en acatamiento del carácter vinculante a todas las autoridades públicas. TERCERO: Se insta a todas aquellas personas interesadas a los fines que formulen la respectiva oposición a la medida de protección a la producción agroalimentaria dictada en la presente decisión de conformidad con el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil. CUARTO: No hay condenatoria en costas debido a la naturaleza de lo aquí decidido. De conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, expídase por Secretaría, para su archivo, copia fotostática certificada de la presente decisión.

La Juez Temporal,

Dra. Agnedys Hernández
La Secretaria,

Abg. Ana Thais Núñez Contreras.

En la misma fecha se cumplió con lo ordenado en el auto que antecede, librándose oficios Nos. 388-2011, 389-2011 y 390-2011 al Comandante de la Guardia Nacional del Municipio Carracciolo Parra y Olmedo del Estado Mérida; al Director del Instituto Nacional de Tierras (INTI) y al Comandante de la Policía del Municipio Carracciolo Parra y Olmedo del Estado Mérida.

La Sria.,

Abg. Ana Thais Núñez Contreras

Sol. Nº 389.-
dhs.-