REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS
LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ESTADO MÉRIDA

200º y 151º

EXP. Nº 6.380

CAPÍTULO I
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS

Parte actora: Mireya del Carmen Rivas Quintero, venezolana, titular de la cédula de identidad Nº V-3.960.705, mayor de edad y jurídicamente hábil.
Apoderados Judiciales de la parte actora: Abgs. Jesús Ramón Pérez Wulff y Leix Teresa Lobo, venezolanos, titulares de las cédula de identidad Nºs. V-8.020.737 y V-3.297.575, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nºs. 32.369 y 10.882, respectivamente, mayores de edad y jurídicamente hábiles.
Domicilio procesal: Sector La Pedregosa, Conjunto Residencial “Los Angeles III”, sede de la Unidad Educativa Colegio Militarizado General Rafael Urdaneta, Mérida, Municipio Libertador del Estado Mérida.
Parte demandada: Douglas Enrique Pirela Olivares, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V-3.115.498, mayor de edad y jurídicamente hábil.
Apoderados Judiciales de la parte demandada: Abgs. Pablo Roberto Izarra González y María Auxiliadora Izarra Sánchez, venezolanos, titulares de las cédulas de identidad N°s. V-2.445.595 y V-8.022.597, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nºs. 5.299 y 31.900, respectivamente, mayores de edad y jurídicamente hábiles.
Domicilio procesal: Sector “Santa Bárbara”, Conjunto Residencial “Los Ángeles I”, adyacencias de la Avenida “Las Américas”,Municipio Libertador del Estado Mérida.
Motivo de la causa: Fraude Procesal.
CAPÍTULO II
BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS

Se inició el presente procedimiento mediante formal libelo de demanda incoada por la abogada en ejercicio Leix Teresa Lobo, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana Mireya del Carmen Rivas Quintero, contra el ciudadano Douglas Enrique Pirela Olivares, identificados en autos, por FRAUDE PROCESAL. Dicha demanda fue admitida en fecha 12 de junio de 2.009, emplazándose al demandado para que compareciera al vigésimo día de Despacho siguiente a aquél en constara en autos su citación, a dar contestación a la demanda. En cuanto a la Medida Cautelar solicitada, el tribunal acordó provenciarla por auto separado.
Cursa a los folios 49-50, escrito presentado por la parte actora, mediante la cual ratifica la solicitud de Medida Cautelar solicitada en el libelo de demanda.
Aparece al folio 53, Poder Apud-Acta, otorgado por la ciudadana Mireya del Carmen Rivas Quintero, a los abogados en ejercicio Jesús Ramón Pérez Wulff y Leix Teresa Lobo.
Riela al folio 54, diligencia estampada por el Alguacil Titular de este Juzgado, mediante la cual devuelve los recaudos de citación librados al ciudadano Douglas Enrique Pirela Olivares, alegando que le fue imposible localizarlo.
Riela al folio 67, diligencia estampada por la co-apoderada actora (Leix Teresa Lobo), mediante la cual solicitó la citación cartelaria del demandado, de conformidad con lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.
Figura al folio 68, auto del Tribunal mediante el cual ordena librar los carteles de citación de la parte demandada y se libran los mismos para que sean publicados por la prensa con el intérvalo de Ley.
Riela a los folios 72-73, Poder General otorgado por el ciudadano Douglas Enrique Pirela Olivares, a los abogados en ejercicio Pablo Roberto Izarra González y María Auxiliadora Izarra Sánchez; autenticado bajo el N° 21, Tomo 49, por ante la Notaría del Municipio Los Salias del Estado Miranda.
Cursa a los folios 75-78, escrito de contestación a la demanda, presentado por los abogados en ejercicio Pablo Izarra González y María Auxiliadora Izarra Sánchez, en su carácter de apoderados judiciales de la parte demandada.
Se desprende de los folios 80-81, escrito de pruebas presentado por los representantes judiciales de la parte actora.
Aparece en el folio 112, escrito de promoción de pruebas presentado por los abgs. Pablo Izarra Gonzalez y María Auxiliadora Izarra Sanchez, en representación del ciudadano Douglas Enrique Pirela Olivares.
En fecha 16 de noviembre de 2009 (f. 115), el abogado de la parte demandanda presento escrito de oposición de pruebas, contra las promovidas por la parte demandate.
En fecha 23 de noviembre de 2009 (f. 119), mediante diligencia presentada por los abogados Pablo Izarra y Leix Teresa Lobo, se acordo suspender la causa hasta el 04-12-2009.
Por auto de fecha 07 de diciembre de 2009 (f. 120), este Juzgado reanuda el presente juicio por vencimiento del plazo para que las partes llegaran a un convenimiento.
En auto de fecha 07-12-2009 (f. 121, 124, 125), este Juzgado anunció el acto de declaración de testigos, a las ciudadanos Emily Alvarez, Angela Avendaño, Milagros Lizaida Villegas de Barrios y Lorena Trejo, los cuales fueron declarados desiertos por la no comparecencia de las anteriores testigos.
En fecha 07 de diciembre de 2009 (f. 125), tuvo lugar el acto de declarción de testigo del ciudadano. Carlos Eduardo Yance Blequet.
Riela en folio 127, de fecha 07-01-2010, acto de declaración de testigo del ciudadano Francisco Antonio Perez Conde.
En auto de fecha 14-01-2010 (f.132), los abogados Leix Teresa Lobo y Jesús Ramón Pérez Wulff promovieron pruebas documentales.
En fecha 24 de marzo de 2010 (fs. 149 al 153), los abogados de la parte demandada presentaron escrito de informes.
Riela en los folios 154 al 158, escrito de presentación de informes de la parte actora.
Se desprende de los folios 159-162, escrito de observaciones sobre los informes de la parte demandada, presentado por el abogado Jesús Ramón Pérez Wulff.
Figura en los folios 163 al 165, de fecha 12-04-2010, escrito de observaciones al informe de la parte actora, presentado por los abogados Pablo Izarra Gonzales y María Auxiliadora Izarra Sanchez.
Riela al 167, diligencia presentada por los apoderados de la parte actora, a fin de oficiar a la Oficina del Poder Popular para la Educación, Zona Educativa de Mérida, Estado Mérida y al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), para que ambos institutos remitan a este Juzgado informes administrativos que hayan realizado en el Instituto Militarizado General Rafael Urdaneta.

CAPÍTULO III
TÉRMINOS DE LA CONTROVERSIA
PRIMERO

En el libelo de demanda, la parte actora expuso:
…omissis…
1
Soy arrendataria de un inmueble ubicado en el Conjunto Residencial "Los Ángeles III", sito en el sector La Pedregosa de esta ciudad de Mérida, en las adyacencias de la Avenida Los Proceres, desde el 11 de Febrero del año 2000, según se evidencia de las actuaciones que acompaño formando parte del legajo de copas certificadas que acompaño marcado "A" y que se corresponden al expediente No. 5.959 que cursa por ante el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de esta Circunscripción Judicial. Dicha relación arrendaticia fue renovada por última vez el 18 de Agosto de 2004, como consta de la copia del contrato que también forma parte de las copias anexadas. Era entonces propietario del bien el ciudadano DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 3.115.498, con domicilio hoy en esta ciudad de Mérida, hábil; y fungía como su apoderada y con ella suscribí el contrato, la ciudadana NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 3,031.597, domiciliada en esta ciudad de Mérida, hábil, apoderamiento contenido en documento inscrito por ante el hoy Registro Inmobiliario de este Municipio Libertador en fecha 30 de Junio de 2005, bajo el No, 13, Protocolo 3°, Tomo 4°. En dicho inmueble, desde que se inició la relación arrendaticia, funciona un instituto de educación básica y diversificada denominado "Unidad Educativa Colegio Militarizado General Rafael Urdaneta", autorizado en el contrato.
Mi arrendadora NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ, ya identificada, y quien -repito- fungió en el contrato como Apoderada del propietario DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, diciéndose apoderada del presunto propietario del inmueble arrendado, intentó demanda en mí contra por ante el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de esta misma Circunscripción Judicial, contenida en Expediente No. 5.959, para que conviniese o a ello me condenara el Tribunal, en la resolución del contrato de arrendamiento y en cancelar una diferencia de cánones arrendaticios producto de un aumento anual del trece por ciento (13%) pactado en el contrato de arrendamiento. El día 6 de Abril de 2006 y por ante el mismo Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de esta Circunscripción Judicial, celebré una transacción con el apoderado judicial constituido en el juicio por la arrendadora NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ, quien otorgó dicho mandato en nombre y representación de su representado DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, transacción en la que se acordó, entre otras cosas, el pago de un nuevo canon de arrendamiento por la cantidad de Bs. 5.087.000,00 hasta el 1° de Agosto de 2007 y una prórroga legal hasta el 30 de Junio de 2008, sin que tal lapso equivaliese a una nueva relación arrendaticia, conviniéndose en un ajuste del canon de arrendamiento por convenio entre las partes, transacción que consta en las copias certificadas que se anexaron marcadas con la letra "A".
Es el caso que para la fecha en que NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ intentó la demanda en mi contra (16 de Marzo de 2006), y en la que celebramos la transacción (6 de Abril de 2006), el poderdante de la arrendadora-demandante, ciudadano DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, ya había vendido a través de su apoderada el inmueble arrendado a la ciudadana THAIS MARGARITA LEDEZMA DÍAZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 2.769.288, de este domicilio, hábil, enajenación que consta del documento de compraventa inscrito por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Libertador del Estado Mérida, en fecha 21 de Diciembre de 2005, bajo el No. 18, Protocolo 1°, Tomo Quincuagésimo, que en copia forma parte del legajo anexado a este escrito, por lo que la apoderada NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ no tenía va cualidad e interés para intentar la acción inquilinaria en mí contra y menos aún, suscribir la referida transacción en nombre de quien va no era propietario del inmueble.
La enajenación del inmueble jamás me fue notificada a pesar de asistirme el derecho de preferencia para adquirir el inmueble. Desconociendo la existencia de un nuevo propietario, continué cancelando los cánones de arrendamiento a la apoderada NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ, o a quien ella autorizara. Es decir, la aludida representante de quien fuera mi arrendador, continuó ante mí como si fuese la mandante del verdadero propietario, como si la enajenación nunca se hubiere dado. Es decir, después de la venta del inmueble arrendado, continuó actuando como si DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES fuese el propietario y prueba de ello, no sólo es la demanda y sus posteriores actuaciones, sino el poder que en nombre de su mandante otorgó a los abogados MIGUEL ANTONIO CÁRDENAS y GABRIEL ALBERTO OVIEDO en fecha 6 de Marzo de 2006, para que accionasen en mi contra, y la notificación que a través de la Notaría Pública me hiciera recordándome el vencimiento de la relación arrendaticia, lo que será materia de prueba. Es decir, si bien podía la señora NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ continuar representando a su poderdante, no así podía abrogarse la representación de la nueva propietaria sin la debida autorización, por lo que no estaba facultada legalmente para constituir apoderados para accionar el desalojo deí bien arrendado, ni para introducir la demanda y suscribir el convenio por ante el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina en el expediente No. 5.959. Tampoco tenía cualidad para notificarme a través de una Notaría la fecha de entrega del inmueble según lo convenido en el referido expediente No. 5.959, lo que indica que en estricto derecho la notificación no existe.
El artículo 1.604 del Código Civil establece que aún cuando se enajene el bien, subsiste el arrendamiento por el tempo fijado en el contrato; y el artículo 1.605 prevé que si el comprador quiere despedir al arrendatario a la expiración del término del contrato, debe hacerle oportuna participación. Es decir, quien debió notificarme de la no renovación del contrato, fue la compradora; no la arrendadora, porque ya había perdido la cualidad para hacerlo. Menos aún tenía cualidad para ejercer acciones en mi contra en nombre de quien había perdido la titularidad del bien.
El artículo 20 del Decreto Ley sobre Arrendamientos Inmobiliarios consagra igualmente la obligación del nuevo propietario de respetar la relación arrendaticia, y que las acciones relativas a su terminación, sólo podrán tramitarse conforme a las disposiciones de dicha ley.
Para concluir este Capítulo, fui demandada y convine un término del contrato con quien no tenía capacidad para comprometer a la nueva propietaria y quien deliberadamente omitió ante el Tribunal la enajenación del inmueble, lo que constituye además de un fraude procesal, el delito de falsa atestación ante funcionario público. En otras palabras, suscribí un convenio con una impostora, convenio que a la luz del derecho no tiene validez alguna.
El artículo 140 del Código de Procedimiento Civil establece que nadie puede hacer valer enjuicio un derecho ajeno; y el artículo 16 del mismo Código exige que para proponer la acción, el actor debe tener interés jurídico actual.
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Al percatarme de la existencia de la compraventa y estando en curso el término concedido por la presunta apoderada del propietario en la transacción celebrada en el Expediente No. 5.959 ya aludido en este escrito, denuncié en el mismo la existencia de un fraude procesal, pues quien me había demandado y transigido conmigo en el juicio, no tenía cualidad e interés para hacerlo, por lo que todo lo actuado por la sedicente apoderada del propietario estaba afectado de nulidad absoluta, y por consecuencia, la sentencia producto de la homologación de la transacción era inejecutable. El Tribunal procedió a abrir la incidencia prevista en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, tramitada la cual profirió sentencia en fecha 25 de Mayo del corriente año, en la que estableció que acogiéndose a la Doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el fraude procesal, por su complejidad, debía ser ventilado en juicio ordinario, por lo que estoy acudiendo a esta competente instancia para ventilar la acción por los trámites del juicio ordinario.
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FUNDAMENTO LEGAL DE LA ACCIÓN
Aparte de las disposiciones legales ya citadas, invoco el contenido de las siguientes normas legales, transgredidas por la demandante en el juicio citado en este escrito: Artículos 2, 3, 19, 21 Numeral 2, 49 Numerales 3, 4 y 8, 115 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ley de Arrendamientos Inmobiliarios: 1 y 7.
Código Civil: Artículos ó, 7, 8, 10, 1.138, 1.140, 1.141, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151, 1.154, 1.157, 1.159,1.160,1.169 y 1.185.
La acción de fraude procesal la fundamento especialmente en el contenido de las disposiciones del Código de Procedimiento Civil sobre la materia, concretamente en los artículos 136, 140, 150, 165 Ordinales 3° y 4° y 170. En su orden las normas citadas establecen que: son capaces para obrar enjuicio las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos, pero en el caso del juicio ventilado en el expediente No. 5.959 tantas veces aludido, la demandante no ejercía la representación de la nueva propietaria, por lo que no podía ejercer los derechos de ésta sin su autorización, como lo prevé los artículos 140 y 150.
El artículo 170 en comento prevé que las partes, sus apoderados y abogados asistentes deben actuar en el proceso con lealtad y probidad, debiendo expresar los hechos de acuerdo a la verdad. El Parágrafo Único del artículo consagra la responsabilidad de quien actúe con temeridad o mala fe, entendiéndose por ellas, deducir en el proceso pretensiones o defensas principales o incidentales manifiestamente infundadas; y, omitir maliciosamente hechos esenciales en la causa.
Tales reprobables conductas son tangibles en el proceso contenido en el expediente No. 5.959. Así: 1) La venta hecha por NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ a THAIS MARGARITA LEDEZMA DÍAZ, en nombre y representación del antiguo propietario DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, protocolizada en fecha 21 de Diciembre de 2005. está contenida en documento redactado y visado por el abogado MIGUEL ANTONIO CÁRDENAS; 2) El poder otorgado a éste y al abogado GABRIEL ALBERTO OVIEDO, autenticado en fecha 6 de Marzo de 2006. visado también por MIGUEL ANTONO CÁRDENAS, contiene un mandato especial relacionado con la "defensa de los derechos que posee sobre Un (1) Inmueble (...) que lo posee en calidad de arrendataria la ciudadana: MIREYA DEL CARMEN RIVAS QUINTERO..."; 3) Para el otorgamiento del poder, NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ acreditó su cualidad con el poder que a ella había conferido DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, pero a sabiendas que éste no ejercía la titularidad del bien en razón de la venta; 4) La demanda de resolución de contrato, introducida en el mes de Marzo de 2006 (admitida el 16 del mismo mes), dice en su CAPÍTULO I: "...mi representado (Douglas Enrique Pirela Olivares) es legítimo propietario de Un (1) Bien Inmueble...", ocultando al Tribunal que ya su poderdante se había desprendido de la propiedad del bien; 5) La transacción celebrada el 6 de Abril de 2006, la suscribe en nombre del accionante, el abogado MIGUEL ANTONIO CÁRDENAS, quien redactó y visó el documento de compraventa, por lo que se infiere que conocía el acto de enajenación y por consecuencia, que DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES no tenía cualidad jurídica para accionar en mi contra la terminación de la relación arrendaticia; 6) Las actuaciones posteriores a la transacción por la señora NEDDA LEDEZMA, especialmente las relativas a la ejecución de la transacción, no obstante haberse denunciado ya el fraude en el expediente.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia ha definido el fraude procesal como:
"...las maquinaciones y artificios realizados en e! curso del proceso, o por medio de éste, destinados, mediante el engaño o la sorpresa en la buena fe de uno de los sujetos procesales, e impedir la eficaz administración de justicia, en beneficio propio o de un tercero y en perjuicio de parte o de un tercero. Estas maquinaciones y artificios pueden ser realizados unilateralmente por un litigante, lo que constituye el dolo procesal stricto sensu, o por el concierto de dos o más sujetos procesales, caso en que surge la colusión; y pueden perseguir la utilización del proceso como instrumento ajeno a sus fines de dirimir controversias o de crear determinadas situaciones jurídicas (...) y mediante la apariencia procesal lograr un efecto determinada; o perjudicar concretamente a una de las partes dentro del proceso, impidiendo se administre justicia correctamente "
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LA ACCIÓN
Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, en nombre propio y en mi precitado carácter de arrendataria del inmueble ya identificado, vengo a su competente oficio para demandar, como en efecto formalmente lo hago, por vía civil y los trámites del juicio ordinario, al ciudadano DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, suficientemente identificado en el presente escrito, en su condición de demandante en el juicio de Resolución de Contrato que cursa por ante el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de esta Circunscripción Judicial, contenido en el Expediente No. 5.959, para que convenga o a ello lo condene el Tribunal, en:
PRIMERO: Que la demanda antes aludida fue intentada en fraude a la ley en razón de no tener el carácter de propietario del bien arrendado con que actuó en dicho juicio, por haberlo enajenado a la ciudadana THAIS MARGARITA LEDEZMA DÍAZ, en fecha 21 de Diciembre de 2005, mediante documento inscrito en la Oficina Subalterna de Registro Público bajo en No. 18, Protocolo Primero, Tomo Quincuagésimo del Cuarto Trimestre.
SEGUNDO: Que en razón del fraude procesal que impidió la correcta administración de justicia, sin nulos de toda nulidad los actos procesales contenidos en el expediente, especialmente la transacción celebrada el día 6 de Abril de 2006 en el expediente No. 5.959 que cursa por ante el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de esta Circunscripción Judicial, e inejecutable la sentencia que homologó la transacción, proferida por el mencionado Tribunal en fecha 7 de Abril de 2006.
TERCERO: Que no tiene cualidad e interés para continuar actuando en el expediente No. 5.959 mencionado, por no ser propietario del bien arrendado.
CUARTO: En cancelar las costas del proceso.
Estimo la presente acción en la cantidad de CIENTO SESENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 160.000,00) o 2.909,09 UNIDADES TRIBUTARIAS, reservándome el ejercicio de las acciones de daños y perjuicios que puedan corresponderme.
Indico como dirección procesal, la del inmueble arrendado: Sector La Pedregosa, Conjunto Residencial "Los Ángeles III", sede de la Unidad Educativa "Colegio Militarizado General Rafael Urdaneta", Mérida Estado Mérida.
Indico como dirección procesal del demandado: Sector Santa Bárbara, Conjunto Residencial "Los Ángeles I", adyacencias de la Avenida Las Américas de esta ciudad.
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SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR
Como quedó expresado, la acción de resolución de contrato fue intentada por quien no tenía cualidad e interés jurídico para hacerlo, pero al ocultar al Tribunal la enajenación del bien arrendado, aparentó ser el titular de la acción, con lo que, además, menoscabó mi derecho de defensa consagrado en el artículo 49 Constitucional, obteniendo el demandante un provecho injusto en mi perjuicio al imponerme una obligación de entrega del inmueble, el cual -como reza el contrato de arrendamiento-, está destinado al funcionamiento de un instituto privado de educación básica y diversificada, a quien no tiene ningún derecho sobre él. El proceso inquilinario en que se ejecutó el fraude está en fase de ejecución, pues al decidir la Juez que el fraude no puede ser ventilado incidentalmente por su complejidad y al haber declarado la nulidad del auto que abrió la correspondiente incidencia, continua la fase de ejecución que no es otra que la entrega del inmueble, pues en la transacción se acordó la entrega del mismo para el mes de Junio del pasado año, pero como he reiterado^ el convenio judicial se hizo con quien no tenía derecho a disponer del derecho ajeno y la propietaria del bien jamás me ha solicitado la entrega del mismo. En estricto derecho la sentencia es inejecutable porque es producto de una maniobra de la parte demandante, e implicaría hacerle entrega del inmueble a quien no tiene ningún derecho sobre él, con la agravante de haberse obtenido el fallo mediante una argucia que sorprendió en la buena fe tanto al órgano jurisdiccional, como a quien suscribe.
Por tal razón, formalmente solicito de conformidad con lo previsto en el Parágrafo Primero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, se decrete medida innominada que ordene la suspensión de la ejecución del fallo proferido por el tantas veces nombrado Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de esta Circunscripción Judicial, mediante el cual homologó la transacción realizada en el expediente No. 5.959, ejecución que consistiría en la entrega del bien arrendado, la que de llevarse a efecto creará consecuencias irreparables y podrá hacer nugatorios los efectos del fallo que haya de dictarse en este juicio, pues perteneciendo el bien a un tercero ajeno a la litis, no es de extrañar que ejerza actos de disposición que hagan imposible reparar la situación jurídica. En el legajo de copias certificadas acompañadas, constan los siguientes documentos: 1) Libelo de demanda; 2) Poder otorgado por NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ, en nombre de DOUGLAS ENRIQUE PRELA OLIVARES, al abogado que intentó la demanda; 3) Contrato de arrendamiento; 4) Notificación que me hiciera la arrendadora participándome la no renovación del contrato; 5) Auto de admisión de la demanda; 6) La transacción; 7) Copia de los cheques entregados al abogado del demandante con motivo de la transacción; 8) Auto de homologación de la transacción; 9) Revocatoria del Poder otorgado a los abogados por la apoderada del demandante; 10) Diligencia suscrita por mi apoderado denunciando el fraude procesal; 11) Documento de la venta del inmueble; 12) Decisión mediante la cual el Tribunal de la Causa ordenó abrir la incidencia sobre el fraude procesal; 13) Diligencia de fecha 15 de Julio de 2008, mediante la cual NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ, actuando como apoderada de DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, solicita se libre Mandamiento de Ejecución no obstante haberse denunciado ya el fraude; 14) Diligencia de mi apoderado solicitando del Tribunal abstenerse de librar el mandamiento hasta tanto no se resuelva la incidencia del fraude; 15) Diligencia de mi apoderado promoviendo pruebas en la incidencia; 16) Auto de admisión de las pruebas; 17) ) Diligencia de mi apoderado promoviendo la confesión ficta del demandante en la incidencia; 18) Auto de admisión de la prueba; 19) Decisión del Tribunal de la Causa sobre la improcedencia de ventilar el fraude procesal incidentalmente. Pido la admisión de la presente demanda, que en la definitiva se declare con lugar y se condene en costas a la demandada. Así misino que se providencie sobre la medida cautelar solicitada, oficiándose al Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de esta Circunscripción Judicial lo pertinente.
CAPÍTULO IV
SEGUNDO

En la oportunidad de dar contestación al fondo de la demanda, la parte demandada expuso:

PRIMERO: Para que sea resuelto como punto previo en la sentencia de fondo que ha de dictarse en esta causa, RECHAZAMOS EXPRESAMENTE, LA ESTIMACIÓN DE LA ACCIÓN (sic) que en la cantidad de CIENTO SESENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 160.000,oo) o 2.909.09, UNIDADES TRIBUTARIAS, fue estimada por la Parte Actora; dicho RECHAZO, lo hacernos en virtud de que la referida estimación de la Acción (sic) es extremada y evidentemente EXAGERADA.
El RECHAZO al que nos hemos referido, lo fundamentamos en: A) De los anexos acompañados por la parte actora, específicamente del Libelo de Demanda contenido en el EXPEDIENTE No. 5.959, se evidencia que la Acción propuesta en esa causa, fue estimada en la cantidad de CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 5.000.000,oo), a la fecha CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,oo), esa estimación, no fue rechazada por la parte demandada (actora en este proceso de Fraude Procesal), por lo cual dicha estimación, quedó definitivamente firme y en ese proceso, (a decir de la parte actora en esta causa) fue donde se cometió el Fraude Procesal que motiva este Proceso; B) En el Acta de "convenimiento" celebrado en el referido Juicio, en fecha 06 de abril de 2.006, en el cual presuntamente, se cometió el Fraude Procesal, denunciado o demandado en este proceso, consta que la demandada MIREYA DEL CARMEN RIVAS QUINTERO, en el proceso o juicio contenido en el referido EXPEDIENTE No. 5.995, llevado entonces por ante el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de esta misma Circunscripción Judicial, se obligó a pagar a la parte actora, la cantidad de QUINCE MILLONES CIENTO SESENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 15.160.000,oo), a la fecha QUINCE MIL CIENTO SESENTA BOLÍVARES (Bs. 15.160,oo), equivalente a 275.64 Unidades Tributarias.
Como puede observar, Ciudadana Juez, tatito en la causa, contenida en el EXPEDIENTE No. 5.959, en el libelo de demanda, como en el acta de “convenimiento” las cantidades allí señaladas, son INFINITAMENTE MAS BAJAS O MENORES que el monto estimado por la parte actora en la demanda del presunto Fraude Procesal. En atención a lo aquí señalado, solicitamos a la Ciudadana Juez de esta Instancia que como punto previo en la Sentencia Definitiva que ha de dictarse, se fije o decida que la estimación de-la Demanda, cabeza de Autos, es la cantidad de QUINCE MIL CIENTO SESENTA BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 15.160,oo), que es igual al monto que convino en pagar la aquí demandante, como consta en la diligencia de fecha 06 de abril de 2.006, la cual fue acompañada por la parte actora, al libelo de demanda en el legajo de copias certificadas que acompaño marcado "A" esta última suma equivalente a 275.64 Unidades Tributarias.
SEGUNDO: Es cierto, como lo expresa la aquí demandante MIREYA DEL CARMEN RIVAS QUINTERO, que la ciudadana NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ, en su condición de APODERADA JUDICIAL del ciudadano DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, la demandó, por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, cuya demanda, cursó por ante el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de esta misma Circunscripción Judicial, contenida en el EXPEDIENTE No. 5.959; expediente éste que fue acompañado por la parte actora en el legajo marcado "A". Es igualmente cierto, que en fecha 6 de abril de 2.006, por ante el mismo Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina, celebró, una "transacción" con el APODERADO JUDICIAL constituido en el juicio por la arrendadora NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ, quien otorgó dicho mandato en nombre y representación de su representado DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES.
En la diligencia de esa fecha 06 de abril de 2.006, constan las condiciones que fueron acordadas por las partes, acuerdo que fue celebrado, sin apremio ni coacción, en forma voluntaria y precisa, con el carácter y condición acreditado por las partes celebrantes y acordantes de tal “transacción”.
TERCERO: Omite, maliciosamente, indicar, en el Libelo de Demanda, cabeza de autos, (la parte actora) que la referida transacción, fue debidamente HOMOLOGADA, por el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina, mediante auto de fecha SIETE DE ABRIL DEL DOS MIL SEIS (07-04-06) por cuanto consideró (lo cual es realmente cierto) que la transacción,... "no vulnera el orden público, ni transgrede ninguna disposición legal, y no viola el derecho a la defensa e igualdad de las partes en el debido proceso"... Este auto HOMOLOGATORIO, consta en el anexo acompañado por la parte actora, marcado “A”.
CUARTO: Dice la parte actora, que... “para la fecha en que NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ, intentó la demanda en mi contra (16 de marzo de 2.006) en que celebramos la transacción (6 de abril de 2.006) el poderdante de la arrendadora - demandante, ciudadano DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, ya había vendido a través de su apoderada, el inmueble arrendado la ciudadana THAIS MARGARITA LEDEZMA DÍAZ"...... “por lo que la apoderada NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ, no tenia ya cualidad e interés para intentar la acción inquilinaria en mi contra y menos aun, suscribir la referida transacción en nombre de quien ya no era propietario del inmueble.
A la afirmación referida, hecha por la parte actora, destacamos y hacemos valer, que LA APODERADA NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ, sí tenía cualidad B: interés para intentar la acción inquilinaria, por cuanto la “acción inquilinaria” la intentó, el APODERADO JUDICIAL del ARRENDADOR, ciudadano DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, cualidad ésta que le fue reconocida por la aquí demandante, tanto en forma expresa, como consta en el escrito de CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, contenida en el EXPEDIENTE No. 5.959 y en forma tácita, al no haber ella opuesto en el acto de contestación a la demanda, la correspondiente Cuestión Previa, conforme lo indica expresamente el artículo 35 de la ley de Arrendamientos inmobiliarios.
QUINTO: En el numeral DOS (2) del Libelo cabeza de Autos, la parte actora, dice... “Es decir, si bien podía la señora NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ, continuar representando a su poderdante, no así podía abrogarse la representación de la nueva propietaria, sin la debida autorización”... a esta afirmación destacamos y hacemos valer, que en el juicio o proceso, contenido en el EXPEDIENTE No. 5.959, referido por la parte actora, en ningún caso o acto procesal, la ciudadana NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ, se abrogó, la representación de la "nueva propietaria" (presuntamente se refiere a THAIS MARGARITA LEDEZMA DÍAZ)
En el mismo numeral (2) la parte actora, dice... “fui demandada y convine en un término del contrato con quien no tenía capacidad para comprometer a la nueva propietaria”… Expresamente la demandante MIRE YA DEL CARMEN RIVAS QUINTERO, reconoce haber realizado un “convenimiento” en la causa o proceso, contenido en el EXPEDIENTE No. 5.959; por lo que el presunto FRAUDE PROCESAL, aquí demandando, no ocurrió, por lo tanto la acción aquí demandada es improcedente y así debe ser decidido en Sentencia Definitiva. Igualmente dice, citando el articulo 140 del Código de Procedimiento Civil, que nadie puede hacer valer en juicio un derecho ajeno, lo cual es realmente cierto, pero es el caso, que NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ, en la causa contenida en el citado EXPEDIENTE No. 5.959, NO HIZO VALER un derecho ajeno; ella hizo valer el derecho que le correspondía a su poderdante DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, como ARRENDADOR, contra LA ARRENDATARIA MIREYA DEL CARMEN RIVAS QUINTERO.
SEXTO: En el numeral TRES (3) del libelo de Demanda cabeza de autos, la demandante manifiesta... "en la transacción celebrada en el Expediente No. 5.959 ya aludido en este escrito, denuncié en el mismo la existencia de un fraude procesal, pues quien me había demandado y transigido conmigo en el juicio, no tenia cualidad e interés para hacerlo"... ante esta afirmación, manifestamos, que la persona que la demandó y transigió, actuó como apoderada del ARRENDADOR, DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, por lo cual ella (NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ), si tenía y tuvo cualidad para demandarla por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO y por lo tanto con facultad expresa para celebrar la referida transacción, facultad ésta que le confirió al apoderado judicial, que en nombre de DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES le otorgó al abogado que celebró en su nombre, la transacción en fecha 06 de abril de 2.006, en el EXPEDIENTE No. 5.959.
En el mismo numeral (3) la parte actora, dice..." por lo que todo lo actuado por la sedicente apoderada del propietario estaba afectado de "nulidad absoluta" y por consecuencia, la sentencia producto de la homologación de la transacción era inejecutable"...
A este respecto, argumentamos, que si la sentencia producto de la homologación, estaba afectada de "nulidad absoluta" y por ser una Sentencia Definitivamente Firme y con carácter de cosa juzgada, por presentar o incurrir presuntamente en alguno de los supuestos señalados en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, debió haber intentado Acción de nulidad de Sentencia y no la Acción por un "Presunto Fraude Procesal" y así debe ser decidido en Sentencia que ha de ser dictada en este juicio. La Sentencia producto de la HOMOLOGACIÓN DE LA TRANSACCIÓN NO ES INEJECUTABLE, como lo señala la parte actora, SI ES EJECUTABLE, por cuanto la misma NO ES CONTRADICTORIA, ESTA CLARAMENTE ESTABLECIDO LO DECIDIDO Y NO ES CONDICIONAL, lo cual igualmente debe ser decido en Sentencia Definitiva.
SÉPTIMO: La parte actora, ciudadana MIREYA DEL CARMEN RIVAS QUINTERO, demanda a nuestro poderdante, DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, por cuanto éste, presuntamente incurrió en FRAUDE PROCESAL, en la demanda que él intentó, contra la referida ciudadana, en el Juicio contenido en el EXPEDIENTE No. 5.959, que fue llevado por ante el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de esta misma Circunscripción Judicial y al que ella se refiere en el Libelo de Demanda, cabeza de autos, FRAUDE, que según ella, se consumó al celebrar y suscribir la "transacción" por ante el referido Tribunal, en fecha 06 de Abril de 2.006. RECHAZAMOS Y NEGAMOS EXPRESAMENTE, que nuestro poderdante DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, haya incurrido o cometido FRAUDE PROCESAL, en contra de la demandante MIREYA DEL CARMEN RIVAS QUINTERO, en la causa contenida en el EXPEDIENTE No. 5,959, al que ella se refirió, en el Libelo de Demanda cabeza de Autos, y menos en la TRANSACCIÓN celebrada en el citado expediente, pues la misma se celebró sin apremio, coacción, ni engaño.
Fundamentamos este RECHAZO, en los siguientes razonamientos:
A) EL FRAUDE PROCESAL, puede ser definido, como las maquinaciones y artificios realizados en el curso del proceso o por medio de éste, destinados mediante el engaño o la sorpresa, para impedir la eficaz administración de justicia. Ciudadana, juez en el juicio al que se refiere la parte demandante en este proceso, nuestro poderdante, NO COMETIÓ NI PUDO HABER COMETIDO FRAUDE PROCESAL, por cuanto la causa referida, se dio por terminada, en virtud de una Auto Composición Procesal, es decir mediante una "transacción" que fue debidamente HOMOLOGADA, por la ciudadana Juez donde se celebró, lo cual ocurrió, repetimos, por auto de fecha 07 de Abril de 2.006, lo que consta en los recaudos acompañados por la parte actora, marcados "A" por lo que nuestro poderdante NO SE VALIÓ DE MAQUINACIONES Y ARTIFICIOS, para la celebración del Auto Composición Procesal y habiendo sido así, el Juez de la causa, no fue engañado, no intervino ni fijó las condiciones que regularon la referida "transacción", privó solo la voluntad de las partes, sin apremio, coacción ni engaño
B) EL FRAUDE PROCESAL, implica el hecho de una conducta ilícita que tiende a producir un determinado efecto procesal, que se traduce en consecuencias sustanciales reñidas con el derecho, la moral o la ley.
En el expediente No. 5.959, referido por la parte actora, nuestro poderdante ni sus apoderados judiciales, actuaron mediante una "conducta ilícita" contraria a la ley o la moral, pues la Acción propuesta en el referido expediente, fue una Acción legal y legítima, en ningún caso ilícita, pues como consta en el Libelo de Demanda, que acompañó la parte actora en los recaudos marcados "A" la Acción intentada contra la ciudadana MIREYA DEL CARMEN RIVAS QUINTERO, fue fundamentada en los artículos 1 y 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios; en los artículos 1.159, 1.160, 1,167 y 1.586 del Código Civil y en los artículos 1, 3, 11, 14, 42, 174, 340, 343, 599, 881 al 894 del Código de Procedimientos Civil, y fue ésta la razón de la Juez de la Causa, que conoció del referido expediente No. 5.959, que admitió la demanda, "cuanto ha lugar en derecho" y esto igualmente consta en el auto de Admisión de fecha 16 de Marzo de 2.006, que obra en los referidos recaudos.
E) Con el FRAUDE PROCESAL, se persigue un fin ilícito, que puede consistir en el engaño al juez o a una de las partes, para obtener una sentencia favorable, contraria a derecho. En la Acción propuesta en el expediente No. 5.959, no se persiguió un fin ilícito, se persiguió un fin lícito, que lo fue la RESOLUCIÓN DE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, por el incumplimiento de la ciudadana: MIREYA DEL CARMEN RIVAS QUINTERO, de las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento señalado en el escrito libelar a que se refiere el citado expediente No. 5.959, lo cual ella reconoció y fue lo que motivo la "transacción" a la que nos hemos referido.
F) EL FRAUDE PROCESAL, debe basarse siempre en situaciones o hechos que puedan influir en la decisión (sentencia) del Juez. En la "transacción" en la cual presuntamente se incurrió en FRAUDE PROCESAL, el Juez de la Causa, no dictó sentencia, solo HOMOLOGO, la "transacción" a la que convinieron las partes y el auto de HOMOLOGACIÓN, fue la que declaró definitivamente firme la "transacción" que para las partes sí es una verdadera sentencia.
G) En la "transacción" en la cual presuntamente se incurrió en FRAUDE PROCESAL, NO SE LE CAUSO PERJUICIO ALGUNO, a la ciudadana MIREYA DEL CARMEN RIVAS QUINTERO, al contrario, ella salió favorecida, por cuanto no se acordó o decreto MEDIDA DE SECUESTRO, a pesar de ser la misma procedente, como lo dejó establecido la Juez de la Causa, en el auto de admisión de la demanda de fecha 16 de Marzo de 2.006 donde señaló: "En cuanto a la medida de resolverá lo conducente"
OCTAVO: Por las consideraciones de hecho y de derecho, expuestas y por
estar plenamente ajustadas a derecho, expresamente manifestamos:
A) Rechazamos, que nuestro poderdante DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, haya intentado demanda "EN FRAUDE A LA LEY", contra la aquí demandante MIREYA DEL CARMEN RIVAS QUINTERO, en la demanda contenida en el expediente No. 5.959, que fue llevado ante el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina Circunscripción Judicial del lisiado Mérida.
B) Rechazamos, que en el Juicio contenido en el expediente No. 5.959, tantas veces referido, se haya incurrido en FRAUDE PROCESAL, que haya impedido una "Correcta Administración de Justicia" especialmente " en la transacción" celebrada el día 6 de Abril de 2.006, por ante el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Marida.
C) Rechazamos, que nuestro Poderdante no tenga cualidad e interés, para continuar actuando en el expediente No. 5.959, por cuanto de ser así debió, en su oportunidad legal haber opuesto, la parte demandada la correspondiente Cuestión Previa, en la oportunidad de haber dado contestación a la demanda, como lo indica el Articulo 35; de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
D) Rechazamos, la estimación de la demanda, con base a los argumentos expuestos en el numeral PRIMERO de este ESCRITO BE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.
Por las consideraciones hechas, solicitamos, que la demanda cabeza de autos, intentada por un presunto FRAUDE PROCESAL contra nuestro Poderdante DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, sea declarada sin lugar, con la correspondiente Condenatoria en Costas.

CAPÍTULO V
RAZONES DE HECHO Y DERECHO


De lo expuesto por las partes tanto en el libelo de la demanda como en su contestación, se desprende que las razones de hecho y de derecho a la cual queda circunscrita la presente acción son:

Para la parte actora, el hecho que:

Es arrendataria de un inmueble ubicado en el Conjunto Residencial "Los Ángeles III", sitio en el Sector “La Pedregosa”, de esta ciudad de Mérida, en las adyacencias de la Avenida Los Próceres, desde el 11 de Febrero del año 2000, según se evidencia de las actuaciones que acompañó formando parte del legajo de copas certificadas que acompaño marcado "A" y que se corresponden al expediente No. 5.959 que cursa por ante el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de esta Circunscripción Judicial.
Que dicha relación arrendaticia fue renovada por última vez el 18 de agosto de 2004, como consta de la copia del contrato que también forma parte de las copias anexadas.
Que para ese entonces era propietario del bien el ciudadano DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 3.115.498, con domicilio hoy en esta ciudad de Mérida, hábil; y que fungía como su apoderada y con ella suscribió el contrato la ciudadana NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 3.031.597, domiciliada en esta ciudad de Mérida, hábil, apoderamiento contenido en documento inscrito por ante el hoy Registro Inmobiliario de este Municipio Libertador, en fecha 30 de Junio de 2005, bajo el No, 13, Protocolo 3°, Tomo 4°.
Que en dicho inmueble desde que se inició la relación arrendaticia, funciona un instituto de educación básica y diversificada denominado "Unidad Educativa Colegio Militarizado General Rafael Urdaneta", autorizado en el contrato.
Que su arrendadora NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ, ya identificada, “y quien –repito”- fungió en el contrato como Apoderada del propietario DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, diciéndose apoderada del presunto propietario del inmueble arrendado, intentó demanda en su contra por ante el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de esta misma Circunscripción Judicial, contenida en Expediente N° 5.959, para que conviniese o a ello le condenara el Tribunal, en la resolución del contrato de arrendamiento y en cancelar una diferencia de cánones arrendaticios producto de un aumento anual del trece por ciento (13%) pactado en el contrato de arrendamiento.
Que el día 06 de abril de 2006, y por ante el mismo Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de esta Circunscripción Judicial, celebró una transacción con el apoderado judicial constituido en el juicio por la arrendadora NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ, quien otorgó dicho mandato en nombre y representación de su representado DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, transacción en la que se acordó, entre otras cosas, el pago de un nuevo canon de arrendamiento por la cantidad de Bs. 5.087.000,00, hasta el día 1° de agosto de 2007, y una prórroga legal hasta el 30 de junio de 2008, sin que tal lapso equivaliese a una nueva relación arrendaticia, conviniéndose en un ajuste del canon de arrendamiento por convenio entre las partes, transacción que consta en las copias certificadas que se anexaron marcadas con la letra "A".
Que para la fecha en que NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ intentó la demanda en su contra (16 de Marzo de 2006), y en la que celebraron la transacción (6 de abril de 2006), el poderdante de la arrendadora-demandante, ciudadano DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, ya había vendido a través de su apoderada el inmueble arrendado a la ciudadana THAIS MARGARITA LEDEZMA DÍAZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 2.769.288, de este domicilio, hábil, enajenación que consta del documento de compraventa inscrito por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Libertador del Estado Mérida, en fecha 21 de diciembre de 2005, bajo el N° 18, Protocolo 1°, Tomo Quincuagésimo, que en copia forma parte del legajo anexado al libelo de demanda, por lo que la apoderada NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ no tenía va cualidad e interés para intentar la acción inquilinaria en su contra y menos aún, suscribir la referida transacción en nombre de quien ya no era propietario del inmueble.
Que la enajenación del inmueble jamás le fue notificada a pesar de asistirle el derecho de preferencia para adquirir el inmueble.
Que desconociendo la existencia de un nuevo propietario, continuó cancelando los cánones de arrendamiento a la apoderada NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ, o a quien ella autorizara. Es decir, la aludida representante de quien fuera su arrendador, continuó ante ella como si fuese la mandante del verdadero propietario, como si la enajenación nunca se hubiere dado. Es decir, después de la venta del inmueble arrendado, continuó actuando como si DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES fuese el propietario.
Que prueba de ello, no sólo es la demanda y sus posteriores actuaciones, sino el poder que en nombre de su mandante otorgó a los abogados MIGUEL ANTONIO CÁRDENAS y GABRIEL ALBERTO OVIEDO, en fecha 06 de marzo de 2006, para que accionasen en su contra, y la notificación que a través de la Notaría Pública le hiciera recordándole el vencimiento de la relación arrendaticia.
Que si bien, podía la señora NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ, continuar representando a su poderdante, no así podía abrogarse la representación de la nueva propietaria sin la debida autorización, por lo que no estaba facultada legalmente para constituir apoderados para accionar el desalojo del bien arrendado, ni para introducir la demanda y suscribir el convenio por ante el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina en el expediente N° 5.959.
Que tampoco tenía cualidad para notificarle a través de una Notaría la fecha de entrega del inmueble, según lo convenido en el referido expediente N° 5.959, lo que indica que en estricto derecho la notificación no existe.
Que el artículo 1.604 del Código Civil, establece que aún cuando se enajene el bien, subsiste el arrendamiento por el tempo fijado en el contrato; y el artículo 1.605 prevé que si el comprador quiere despedir al arrendatario a la expiración del término del contrato, debe hacerle oportuna participación.
Que quien debió notificarle de la no renovación del contrato, fue la compradora; no la arrendadora, porque ya había perdido la cualidad para hacerlo. Y que menos aún tenía cualidad para ejercer acciones en su contra en nombre de quien había perdido la titularidad del bien.
Que el artículo 20 del Decreto Ley sobre Arrendamientos Inmobiliarios, consagra igualmente la obligación del nuevo propietario de respetar la relación arrendaticia, y que las acciones relativas a su terminación, sólo podrán tramitarse conforme a las disposiciones de dicha ley.
Que fue demandada y convino un término del contrato con quien no tenía capacidad para comprometer a la nueva propietaria, y quien deliberadamente omitió ante el Tribunal la enajenación del inmueble, lo que constituye además de un fraude procesal, el delito de falsa atestación ante funcionario público. Que en otras palabras, suscribió un convenio con una impostora, convenio que a la luz del derecho no tiene validez alguna.
Que el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, establece que nadie puede hacer valer en juicio un derecho ajeno; y el artículo 16 del mismo Código, exige que para proponer la acción, el actor debe tener interés jurídico actual.
Que al percatarse de la existencia de la compraventa, y estando en curso el término concedido por la presunta apoderada del propietario en la transacción celebrada en el Expediente N° 5.959, ya aludido en el libelo, denunció en el mismo la existencia de un fraude procesal, pues quien le había demandado y transigido con ella en el juicio, no tenía cualidad e interés para hacerlo, por lo que todo lo actuado por la sedicente apoderada del propietario estaba afectado de nulidad absoluta, y por consecuencia, la sentencia producto de la homologación de la transacción era inejecutable.
Que el Tribunal procedió a abrir la incidencia prevista en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, tramitada la cual profirió sentencia en fecha 25 de mayo del corriente año, en la que estableció que acogiéndose a la Doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el fraude procesal, por su complejidad, debía ser ventilado en juicio ordinario, por lo que acudió a esta competente instancia para ventilar la acción por los trámites del juicio ordinario.
Que la acción de fraude procesal la fundamentó especialmente en el contenido de las disposiciones del Código de Procedimiento Civil sobre la materia, concretamente en los artículos 136, 140, 150, 165, ordinales 3° y 4° y 170. Que en su orden las normas citadas establecen que: son capaces para obrar enjuicio las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos, pero en el caso del juicio ventilado en el expediente N° 5.959, tantas veces aludido, la demandante no ejercía la representación de la nueva propietaria, por lo que no podía ejercer los derechos de ésta sin su autorización, como lo prevé los artículos 140 y 150.
Que el artículo 170, en comento prevé que las partes, sus apoderados y abogados asistentes deben actuar en el proceso con lealtad y probidad, debiendo expresar los hechos de acuerdo a la verdad. El Parágrafo Único del artículo consagra la responsabilidad de quien actúe con temeridad o mala fe, entendiéndose por ellas, deducir en el proceso pretensiones o defensas principales o incidentales manifiestamente infundadas; y, omitir maliciosamente hechos esenciales en la causa.
Que tales reprobables conductas son tangibles en el proceso contenido en el expediente N° 5.959. Así: 1) La venta hecha por NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ a THAIS MARGARITA LEDEZMA DÍAZ, en nombre y representación del antiguo propietario DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, protocolizada en fecha 21 de diciembre de 2005, está contenida en documento redactado y visado por el abogado MIGUEL ANTONIO CÁRDENAS; 2) El poder otorgado a éste y al abogado GABRIEL ALBERTO OVIEDO, autenticado en fecha 06 de marzo de 2006, visado también por MIGUEL ANTONO CÁRDENAS, contiene un mandato especial relacionado con la "defensa de los derechos que posee sobre Un (1) Inmueble (...) que lo posee en calidad de arrendataria la ciudadana: MIREYA DEL CARMEN RIVAS QUINTERO..."; 3) Para el otorgamiento del poder, NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ acreditó su cualidad con el poder que a ella había conferido DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, pero a sabiendas que éste no ejercía la titularidad del bien en razón de la venta; 4) La demanda de resolución de contrato, introducida en el mes de Marzo de 2006 (admitida el 16 del mismo mes), dice en su CAPÍTULO I: "...mi representado (Douglas Enrique Pirela Olivares) es legítimo propietario de Un (1) Bien Inmueble...", ocultando al Tribunal que ya su poderdante se había desprendido de la propiedad del bien; 5) La transacción celebrada el 6 de Abril de 2006, la suscribe en nombre del accionante, el abogado MIGUEL ANTONIO CÁRDENAS, quien redactó y visó el documento de compraventa, por lo que se infiere que conocía el acto de enajenación y por consecuencia, que DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES no tenía cualidad jurídica para accionar en mi contra la terminación de la relación arrendaticia; 6) Las actuaciones posteriores a la transacción por la señora NEDDA LEDEZMA, especialmente las relativas a la ejecución de la transacción, no obstante haberse denunciado ya el fraude en el expediente.
Que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia ha definido el fraude procesal como:
"...las maquinaciones y artificios realizados en el curso del proceso, o por medio de éste, destinados, mediante el engaño o la sorpresa en la buena fe de uno de los sujetos procesales, e impedir la eficaz administración de justicia, en beneficio propio o de un tercero y en perjuicio de parte o de un tercero. Estas maquinaciones y artificios pueden ser realizados unilateralmente por un litigante, lo que constituye el dolo procesal stricto sensu, o por el concierto de dos o más sujetos procesales, caso en que surge la colusión; y pueden perseguir la utilización del proceso como instrumento ajeno a sus fines de dirimir controversias o de crear determinadas situaciones jurídicas (...) y mediante la apariencia procesal lograr un efecto determinada; o perjudicar concretamente a una de las partes dentro del proceso, impidiendo se administre justicia correctamente"

Estimó la acción en la cantidad de CIENTO SESENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 160.000,00) ó 2.909,09 UNIDADES TRIBUTARIAS.
Como fundamento de derecho citó la parte actora los artículos 2, 3, 19, 21 numeral 2°, 49 numerales 3°, 4° y 8°, 115 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; Ley de Arrendamientos Inmobiliarios: 1 y 7. Código Civil: Artículos 6, 7, 8, 10, 1.138, 1.140, 1.141, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151, 1.154, 1.157, 1.159,1.160,1.169 y 1.185. Código de Procedimiento Civil: Artículos 136, 140, 150, 165, ordinales 3° y 4° y 170.

Para la parte demandada, el hecho que:

Que para que fuese resuelto como punto previo en la sentencia de fondo que había de dictarse en esta causa, RECHAZARON EXPRESAMENTE LA ESTIMACIÓN DE LA ACCIÓN que en la cantidad de CIENTO SESENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 160.000,oo) ó 2.909.09, UNIDADES TRIBUTARIAS, fue estimada por la Parte Actora; que dicho RECHAZO lo hacen en virtud de que la referida estimación de la Acción es extremada y evidentemente EXAGERADA.
Que como puede observarse, tanto en la causa contenida en el Exp. N° 5.959, en el libelo de demanda, como en el acta de “convenimiento” las cantidades allí señaladas, son INFINITAMENTE MAS BAJAS O MENORES que el monto estimado por la parte actora en la demanda del presunto Fraude Procesal.
Que en atención a lo aquí señalado, solicitan a la ciudadana Juez de esta Instancia que como punto previo en la Sentencia Definitiva que ha de dictarse, se fije o decida que la estimación de la Demanda, cabeza de autos, es la cantidad de QUINCE MIL CIENTO SESENTA BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 15.160,oo), que es igual al monto que convino en pagar la aquí demandante, como consta en la diligencia de fecha 06 de abril de 2.006, la cual fue acompañada por la parte actora, al libelo de demanda en el legajo de copias certificadas que se acompañó marcada "A", esta última suma equivalente a 275.64 Unidades Tributarias.
Que es cierto, como lo expresa la aquí demandante MIREYA DEL CARMEN RIVAS QUINTERO, que la ciudadana NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ, en su condición de APODERADA JUDICIAL del ciudadano DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, la demandó por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, cuya demanda, cursó por ante el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de esta misma Circunscripción Judicial, contenida en el Exp. N° 5.959; expediente éste que fue acompañado por la parte actora en el legajo marcado "A".
Que es igualmente cierto, que en fecha 6 de abril de 2.006, por ante el mismo Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina, celebró una "transacción" con el APODERADO JUDICIAL constituido en el juicio por la arrendadora NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ, quien otorgó dicho mandato en nombre y representación de su representado DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES.
Que en la diligencia de esa fecha 06 de abril de 2.006, constan las condiciones que fueron acordadas por las partes, acuerdo que fue celebrado sin apremio ni coacción, en forma voluntaria y precisa, con el carácter y condición acreditado por las partes celebrantes y acordantes de tal “transacción”.
Que la parte actora omitió maliciosamente indicar en el Libelo de Demanda, cabeza de autos, que la referida transacción fue debidamente HOMOLOGADA por el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina, mediante auto de fecha 07-04-2006, por cuanto consideró que la transacción,... “no vulnera el orden público, ni transgrede ninguna disposición legal, y no viola el derecho a la defensa e igualdad de las partes en el debido proceso”...
Que alega la parte actora, que... “para la fecha en que NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ, intentó la demanda en mi contra (16 de marzo de 2.006) en que celebramos la transacción (6 de abril de 2.006) el poderdante de la arrendadora - demandante, ciudadano DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, ya había vendido a través de su apoderada, el inmueble arrendado la ciudadana THAIS MARGARITA LEDEZMA DÍAZ”... “por lo que la apoderada NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ, no tenia ya cualidad e interés para intentar la acción inquilinaria en mi contra y menos aun, suscribir la referida transacción en nombre de quien ya no era propietario del inmueble.
Que destacan y hacen valer, que LA APODERADA NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ, sí tenía cualidad e interés para intentar la acción inquilinaria, por cuanto la “acción inquilinaria” la intentó el APODERADO JUDICIAL del ARRENDADOR, ciudadano DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, cualidad ésta que le fue reconocida por la aquí demandante, tanto en forma expresa, como consta en el escrito de CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, contenida en el Exp. N° 5.959, y en forma tácita, al no haber ella opuesto en el acto de contestación a la demanda, la correspondiente Cuestión Previa, conforme lo indica expresamente el artículo 35 de la ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
Que en el numeral DOS (2) del Libelo cabeza de autos, la parte actora, dice... “Es decir, si bien podía la señora NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ, continuar representando a su poderdante, no así podía abrogarse la representación de la nueva propietaria, sin la debida autorización”... a esta afirmación destacamos y hacemos valer, que en el juicio o proceso, contenido en el Exp. N° 5.959, referido por la parte actora, en ningún caso o acto procesal, la ciudadana NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ, se abrogó, la representación de la "nueva propietaria" (presuntamente se refiere a THAIS MARGARITA LEDEZMA DÍAZ).
Que en el mismo numeral (2) la parte actora, dice... “fui demandada y convine en un término del contrato con quien no tenía capacidad para comprometer a la nueva propietaria”… Que expresamente la demandante MIREYA DEL CARMEN RIVAS QUINTERO, reconoce haber realizado un “convenimiento” en la causa o proceso, contenido en el Exp. N° 5.959; por lo que el presunto FRAUDE PROCESAL, aquí demandando, no ocurrió, y que por lo tanto la acción aquí demandada es improcedente y así debe ser decidido en Sentencia Definitiva.
Que igualmente dice, citando el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, que nadie puede hacer valer en juicio un derecho ajeno, lo cual es realmente cierto, pero que es el caso, que NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ, en la causa contenida en el citado Exp. N° 5.959, NO HIZO VALER un derecho ajeno; ella hizo valer el derecho que le correspondía a su poderdante DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, como ARRENDADOR, contra LA ARRENDATARIA MIREYA DEL CARMEN RIVAS QUINTERO.
Que en el numeral TRES (3) del libelo de Demanda cabeza de autos, la demandante manifiesta... "en la transacción celebrada en el Expediente No. 5.959 ya aludido en este escrito, denuncié en el mismo la existencia de un fraude procesal, pues quien me había demandado y transigido conmigo en el juicio, no tenia cualidad e interés para hacerlo"... ante esta afirmación, manifestamos, que la persona que la demandó y transigió, actuó como apoderada del ARRENDADOR, DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, por lo cual ella (NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ), si tenía y tuvo cualidad para demandarla por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO y por lo tanto con facultad expresa para celebrar la referida transacción, facultad ésta que le confirió al apoderado judicial, que en nombre de DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, le otorgó al abogado que celebró en su nombre, la transacción en fecha 06 de abril de 2.006, en el Exp. N° 5.959.
Que en el mismo numeral (3) la parte actora, dice... “por lo que todo lo actuado por la sedicente apoderada del propietario estaba afectado de "nulidad absoluta" y por consecuencia, la sentencia producto de la homologación de la transacción era inejecutable"...
Que si la sentencia producto de la homologación, estaba afectada de "nulidad absoluta" y por ser una Sentencia Definitivamente Firme y con carácter de cosa juzgada, por presentar o incurrir presuntamente en alguno de los supuestos señalados en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, debió haber intentado Acción de nulidad de Sentencia y no la Acción por un "Presunto Fraude Procesal" y que así debe ser decidido en Sentencia que ha de ser dictada en este juicio.
Que la Sentencia producto de la HOMOLOGACIÓN DE LA TRANSACCIÓN NO ES INEJECUTABLE, como lo señala la parte actora, QUE SI ES EJECUTABLE, por cuanto la misma NO ES CONTRADICTORIA, ESTA CLARAMENTE ESTABLECIDO LO DECIDIDO Y NO ES CONDICIONAL, lo cual igualmente debe ser decido en Sentencia Definitiva.
Que la parte actora, ciudadana MIREYA DEL CARMEN RIVAS QUINTERO, demanda a su poderdante DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, por cuanto éste, presuntamente incurrió en FRAUDE PROCESAL, en la demanda que él intentó, contra la referida ciudadana, en el Juicio contenido en el Exp. N° 5.959, que fue llevado por ante el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de esta misma Circunscripción Judicial, y al que ella se refiere en el Libelo de Demanda, cabeza de autos, FRAUDE, que según ella, se consumó al celebrar y suscribir la "transacción" por ante el referido Tribunal, en fecha 06 de abril de 2.006.
Que rechazan y niegan expresamente, que su poderdante DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, haya incurrido o cometido FRAUDE PROCESAL, en contra de la demandante MIREYA DEL CARMEN RIVAS QUINTERO, en la causa contenida en el Exp. N° 5.959, al que ella se refirió, en el Libelo de Demanda cabeza de Autos, y menos en la TRANSACCIÓN celebrada en el citado expediente, pues la misma se celebró sin apremio, coacción, ni engaño.
Que rechazan que su poderdante DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, haya intentado demanda "EN FRAUDE A LA LEY", contra la aquí demandante MIREYA DEL CARMEN RIVAS QUINTERO, en la demanda contenida en el Exp. N° 5.959, que fue llevado ante el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina Circunscripción Judicial del Estado Mérida.
Que rechazan que en el Juicio contenido en el Exp. N° 5.959, tantas veces referido, se haya incurrido en FRAUDE PROCESAL, que haya impedido una "Correcta Administración de Justicia" especialmente "en la transacción" celebrada el día 6 de Abril de 2.006, por ante el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Marida.
Que rechazan que su Poderdante no tenga cualidad e interés, para continuar actuando en el Exp. N° 5.959, por cuanto de ser así debió, en su oportunidad legal haber opuesto, la parte demandada la correspondiente Cuestión Previa, en la oportunidad de haber dado contestación a la demanda, como lo indica el artículo 35 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
Que rechazan que la estimación de la demanda, con base a los argumentos expuestos en el numeral PRIMERO del ESCRITO BE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.
Qlue por las consideraciones hechas, solicitan que la demanda cabeza de autos, intentada por un presunto FRAUDE PROCESAL contra su Poderdante DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, sea declarada sin lugar, con la correspondiente Condenatoria en Costas.
CAPÍTULO V
DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS

La parte actora promovió:

PRIMERA: El valor y mérito jurídico de los documentos consignados al libelo de demanda que invocamos y damos por reproducidos, no impugnados por la parte demandada, que forman parte del proceso por ser comunes a las partes y que demuestran: Que hubo una relación arrendaticia renovada por última vez el 18 de Agosto de 2004; que el propietario del bien para la fecha del contrato era DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES y que fungía como su apoderada la ciudadana NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ, quien con tal carácter otorgó poder para que se intentase demanda en contra de nuestra representada para que conviniese en la resolución del contrato de arrendamiento y en cancelar una diferencia de cánones arrendaticios; que el 6 de Abril de 2006 se celebró transacción judicial con el apoderado judicial constituido en el juicio por la arrendadora NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ; que para la fecha en que se intentó la demanda (16 de Marzo de 2006), y en que se celebró la transacción (6 de Abril de 2006), DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, ya había vendido a través de su apoderada el inmueble arrendado a la ciudadana THAIS MARGARITA LEDEZMA DÍAZ en fecha 21 de Diciembre de 2005.
SEGUNDA: Documental.-
A) Promovemos el valor y mérito jurídico de las copias certificadas del Expediente de Consignaciones No. 382, expedida por el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de esta misma Circunscripción Judicial, en la que consta que hasta el mes de Diciembre del pasado año 2008, la ciudadana NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ, diciéndose apoderada del propietario DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, retiró las cánones de arrendamiento depositados por nuestra representada en razón del contrato de arrendamiento por el que está en posesión del bien, a pesar de que su representado vendió el inmueble a DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES en fecha 21 de Diciembre de 2005. En el segundo folio de las copias promovidas, hay una nota de Alguacil Miguel Pérez, de fecha 10 de Noviembre de 2008, que reza: "Consigno en un folio útil boleta de notificación debidamente firmada por la ciudadana: NEDDA C. LEDEZ (sic) quien me manifestó ser APODERADA, a quien ubiqué personalmente, el día SIETE del mes y año en curso..."
B) Promovemos el valor y mérito jurídico de los originales de los recibos de pago de cánones de arrendamiento expedidos por el Bufete del abogado Miguel Antonio Cárdenas a nuestra representada, el primero apoderado de DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES y quien intentara la demanda de resolución de contrato alegada en autos; y la segunda, parte actora y arrendataria del inmueble identificado en la demanda, que en catorce (14) folios forman parte de este escrito y cuya pertinencia y necesidad, igual que en el caso anterior, es demostrar que su poderdante DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES continuó comportándose como propietario del bien después de su enajenación (21 de Diciembre de 2005).
TERCERA: Testifical.-
Promovemos el testimonio jurado de los ciudadanos EMILY ALVÁREZ, CARLOS YANCE, ÁNGELA AVENDAÑO, LISAIDA VILLEGAS, LORENA TREJO y FRANCISCO PÉREZ, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad Nos. 10.280.737, 648.796, 5.639.629, 10.715.363, 10.713.983 y 9.681.493, respectivamente, hábiles, quienes declararán a tenor del interrogatorio que de viva voz se les formule.
La pertinencia y necesidad de la prueba es llevar al ánimo del Tribunal la veracidad de los hechos narrados en el libelo.

La parte demandada promovió:

PRIMERA: DOCUMENTAL: Damos por reproducido, el Acta de Convenimiento-Transacción celebrado en fecha 06 de Abril de 2.006, por ante el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, la cual corre al folio veintidós (22) de este expediente, a fin de probar: A) Que el Convenimiento-Transacción referido, fue celebrado, por los APODERADOS JUDICIALES, de las Partes, intervinientes en el Juicio identifi¬cado con el N° 3.959, con plena y absoluta facultad para ello; B) Que el Convenimiento-Transacción, fue hecho sin coacción y que no se violaron Normas de Orden Publico y C) Que la Parte deman¬dada en la causa contenida en el Expediente N° 5.959, referido, ciudadana MIREYA DEL CARMEN RIVAS QUINTERO, Parte Actora en esta causa o proceso, hizo los pagos indicados en ese Convenimiento-Transacción.
SEGUNDA: DOCUMENTAL: Damos por reproducidos, las fotoscopias y le damos pleno valor probatorio, de los cheques, que acompañó la parte actora, con el libelo de demanda, los cuales -corren a los folios veintitrés (23) de este expediéntela fin de probar: A) Que la parte actora en este proceso, dio cumplimiento en cuanto al pago referido en él citado Convenimiento-Transacción y que para tal fin, emitió o libró los cheque a nombre del aboga do MIGUEL ANTONIO CÁRDENAS, quien fue el abogado, que celebró el Convenimiento-Transacción a nombre de la Parte Actora en el citad expediente N° 5.959.
TERCERA: DOCUMENTAL: Damos por reproducido el Auto de fecha 07 de Abril de 2.006, del Juzgado Tercero de -los Municipios Libertador y Santos Marquina, el cual corre al -folio veinticuatro (24) de este expediente, mediante el cual el citado Juzgado, HOMOLOGO, la TRANSACCIÓN, celebrada entre las parte intervinientes en el Juicio llevado en el referido Tribu¬nal, bajo el N° 5.959, por cuanto, la misma (TRANSACCIÓN),... “no vulnera el orden público, ni transgrede ninguna disposición legal, y no viola el derecho a la defensa e igualdad de las partes en el debido proceso”, a fin de probar: A) Que la "TRANSACCION" se llevó a cabo, plenamente ajustada a) Derecho, por lo que la misma tiene pleno valor jurídico; B) Que con la referida TRANSACCIÓN, las partes allí, intervinientes, aceptaron lo con¬venido o transado, sin reserva alguna; C) Que con la referida TRANSACCIÓN, no se incurrió en FRAUDE PROCESAL, que hubiera perjudicado o causado daño alguno a las Partes que la celebraron, por lo tanto, no se le causó daño alguno, por un presunto FRAU¬DE PROCESAL, a la parte demandante en esta causa, ni tampoco fue un acto, contrario a la majestad de la justicia ni al respeto que se deben los litigantes, como lo indica el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil. Pedimos que estas PRUEBAS, -sean admitidas y apreciadas en su justo valor, para que en nitiva, la demanda cabeza de autos, SEA DECLARADA SIN LUGAR.

CAPÍTULO VI
INFORMES PRESENTADOS POR LAS PARTES

La parte demandada presentó los siguientes informes:

PRIMERO: La demandante MIREYA DEL CARMEN RIVAS QUINTERO, intentó DEMANDA POR UN PRESUNTO “FRAUDE PROCESAL” que según ella cometió nuestro poderdante, en el juicio o proceso, que fue llevado por ante el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina, contenidos en el EXPEDIENTE N* 5.959, de la nomenclatura de dicho Tribunal y del que la parte actora acompañó COPIA CERTIFICADA, marcada “A” la que corre a folios seis (06) al cuarenta y cinco (45).
SEGUNDO: La demandante MIREYA DEL CARMEN RIVAS QUINTERO, fundamenta el presunto FRAUDE PROCESAL, en el hecho de que el ciudadano DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, mediante APODE RADO JUDICIAL, la demandó, sin que él fuera el propietario del inmueble que ella ocupa como ARRENDATARIA, plenamente referido en el Libelo de Demanda. La referida demanda, contenida en el expediente N* 5.959 señalado por la demandante y en el cual presuntamente se cometió el FRAUDE PROCESAL, la Acción interpuesta contra ella, lo fue mediante APODERADO JUDICIAL del ciudadano DOUGLAS ENRIQUE PIRELA en su condición de ARRENDADOR contra la ciu¬dadana MIREYA DEL CARMEN RIVAS QUINTERO, en su condición o carácter de ARRENDATARIA; esto se evidencia del Libelo de Demanda que fue acompañado formando parte de la copia certificada que marcada "A" fue acompañada al Libelo de Demanda cabeza de Autos; lo que -igualmente se evidencia del "CAPITULO V. FUNDAMENTO LEGAL" de la demanda contenida en el señalado EXPEDIENTE N* 5.959; es decir que la demanda intentada mediante APODERADO JUDICIAL por DOUGLAS ENRIQUE PIRELA, contra la aquí demandante MIREYA DEL CARMEN RIVAS QUINTERO, lo fue por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO y siguiéndose el JUICIO POR EL PROCEDIMIENTO BREVE, como lo seña¬la el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
TERCERO: Dice la parte actora, en esta causa, en el libelo de demanda cabeza de autos, que... “celebré una tran¬sacción con el apoderado judicial constituido en el juicio por la arrendadora, NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ, quien otorgó dicho manda¬to en nombre y representación de su representado DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, (lo cual es realmente cierto y así lo aceptamos) transacción en la que se acordó, entre otras cosas, el pago de un nuevo canon de arrendamiento”... y ...”una prórroga legal hasta el 30 de Junio de 2.008, sin que tal lapso equivaliese a una nueva relación arrendaticia”... (lo cual es igualmente cierto).
Esa TRANSACCIÓN, fue debidamente homologada, por el Tribunal de la causa, mediante auto de fecha 07 de Abril de 2.006, la cual corre al folio veinticuatro (24) por cuanto ese Tri¬bunal , consideró (lo que es realmente cierto) que la referida transacción NO VULNERA EL ORDEN PUBLICO, NI TRANSGREDE NINGUNA DISPOSICIÓN LEGAL Y NO VIOLA EL DERECHO A LA DEFENSA E IGUALDAD DE LAS PARTES.
De la referida TRANSACCIÓN, la parte demandante en este proceso, solo cumplió, en forma voluntaria, el pago allí indicado, como consta en las fotoscopia que corre al folio veintitres (23) de este expediente; por lo cual expresamente la parte u aquí demandante, reconoce la legalidad de esa TRANSACCIÓN, lo que por consecuencia causó la HOMOLOGACIÓN de la misma, como lo hemos indicado
CUARTO: De los TESTIGOS, promovidos por la parte actora, solo rindieron su testimonio, los ciudadanos CARLOS EDUARDO YANCE BLEQUET y FRANCISCO ANTONIO PÉREZ CONDE.
En cuanto al testigo CARLOS EDUARDO YANCE BLEQET, su testimonio debe ser desestimado en esta causa y no darle valor probatorio alguno, en virtud de: A) El referido testigo, es TESTIGO INHÁBIL, por cuanto el mismo es trabajador y dependen diente de la demandante MIREYA DEL CARMEN RIVAS QUINTERO, como 4 lo confiesa a la respuestas que dio a su interrogatorio y por lo que tiene interés en las resultas de este proceso, es decir, de¬fender los intereses de su “patrona”; B) Por ser un testigo “referencial” o de “oídas”; C) por cuanto no conoce al demandado DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, como igualmente lo confiesa al responder al interrogatorio y D) De su testimonio, no se evidencia que el demandado DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, haya incurrido en FRAUDE PROCESAL Y MENOS AUN EN PERJUICIO DE LA DEMANDANTE (MIRE YA DEL CARMEN RIVAS QUINTERO).
En cuanto al testigo FRANCISCO ANTONIO PÉREZ CONDE, igualmente su testimonio debe ser desestimado en esta causa, y no darle valor probatorio alguno en virtud de: A) El referido testigo, es TESTIGO INHÁBIL, por cuanto el mismo, es representan¬te de una niña que está inscrita y cursa estudios en el Colegio, que como ARRENDATARIA, ocupa la demandante (MIREYA DEL CARMEN RIVAS QUINTERO) y por lo tanto tiene interés en las resultas de es¬te proceso; B) Por ser un testigo “referencial” o de “oídas”; C) por cuanto él no conoce al demandado DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLI¬VARES y D) De su testimonio, no se evidencia que el demandado DOU GLAS ENRIQUE PIERELA OLIVARES, haya incurrido en FRAUDE PROCESAL Y MENOS AUN EN PERJUCIO DE LA DEMANDANTE (MIREYA DEL CARMEN RIVAS QUINTERO).
QUINTO: En cuanto a la PRUEBA DOCUMENTAL, promovida por la parte actora, en fecha 19 de Enero de 2.010, la misma no evidencia ni prueba, que nuestro poderdante DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, haya incurrido en FRAUDE PROCESAL, en perjuiCIO DE LA DEMANDANTE (MIREYA DEL CARMEN RIVAS QUINTERO) por el contrario de esa prueba documental, se evidencia que nuestro poderdante mediante su APODERADA JUDICIAL, le recordó a ella (MI¬REYA DEL CARMEN RIVAS QUINTERO) que debía entregar el inmueble, que ella ocupa como ARRENDATARIA y donde funciona el Instituto denominado "UNIDAD EDUCATIVA, COLEGIO MILITARIZADO GENERAL RA¬FAEL URDANETA" conforme lo convenido en fecha 06 de Abril de 2.006, por ante el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de esta Circunscripción Judicial; y al consignar la parte actora (MIREYA DEL CARMEN RIVAS QUINTERO) esa PRUEBA DOCUMENTAL, indudablemente, reconoce la validez y legalidad de la “transacción o convenimiento” con la cual según la deman¬dante, se cometió el FRAUDE PROCESAL, el cual, repito, fue HOMO LOGADO, por el Juez que conoció del proceso o causa donde se celebró ese Acto de AUTO COMPOSICIÓN PROCESAL, por no ser contrario a derecho como ya lo expusimos.

En todo caso, Ciudadana Juez, la PRUEBA DOCUMENTAL aquí analizada, no puede tener valor probatorio alguno por cuanto los documentos promovidos, son COPIAS CERTIFICADAS, COPIAS SIMPLES, que obran en el EXPEDIENTE N* 28.306, de la nomenclatura del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de esta misma Circunscripción Judicial, lo que consta en el Auto de Certificación que obra al folio ciento treinta y siete (137) de este expediente N* 6.380.

SEXTA: Ciudadana Juez, ninguno de los argumentos en que fundamentamos el RECHAZO del presunto FRAUDE PROCESAL, cometido por nuestro poderdante DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, fue desvirtuado por la parte actora, por cuanto es LEGALMENTE IMPOSIBLE, con sujección plena a derecho por denuncia de un pre¬sunto FRAUDE PROCESAL, INVALIDAR, un CONVENIMIENTO O TRANSACCIÓN QUE FUE DEBIDAMENTE HOMOLOGADO, por el juez que conoció de esa AUTO COMPOSICIÓN PROCESAL, por cuanto la misma no fue contraria a derecho ni se violó el derecho a la defensa a ninguna de las partes que la suscribieron, pues la misma fue hecha en forma vo¬luntaria, sin apremio ni coacción alguna, como ya lo señalamos.

Por las razones expuestas tanto en el escrito de CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, como es este ESCRITO DE INFORMES, la demanda cabeza de Autos DEBE SER DECLARADA SIN LUGAR y así nueva mente lo solicitamos.


La parte actora presentó los siguientes informes:

I
RESUMEN DE LA ACCIÓN
Se inicia la acción en razón de la existencia de un juicio contra mi mandante, quien es arrendataria del inmueble identificado en autos y en cuyo carácter fue demandada por el sedicente propietario DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, quien para el momento de intentar la acción arrendaticia ya había dejado de ser el propietario por haber vendido el bien a la co-demandada THAIS MARGARITA LEDEZMA DÍAZ. En aquel juicio que cursó por ante el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de esta misma Circunscripción Judicial, contenido en Expediente No. 5.959, el día 6 de Abril de 2006 se celebró una transacción con el apoderado judicial constituido en el juicio, cuando para tal fecha la parte actora ya había vendido a través de su apoderada el inmueble arrendado a la citada THAIS MARGARITA LEDEZMA DÍAZ, enajenación que consta del documento de compraventa inscrito por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Libertador del Estado Mérida, en fecha 21 de Diciembre de 2005, bajo el No. 18, Protocolo 1°, Tomo Quincuagésimo, agregado a autos, por lo que el no tenía va cualidad e interés para intentar la acción inquilinaria en contra de mi mandante y menos aún, suscribir la referida transacción. Se argumentó como fundamento de la acción que nos ocupa que la enajenación del inmueble jamás le fue notificada a la arrendataria a pesar de asistirte el derecho de preferencia para adquirirlo, desconociendo la existencia de un nuevo propietario, al extremo que continuó cancelando los cánones de arrendamiento a la apoderada del original propietario, NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ, o a quien ella autorizara por lo que la aludida representante continuó actuando como si fuese la mandante del verdadero propietario, es decir, después de la venta del inmueble arrendado, continuó actuando como si DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES fuese el propietario. Prueba de lo anterior no sólo es la demanda arrendaticia y sus posteriores actuaciones, sino el poder otorgado a los abogados MIGUEL ANTONIO CÁRDENAS y GABRIEL ALBERTO OVIEDO en fecha 6 de Marzo de 2006 para accionar la terminación del arrendamiento, además de la notificación que a través de la Notaría Pública se le hiciera a la actora recordándole el vencimiento de la relación arrendaticia, lo que también está demostrado en autos.
Es de advertir que no se ataca el qué la señora NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ pudiere continuar representando a su poderdante; lo que no podía era abrogarse la representación de la nueva propietaria sin la debida autorización, por lo que no estaba facultada legalmente para actuar en nombre del nuevo propietario; menos aún para constituir apoderados y suscribir actos de autocomposición procesal. Fundamento legal de tal apreciación es el contenido del artículo 1.604 del Código Civil que establece que aún cuando se enajene el bien, subsiste el arrendamiento por el tiempo fijado en el contrato; y del artículo 1,605 que prevé que si el comprador quiere despedir al arrendatario a la expiración del término del contrato, debe hacerle oportuna participación, por lo que quien debía notificar la no renovación del contrato era la compradora. El fundamento legal anterior está plasmado también en el artículo 20 del Decreto Ley sobre Arrendamientos Inmobiliarios que consagra la obligación del nuevo propietario de respetar la relación arrendaticia, y que las acciones relativas a su terminación, sólo podrán tramitarse conforme a las disposiciones de dicha ley.
En síntesis, el principal fundamento de la acción de Fraude Procesal tiene su razón de ser en que mi mandante fue demandada y convino un término del contrato con quien no tenía capacidad para comprometer a la nueva propietaria y quien deliberadamente omitió ante el Tribunal la enajenación del inmueble, violentando el principio legal establecido en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil que establece que nadie puede hacer valer en juicio un derecho ajeno; y el del artículo 16 del mismo Código que exige que para proponer la acción, el actor debe tener interés jurídico actual, por lo que el juicio cuya nulidad se persigue a través de la acción aquí propuesta está afectado de nulidad absoluta.
Además de los preceptos legales antes señalados, se fundamentó la presente acción en el contenido de los artículos 2, 3, 19, 21 Numeral 2, 49 Numerales 3, 4 y 8, 115 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; Ley de Arrendamientos inmobiliarios: 1 y 7; Código Civil: 6, 7, 8, 10, 1.138,1.140, 1.141,1.146,1.147, 1.148, 1.149,1.150,1.151, 1.154, 1.157,1.159,1.160,1.169 y 1.185; Código de Procedimiento Civil: 136,140,150,165 Ordinales 3° y 4° y 170. Como elementos que demuestran el fraude, en el libelo se indicaron los siguientes:
1) La venta hecha por NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ a THAIS MARGARITA LEDEZMA DÍAZ, en nombre y representación del antiguo propietario DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, contenida en documento redactado y visado por el abogado MIGUEL ANTONIO CÁRDENAS, quien fungió como apoderado del tercero de los nombrados en el juicio que a través de esta acción se impugna;
2) El poder otorgado a MIGUEL ANTONIO CÁRDENAS y al abogado GABRIEL ALBERTO DVIEDO, que los faculta para la defensa de los derechos que DOUGLAS ENRIQUE PIRELA DLIVARES posee sobre el Inmueble arrendado a la ciudadana: MIREYA DEL CARMEN RIVAS 3UINTERO, a pesar que para ia fecha del otorgamiento ya había enajenado el bien;
3) NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ al otorgar poder a los abogados antes mencionados, acreditó su cualidad de apoderada con el poder que a ella había conferido DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, pero a sabiendas que éste no ejercía la titularidad del bien en razón de la venía;
4) En la demanda de resolución de contrato, introducida en el mes de Marzo de 2006, el apoderado actor indica que su representado Douglas Enrique Pirela Olivares, es legítimo propietario del inmueble arrendado, ocultando al Tribunal que ya su poderdante se había desprendido de la propiedad del bien;
5) La transacción celebrada el 6 de Abril de 2006, la suscribe en nombre del accionante el abogado MIGUEL ANTONIO CÁRDENAS, quien redactó y visó el documento de compraventa, por lo que se infiere que conocía el acto de enajenación y por consecuencia, que DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES no tenía cualidad jurídica para accionar en contra de la arrendataria la terminación de la relación arrendaticia;
6) Las actuaciones posteriores a la transacción realizadas por la señora NEDDA LEDEZMA en el expediente, diciéndose apoderada del propietario DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, especialmente las relativas a la ejecución de la transacción, no obstante haberse denunciado ya el fraude.
Todo lo indicado anteriormente está demostrado documentalmente en el expediente, a través de documentos públicos que no fueron impugnados ni tachados de falsos, adquiriendo pleno valor probatorio de la verdad de los hechos alegados.
II
LA DEFENSA DE LOS CO-DEMANDADOS
En primer lugar rechazan la estimación de la demanda por exagerada, porque la estimación de la causa que dio origen a la acción de fraude procesal fue estimada en CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 5.000.000,00), (de la anterior moneda) y no fue rechazada por la parte demandada y que el convenio celebrado en dicho juicio fue por la cantidad de QUINCE MILLONES CIENTO SESENTA BOLÍVARES (Bs. 15.000.160,00) (de la anterior moneda). En segundo lugar admite expresamente que NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ, en su condición de apoderada judicial del aquí co-demandado DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, demandó la resolución del contrato de arrendamiento y que en aquel juicio se celebró una transacción con el apoderado constituido por la nombrada NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ, pero que deliberadamente en el libelo cabeza de autos se omitió que la transacción fue homologada por el Tribunal de la causa por haber considerado que la transacción "no vulnera el orden público, ni transgrede ninguna disposición legal, y no viola el derecho a la defensa e igualdad de las partes en el debido proceso" (textual del escrito de contestación). Dice igualmente que para la fecha en que se intentó la demanda de resolución de contrato de arrendamiento, NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ si tenía cualidad e interés para intentar la acción por ser !a apoderada judicial del arrendador, cualidad que la arrendataria le habría reconocido en el escrito de contestación de la demanda al no haber opuesto la cuestión previa pertinente y que al reconocer la demandante en el libelo origen de este proceso que celebró un convenimiento en el expediente número 5.959, el fraude procesal no ocurrió pues NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ en la causa inquilinaria no ejerció un derecho ajeno, sino el que le correspondía a su poderdante como arrendador del bien.
Respecto al alegato de la parte actora de que todo lo actuado por la sedicente apoderada del propietario estaba afectado de nulidad absoluta y por consecuencia de ello inejecutable la transacción, argumenta la parte demandada, debió intentarse acción de nulidad de la sentencia y no la acción por fraude procesal y que tal transacción si es ejecutable por no ser contradictoria, por estar claramente establecido lo decidido y no ser condicional.
Niega que el co-demandado DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES haya cometido o incurrido en fraude procesal por cuanto la causa se dio por terminada en virtud de una "AUTO COMPOSICIÓN" (sic) procesal, que fue debidamente homologada, por lo que no se habría valido de maquinaciones ni artificios para su celebración por lo que el Juez de la causa no fue engañado, no intervino ni fijó las condiciones que regularon la transacción, sino que privó solo la voluntad de las partes, sin apremio, coacción ni engaño; que ni el co-demandado ni sus apoderados actuaron en el expediente 5.959 mediante una conducta ilícita, contraria a la ley a la moral, pues la acción fue legal y legítima, en ningún caso ilícita pues estuvo fundada en normas legales de nuestro ordenamiento jurídico y que por ello la Juez de la causa la admitió; que tampoco se persiguió un fin ilícito sino la resolución de un contrato de arrendamiento por incumplimiento de la demandada, lo que ésta reconoció y motivó la transacción; que el fraude procesal debe basarse en situaciones o hechos que puedan influir en la decisión y que en la transacción e! Juez no dictó sentencia, que solo la homologó equiparándose a una verdadera sentencia; que con la transacción no se le causó perjuicio alguno a mi mandante, sino que salió favorecida.
En razón de los alegatos de defensa, rechaza la demandada que DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES haya actuado en fraude a la Ley, que hubiere incurrido en fraude procesal en las actuaciones contenidas en el juicio llevado en el expediente número 5.959, que hay impedido una correcta administración de justicia; que el citado co-demandado no tenga cualidad e interés para continuar actuando en el expediente aludido por no haber opuesto en él la parte demanda la correspondiente cuestión previa en la oportunidad de contestar la demanda, por lo que solicita se declare sin lugar la demanda intentada.
III
INCONGRUENCIAS DE LA DEFENSA DE LA PARTE DEMANDADA
PRIMERO: en cuanto a la estimación de la demanda rechazada por exagerada, el Código de Procedimiento Civil establece en su Sección Primera del Capítulo I, Título 1 del Libro Primero, las reglas a seguirse para la determinación del valor de la causa y como en la demanda que nos ocupa no se reclaman deudas de valor, para la estimación de la cuantía debe aplicarse el contenido del artículo 38 que establece que cuando el valor de la cosa demandada no conste, pero sea apreciable en dinero, el demandante la estimará, y como es evidente el valor de la demanda en acciones como la que nos ocupa encuadra en la previsión de dicha norma.
SEGUNDO: en cuanto a la defensa de fondo y en el mismo orden establecido en el libelo, se hacen las siguientes consideraciones:
No existe contradicción en cuanto a la existencia de la acción de resolución de contrato de arrendamiento contenida en el expediente número 5.959 y que ella fue intentada por el original propietario DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, por lo que el objeto del contradictorio está en dilucidar si el demandante tenía la capacidad legal para intentar tal acción y si en ella se produjo un fraude procesal.
El artículo 361 del Código en comentario establece que en la contestación de la demanda el demandado deberá expresar con claridad si la contradice en todo o en parte, o si conviene en ella absolutamente o con alguna limitación, y las razones, defensas u excepciones perentorias que creyere conveniente alegar. Partiendo del contenido de la norma y de la forma como se redacto la contestación, es concluyente que la parte demandada no rechazó que para el momento de intentar la acción cuestionada ya el demandante se había desprendido de la propiedad del bien arrendado, falta de rechazo que equivale a aceptación, situación que además está acreditada en el expediente a través del documento público de compraventa aportado junto con el libelo y no impugnado ni tachado por al demandada. Esta solo circunstancia en una interpretación lógica de nuestro ordenamiento jurídico implica que efectivamente DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES y por consecuencia sus apoderados no tenían la cualidad jurídica para accionar la resolución del contrato de arrendamiento por cuanto en la relación arrendaticia había entrado un nuevo actor que era la compradora, quien se subrogó en los derechos y obligaciones del arrendador. Menos aún para celebrar transacciones judiciales, las que requieren conforme al contenido del artículo 1.714 del Código Civil, tener capacidad de las cosas comprendidas en la transacción. Por consecuencia la transacción celebrada por quien no puede disponer de la cosa, es absolutamente nula por encuadrar en el segundo supuesto del artículo 1.723 ejusdem.
Ahora bien, ¿fue lícita la acción intentada y la posterior transacción? En la demanda no se niega que la transacción hubiese sido homologada; lo que se invoca en el libelo es que DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES no podía intentar la acción por no ser ya propietario del bien, derecho de defensa a la contraparte; en segundo lugar en el caso que nos ocupa no se intenta la acción porque la sentencia adolezca de los vicios previstos en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, sino porque el procedimiento impugnado y los actos judiciales que emanaron de el están viciados de nulidad en razón de la falta de probidad del demandante y por haber intentado el juicio ha sabiendas que no tenía derecho alguno para hacerlo, pues entre otras cosas la venta fue pura y simple y no se reservó el derecho de desalojar al inquilino, por lo que cualquier acción de índole inquilinaria a partir del momento de la venta le correspondía a la nueva propietaria subrogada en los derechos del arrendador.
De las pruebas de autos, ninguna de ellas impugnadas o tachadas por la parte demandada que efectivamente cuando se intenta la acción de resolución de contrato de arrendamiento en nombre y representación de DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES el bien arrendado había salido de su patrimonio, por lo que no es ninguna exageración afirmar que la demanda fue un artificio para conseguir un fin (desalojo del inmueble), utilizando maliciosamente a los Órganos de Administración de Justicia para obtenerlo y si bien en los términos de la transacción no influyó el criterio del Tribunal, el que simplemente se limitó a homologarla no implica que el Órgano Judicial no haya sido víctima de las maquinaciones y artificios de la parte actora, pues tanto el Tribunal como la parte demandada no estaban al tanto de la negociación por la que DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES vendió el bien arrendado a mi representada, por consecuencia la demanda es producto de una conducta ilícita ya que todos los participantes a nombre del demandante, incluido él, conocían la negociación y mal podrían invocar que la acción fue intentada por un error de hecho o por ignorancia de la Ley; es decir, no hay excusa para su perversa actuación, la que no puede quedar convalidad por el hecho de que la ilícita demanda estuviere fundamentada en normas legales, lo que mas bien agrava la conducta fraudulenta porque se supone que conoce la Ley.
De manera que la omisión de la parte actora en hacer del conocimiento del Tribunal que el bien arrendado había sido vendido, influyó para que se cometiera el error de homologar una transacción en al que una de las partes actuaba en fraude a la Ley.
IV
CONCLUSIONES
De acuerdo a nuestra legislación civil una vez enajenado el inmueble por el propietario-arrendador a un tercero, la relación arrendaticia de pleno derecho continúa entre el nuevo propietario y el arrendatario, por lo que quien ya se había desprendido de la propiedad del bien arrendado no tenía cualidad e interés jurídico para intentar acciones arrendaticias contra mi mandante. En el caso que nos ocupa la demanda incoada contra mi mandante por quien ya no era propietario del bien quebranta normas de orden público y a tenor de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, los derechos en ella consagrados para beneficiar o proteger a los arrendatarios son irrenunciables y será nula toda acción, acuerdo o estipulación que implique renuncia, disminución o menoscabo de estos derechos. El juicio intentado contra mi mandante por ante el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de esta Circunscripción Judicial, a todas luces constituye un fraude procesal, pues todo los actores en el involucrados (demandante y sus apoderados), tenía perfecto conocimiento de la existencia de un nuevo dueño que por mandato legal se subrogó en los derechos del arrendador y a quien le competía exclusivamente las acciones que se derivaran del contrato de arrendamiento.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia ha definido el fraude procesal como:
"... las maquinaciones y artificios realizados en el curso del proceso, o por medio de éste, destinados, mediante el engaño o la sorpresa en la buena fe de uno de los sujetos procesales, e impedir la eficaz administración de justicia, en beneficio propio o de un tercero y en perjuicio de parte o de un tercero. Estas maquinaciones y artificios pueden ser realizados unilateralmente por un litigante, lo que constituye el dolo procesal stricto sensu, o por el concierto de dos o más sujetos procesales, caso en que surge la colusión; y pueden perseguir la utilización del proceso como instrumento ajeno a sus fines de dirimir controversias o de crear determinadas situaciones jurídicas (...) y mediante la apariencia procesal lograr un efecto determinada; o perjudicar concretamente a una de las partes dentro del proceso, impidiendo se administre justicia correctamente"

Es decir, se está en presencia de una acción dolosa, colusiva, en la que la parte actora omitió ante el Tribunal que conoció de la causa y ante el demandado, débil jurídico, señalar que el bien había salido de su patrimonio, con lo que de mala fe se arrogó una cualidad que no le correspondía, sorprendiendo mediante el engaño la buena fe del Juez y de la demandada. El dolo o fraude procesal debe, como lo dejó establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, accionarse por vía principal cuando el pleito en donde se materializó llegó al estado de sentencia y ésta quedó definitivamente firme adquiriendo la autoridad de cosa juzgada y sin que haya otra vía judicial ordinaria para atacarlo; es decir mediante la acción principal se busca la declaratoria de inexistencia o nulidad del juicio viciado con el fin de eliminar los efectos aparentes de la cosa juzgada.
En el juicio viciado por el fraude se evidencia que la actitud desleal del demandante de omitir la existencia de la venta, inclinó la voluntad de mi representada para realizar una transacción con persona que no podía disponer sobre el inmueble arrendado, y la voluntad del juzgador para obtener una sentencia favorable, materializándose una lesión a los principios de lealtad y de probidad procesal que las partes se deben en el proceso, exigidos en el texto de los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, lesión que debe ser corregida por este competente Tribunal con la declaratoria de nulidad accionada, con lo que se enmendaran los perjuicios surgidos de la actuación fraudulenta del haya demandante con fundamento en la garantía de tutela judicial efectiva prevista en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Por las razones expuestas solícito de su competente autoridad declarar con lugar la demanda interpuesta y en consecuencia, ante la probada actuación dolosa del demandante en el juicio de Resolución de Contrato que cursa por ante el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de esta Circunscripción Judicial, contenido en el Expediente No, 5.959, sentencie que la aludida demanda fue intentada en fraude a la ley en razón de no tener el accionante el carácter de propietario del bien arrendado con que actuó en dicho juicio, por haberlo enajenado a la ciudadana THAIS MARGARITA LEDEZMA DÍAZ; que en razón del fraude procesal que impidió la correcta administración de justicia, son nulos de toda nulidad los actos procesales contenidos en el expediente, especialmente la transacción celebrada el día 6 de Abril de 2006 e inejecutable la sentencia que homologó la transacción, proferida por el mencionado Tribunal en fecha 7 de Abril de 2006; y que el co-demandado DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES no tiene cualidad e interés para continuar actuando en el expediente No, 5.959 mencionado, por no ser propietario del bien arrendado, condenándose en costas a la parte perdidosa.

CAPÍTULO VII
OBSERVACIONES A LOS INFORMES

La parte actora presentó las siguientes observaciones:

La parte demandada pretende confundir al Tribunal cuando bajo el segundo considerando de los informes dice que la acción interpuesta contra mi mandante para poner término al arrendamiento, lo fue mediante el apoderado judicial de DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, en su condición de arrendador, omitiendo deliberadamente que para el momento de intentar la acción ya no era propietario del bien y por consecuencia había perdido la cualidad de arrendador.
En el tercer considerando insiste nuevamente en la intención de sorprender la buena fe del sentenciador pretendiendo que la transacción celebrada por mi representada en el proceso arrendaticio, la que fue debidamente homologada por el Tribunal de la causa, no vulnera el orden público, ni transgrede ninguna disposición legal, ni viola el derecho a la defensa e igualdad de las partes, pues habría sido suscrita en forma voluntaria y que expresamente se habría reconocido en el libelo la legalidad de la transacción.
Olvidó la parte demandada que un argumento inequívoco de la existencia del fraude es que la demandada en aquel proceso desconocía que DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES se había desprendido de la titularidad del bien, el que ya tenia un nuevo propietario, circunstancia que de haberse conocido en tal oportunidad la actuación y defensa de la demandada habría sido de otra naturaleza.
En el cuarto considerando dice la parte demandada que los testimonios rendidos por los testigos promovidos por la parte actora, deben ser desestimados el CARLOS EDUARDO YANCE por ser un testigo inhábil por ser trabajador y dependiente de la demandante, lo que le haría tener interés en las resultas del proceso; por ser testigo referencial, por no conocer al co-demandado DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES y porque de su testimonio no se evidencia que dicho demandado haya incurrido en fraude procesal. Al respecto ha de señalarse que en cuanto a la inhabilidad del deponente no existe en la Ley Adjetiva (artículos 477 al 480 del Código de Procedimiento Civil) disposición que señale que el empleado no pueda ser testigo en la causa patrocinado por su patrono, salvo en el caso del sirviente doméstico y anda hace constar que la relación de dependencia encuadre en dicha figura laboral. El hecho de no conocer al co-demandado DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES no impide que tenga conocimiento de los hechos y claramente refirió tener conocimiento de la persona a quien se le cancelaban los cánones de arrendamiento, que es otro de los argumentos esgrimidos como fundamento del fraude y con lo que se demuestra que efectivamente mi mandante continuó cancelando las pensiones arrendaticias a NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ, que es la persona que representaba al propietario ante la institución escolar y que no se puso en conocimiento a la actora de la enajenación del inmueble.
En cuanto al testigo FRANCISCO ANTONIO PÉREZ CONDE, tampoco existe una norma que inhabilite como testigo a quien sea representante de un alumno que curse estudios en el colegio que funciona en el inmueble, ni que ello implique que por esa circunstancia se tenga interés en las resultas de un proceso.
Independientemente de lo que puedan aportar dichos testimonios en el juicio, la prueba documental traída a autos, no impugnada, tachada o desconocida es suficiente para demostrar la actitud dolosa de los aquí demandados, quiénes utilizaron los Órganos de Administración de Justicia para obtener un provecho injusto en perjuicio y agravio de la aquí parte actora.
En el quinto considerando y en relación a la prueba documental promovida por la parte actora en fecha 19 de enero del año en curso, dice que ella no prueba que DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES haya incurrido en fraude procesal y que por el contrario de ella se evidencia que el co-demandado, mediante su apoderado judicial, le recordó la entrega del inmueble conforme a lo convenido el 6 de abril de 2006, prueba con la que se estaría reconociendo de nuestra parte la validez y legalidad de la transacción que da origen al fraude procesal. En relación a esta prueba después de que pretende hacerla valer en su favor, manifiesta que no tiene valor probatorio porque son copias certificadas de copias simples, lo que implica una contradicción pues si se trata de un aprueba irregular no puede arrojar valor probatorio a favor o en contra de ninguna de las partes. La aceptación de que dicho documento es real y que emanó de la parte que representa, permite afirmar que dicho documento contribuye a demostrar de manera verás que DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, a pesar de haber vendido el inmueble arrendado, continuó comportándose ante la arrendadora como si siguiere siendo su propietario. Basta para ello con comparar la fecha de enajenación del inmueble con la del documento en referencia.
Demuestra además que para el momento de celebrarse la transacción, DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES no había notificado o dado a conocer a mi mandante la enajenación del inmueble, lo que generó que ésta incurriere en el error de creer que estaba pactando con quien tenía disposición del bien, pues de haber conocido la venta jamás habría celebrado la aludida transacción.
En el último considerando expresa la parte demandada que ninguno de sus argumentos para rechazar el fraude procesal fue desvirtuado por la parte actora, por cuanto es "LEGALMENTE IMPOSIBLE, con sujeción plena a derecho, por denuncia de un presunto FRAUDE PROCESAL, INVALIDAR, un CONVENIMIENTO O TRANSACCIÓN QUE FUE DEBIDAMENTE HOMOLOGADO, por el Juez que conoció de esa AUTO COMPOSICIÓN PROCESAL, por cuanto la misma no fue contraria a derecho ni se violó el derecho a la defensa..." (Resaltado del escrito). Es falso ciudadana Juez que nos e hayan desvirtuado los fundamentos plasmados en la contestación de demanda ni que por denuncia de un fraude procesal se pueda invalidar un convenimiento o transacción debidamente homologado, pues en nuestro escrito de informes se hizo una exposición clara y detallada del porqué los argumentos de defensa no enervan la pretensión accionada, como se evidencia del resumen que de seguida se hace.
II
En el libelo de demanda se expresó cronológicamente como ocurrieron los hechos y se hizo un análisis de la forma como se materializó el fraude procesal, documentando cada uno de los alegatos fundamento de la acción. Se dijo que se celebró una transacción con el apoderado judicial del demandante cuando para tai fecha ya había vendido a través de su apoderada el inmueble arrendado a la co-demandada THAIS MARGARITA LEDEZMA DÍAZ, en fecha 21 de Diciembre de 2005, por lo que ya no tenía cualidad e interés para intentar la acción inquilinaria en contra de mi mandante y menos aún, suscribir la referida transacción; que la enajenación del inmueble jamás le fue notificada a la arrendataria a pesar de asistirte el derecho de preferencia para adquirirlo, por lo que desconocía la existencia de un nuevo propietario, al extremo que continuó cancelando los cánones de arrendamiento a la apoderada del original propietario, NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ, quien continuó actuando como si fuese la mandante del verdadero propietario, demostrado con la prueba documental anexada al libelo de demanda: a) Demanda arrendaticia y sus posteriores actuaciones; b) Poder otorgado a los abogados MIGUEL ANTONIO CÁRDENAS y GABRIEL ALBERTO OVIEDO en fecha 6 de Marzo de 2006 para accionar la terminación del arrendamiento: c) Notificación que a través de la Notaría Pública se le hiciera a la actora recordándole el vencimiento de la relación arrendaticia.
El vendedor al desprenderse de la propiedad del bien no podía arrogarse la condición de arrendador por imperativo del contenido del artículo 1.604 del Código Civil que establece que aún cuando se enajene el bien, subsiste el arrendamiento por el tiempo fijado en el contrato; y del artículo 1.605 que prevé que si el comprador quiere despedir al arrendatario a la expiración del término del contrato, debe hacerle oportuna participación, por lo que quien debía notificar la no renovación del contrato era la compradora, dispositivo que está plasmado también en el artículo 20 del Decreto Ley sobre Arrendamientos Inmobiliarios. La transacción que da origen a la acción de Fraude Procesal, se celebró con quien no tenía capacidad para comprometer a la nueva propietaria y quien deliberadamente omitió ante el Tribunal la enajenación del inmueble, violentando el principio legal establecido en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil que establece que nadie puede hacer valer en juicio un derecho ajeno; y el del artículo 16 del mismo Código que exige que para proponer la acción, el actor debe tener interés jurídico actual. Elementos del fraude son los siguientes recaudos probatorios:
1) NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ al otorgar el poder a los abogados para intentar la acción arrendaticia, acreditó su cualidad de apoderada con el poder que a ella había conferido DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, a sabiendas que éste ya no era propietario del bien;
2) En la demanda de resolución de contrato, el apoderado actor indica que su representado es el legítimo propietario del inmueble arrendado, cuando éste ya lo había enajenado;
3) La transacción la suscribe en nombre del accionante el abogado MIGUEL ANTONIO CÁRDENAS, quien es el mismo que redactó y visó el documento de compraventa, por lo que conocía que su representado no tenía cualidad jurídica para accionar;
4) Las actuaciones posteriores a fa transacción realizadas por la señora NEDDA LEDEZMA en el expediente, diciéndose apoderada del propietario DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, especialmente las relativas a la ejecución de la transacción, no obstante haberse denunciado ya el fraude.
Todo lo indicado anteriormente está demostrado documentalmente en el expediente, a través de documentos públicos que no fueron impugnados ni tachados de falsos, adquiriendo pleno valor probatorio de la verdad de los hechos alegados.
Con respecto a la defensa de la parte demandada se dijo que existe una confesión que NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ, en nombre de DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, otorgó el poder para demandar la resolución del contrato de arrendamiento; que el apoderado constituido por ella omitió deliberadamente la venta del bien y que ello fue la causa de suscribir con él la transacción, obviamente homologada por desconocer el Tribunal de la causa y mi representada la enajenación del bien.
Se rechazó que NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ si tuviere cualidad e interés para intentar la acción, y que se le hubiere reconocido al no oponer en el juicio de resolución de contrato de arrendamiento la cuestión previa pertinente, lo que mal podía hacerse si para la oportunidad e que debió contestarse la demanda se desconocía la enajenación, y se rechazó que NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ en la causa inquilinaria hubiere ejercido un derecho propio de su representado por haberse desprendido de la titularidad del bien. Igualmente se argumentó que en casos como el que nos ocupa, de acuerdo a sentencias vinculantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la acción pertinente es por fraude procesal precisamente para enervar las consecuencias de la cosa juzgada que nació a consecuencia de la actitud ilícita de una de las partes del proceso, que fue lo que influyó para la celebración del convenio y posterior decisión del Juez, y que evidencia que DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES actuó en fraude a la Ley.
En los informes presentados por quien suscribe se resaltaron las incongruencias de la defensa, lo que es un verdadero rechazo a su pretensión, alegándose que la tarea de la Juez es dilucidar si el demandante tenía la capacidad legal para intentar tal acción y si en ella se produjo un fraude procesal; que la parte demandada no contradijo como lo establece el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil la pretensión accionada, falta de rechazo que equivale a aceptación, además que el fraude está acreditado en el expediente a través del documento público de compraventa y demás documentos promovidos no impugnados ni tachados por la demandada.
En cuanto a la legalidad de !a transacción invocada por la parte demandada, se argumentó que conforme al artículo 1.714 del Código Civil, debe tenerse capacidad sobre las cosas comprendidas en la transacción, y que la celebrada por quien no puede disponer de la cosa, es absolutamente nula por encuadrar en el segundo supuesto del artículo 1.723 ejusdem. En resumen, el fraude surge porque DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES no podía intentar la acción por no ser ya propietario del bien, pero que al hacerlo y obtener en el juicio mediante engaño un convenio judicial al que se le impartió el carácter de sentencia definitivamente firme, sorprendió en su buena fe al Tribunal y a la contraparte al omitir deliberada y maliciosamente la existencia de la venta.
En contra de los argumentos explanados en los informes de la parte demandada, ratifico en un todo los vertidos en los informes por mi presentados, en los que - repito - se contradijo cada uno de los alegatos de defensa, abundando en la normativa jurídica relacionada con le hecho.

La parte demandada presentó las siguientes observaciones:

PRIMERA: Ciudadana Juez, en los INFORMES, la Par¬te Actora, informante, en el escrito de INFORMES, en varios “pasajes” se refiere a la co-demandada THAIS MARGARITA LEDEZMA DÍAZ y asi mismo, se refiere al co-demandado DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLI¬VARES; pero en él escrito de DEMANDA, no se demanda a dos (2) co¬demandados (pluralidad dé sujetos pasivos), pues obsérvese que so lo se demanda a Douglas Enrique Pirela Olivares (nuestro Poderdante) y asi debe ser decidido en Sentencia Definitiva.
SEGUNDA: Dice la parte Actora, en el mismo escri¬to de INFORMES, al vuelto del folio 154, ..“que la señora NEDDA CELINA LEDEZMA DÍAZ, pudiere continuar representando a su poderdante; lo que no podía era abrogarse la representación de la nue¬va propietaria (?) sin la debida autorización, por lo que no estaba facultada legalmente para actuar en nombre del nuevo propieta¬rio”... Ciudadana Juez, NEDDA LEDEZMA DÍAZ, ni en este proceso ni en ningún otro, se ha "abrogado" la representación del nuevo pro¬pietario (presumimos que se refiere a la ciudadana THAIS MARGARI¬TA DEDEZMA DÍAZ) por lo que no es cierto, que la aquí demadante Mireya del Carmen Rivas Quintero) por la presunta Acción de Fraude Procesal, "convino en un término del contrato con quien no tenía capacidad para comprometer a la nueva propietaria" y más adelante, al vuelto del citado folio (154) ... "por lo que el juicio cuya nulidad se persigue a través de la acción aquí propuesta está afectado de nulidad absoluta"...
Ciudadana Juez de lo transcrito, se evidencia una contradicción de lo que se pretende en este proceso, a saber: A) Nulidad del CONVENIMIENTO TRANSACION) CELEBRADA EN EL EXPEDIENTE N* 5.959 en fecha 06 de Abril de 2.006, debida y legalmente HOMOLOGADA por él Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de esta misma Circunscripción Judicial, lo que referimos en el escrito de Contestación a la Demanda; B) Acción de "nulidad de Juicio o C) Acción por un presunto FRAUDE PROCESAL presuntamente cometido por nuestro poderdante DOUGLAS ENRIQUE PIERELA OLIVARES en perjuicio de la demandante MIREYA DEL CARMEN RIVAS QUINTERO.
TERCERA: Insistimo en que la estimación de la demanda, es exagerada lo que argumentamos amplia y suficientemente, con medios probatorios que cursan en los Autos; con docurnentos que la misma Parte Actor a acompaño al escrito de Demanda Cabeza de Autos. Es cierto, como lo indica la parte INFORMANTE, que para la estimación de la cuantía debe aplicarse el conteni¬do del artículo 38 (del Código de Procedimiento Civil); esto es cierto, y asi lo señala el encabezamiento del citado artículo; pero en el caso de Autos, debe aplicarse el primer y único aparte de ese artículo, lo que omite maliciosamente la INFORMANTE en el escrito de INFORMES que motivan estas CONCLUSIONES, por lo que como punto previo a la Sentencia, solicitamos que la estimación hecha por la parte actora, es exagerada y en consecuencia se fije en el monto señalado por la parte demandada es decir por la representación que ejercemos en nombre de DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, EN EL ESCRITO DE CONSTESTACION A LA DEMANDA .
CUARTA: Dice la INFORMANTE, en el Capitulo III, numeral SEGUNDO, “No existe contradicción (lo que es realmente cierto) en cuanto a la existencia de la Acción de Resolución de contrato de arrendamiento contenida en el expediente numero 5.959 y que ella fue intentada por el original propietario DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES por lo que el objeto del contradictorio está en dilucidar si el demandante tenia capacidad legal para intentar tal acción y si en ella se produjo un fraude procesal.
A este respecto, señalamos que el demandante sí tenia capacidad legal, para intentar la Acción de Resolución de contrato de arrendamiento (confunde capacidad legal con cualidad jurídica) cualidad que sí tenía como lo argumentamos en el escrito de contestación a la demanda. Igualmente señalamos que nues¬tro poderdante DOUGLAS ENRIQUE PIRELA OLIVARES, no incurrió en FRAUDE PROCESAL, en su beneficio o en perjuicio de la aquí demandante (MIREYA DEL CARMEN RIVAS QUINTERO), como fue suficientemente analizado en el escrito de contestación a la demanda, cabeza de Autos; por lo cual sí tenía capacidad para transigir, como lo indica el artículo 1.714 del Código Civil.
La misma parte INFORMANTE, en el mismo numeral SEGUNDO, expone “El artículo 1.146 del Código en último término ci¬tado, establece que aquel cuyo consentimiento haya sido dado a consecuencia de un error excusable, puede pedir la nulidad del contrato y el artículo 1.147, establece que el error en derecho produce la nulidad del contrato. Esas citas son ciertas, pero es el caso, Ciudadana Juez, que en esta causa NO SE ESTA DEMANDANDO NULIDAD DE CONTRATO ALGUNO, SI NO LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN FRAUDE PROCESAL, lo que nuevamente rechazamos.
CAPÍTULO VII
DECISIÓN EXPRESA, POSITIVA Y PRECISA
CONFORME A LA ACCIÓN DEDUCIDA

Previamente a la decisión de fondo de la presente causa, pasa este Tribunal a pronunciarse sobre la defensa opuesta por la representación judicial de la parte accionada, cuando expresa:

(…) argumentamos, que si la sentencia producto de la homologación, estaba afectada de "nulidad absoluta" y por ser una Sentencia Definitivamente Firme y con carácter de cosa juzgada, por presentar o incurrir presuntamente en alguno de los supuestos señalados en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, debió haber intentado Acción de nulidad de Sentencia y no la Acción por un "Presunto Fraude Procesal" y así debe ser decidido en Sentencia que ha de ser dictada en este juicio. La Sentencia producto de la HOMOLOGACIÓN DE LA TRANSACCIÓN NO ES INEJECUTABLE, como lo señala la parte actora, SI ES EJECUTABLE, por cuanto la misma NO ES CONTRADICTORIA, ESTA CLARAMENTE ESTABLECIDO LO DECIDIDO Y NO ES CONDICIONAL, lo cual igualmente debe ser decido en Sentencia Definitiva (…) (resaltado del Tribunal).

Sobre tal alegato, considera pertinente esta Juzgadora traer a colación el criterio sostenido por el excelentísimo Dr. Guillermo Blanco Vázquez, Juez Titular del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, en su Sentencia N° 35, Expediente N° 6515-09, de fecha: 28/05/2009, caso AGRO REPUESTOS M.M., C.A – Vs. RUTH ANGELINA RIANI TROCONIS, juicio de RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE VENTA. RESERVA DOMINIO; en la que se recoje interesante doctrina y jurisprudencia relativa a la cosa juzgada y cómo debe ser atacado el FRAUDE PROCESAL, en lo siguientes términos:
…omissis…
El concepto de Cosa Juzgada, deviene del propio Digesto Romano, cuando señalaba: “Res iudicata pro veritate accipitur”, que significa: “La Cosa Juzgada se tiene por verdad”. Muchos Códigos Adjetivos, siguiendo los parámetros del Digesto, procedieron a definirla. Ejemplo de ello, es el Código Federal de Procedimientos Civiles de la República de México, cuyo artículo 354, expresa: “ La cosa Juzgada es la verdad legal y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente determinados por la Ley.”. (ángel Ascencio Romero. La Cosa Juzgada, un tema para reflexionar. Ed Trillas. México, 2006, pág 9).
Sin duda, el enunciado cosa juzgada, - siguiendo al Maestro E.J.COUTURE (Fundamentos de Derecho Procesal. Ed. De palma Buenos Aires, Argentina, 1957, Pág. 123), proviene de dos (02) términos: Cosa: que significa objeto y, Juzgada: participio del verbo juzgar, califica a: “ lo que ha sido materia del juicio”. Vale decir, que es la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existe contra ella medios de impugnación o acciones que permitan modificarla. Nuestra Sala Social, en una interesante sentencia (Sentencia N° 084 del 17/05/2001, con ponencia del Magistrado Dr. OMAR MORA DÍAZ), ha expresado que la cosa juzgada es: “ … una institución de derecho procesal civil, que evita un nuevo pronunciamiento sobre una sentencia definitivamente firme, en virtud de la existencia de un mandato expreso, inmutable e inmodificable de un juez, evitando así la inseguridad jurídica que produciría una nueva decisión sobre una materia ya decidida …”. En nuestro País, la propia Carta Política de 1999, define a la cosa juzgada como parte del debido proceso constitucional, establecido en el artículo 49, ordinal 7, cuando desarrolla el principio del non bis in idem, que se escudriña desde el punto de vista adjetivo, en el Código de Procedimiento Civil, específicamente en sus artículos 272 y 273, que expresan:
Art. 272.- “Ningún Juez podrá volver a decidir la controversia ya decidida por una sentencia, a menos que haya recurso contra ella o que la ley expresamente lo permita.”
Art. 273.- “La sentencia definitivamente firme es ley de las partes en los límites de la controversia decidida y es vinculante en todo proceso futuro.”
Tal normativa nos revela la existencia de una doble identidad de la cosa juzgada, por un lado, la cosa juzgada material, que se irradia hacia el exterior, al vedar a las partes la incoación de un nuevo proceso que verse sobre las mismas partes, el mismo objeto y, las misma acción; y, por otro lado la cosa juzgada formal, la cual se manifiesta dentro del proceso al hacer inimpugnable o inatacable la decisión, vale decir, consiste en la preclusión de las impugnaciones. Para referirnos a ésta trascendental diferencia, es conveniente traer a colación, - nuevamente -, lo expresado por el procesalista Uruguayo EDUARDO. J. COUTURE (ob cit supra), cuando señaló: “ …Por un lado se ofrece al intérprete la situación de que determinadas decisiones judiciales tienen, aún agotada la vía de los recursos, una eficacia meramente transitoria. Se cumplen y son obligatorias tan solo con relación al proceso en que se han dictado y al estado de cosas en que se tuvo en cuenta en el momento de decidir; pero no obstan a que en un procedimiento posterior, mudado el estado de cosas que tuvo presente decidir, la cosa juzgada pueda modificarse. Existe en cambio, cosa juzgada sustancial (material), cuando a la condición de inimpugnable en el mismo proceso, se una la inmutabilidad de la sentencia aun en otro juicio posterior …” En la perspectiva que aquí se adopta, pueden verificarse las diferencias entre cosa juzgada material y cosa juzgada formal, siendo que, la cosa juzgada material goza de la perpetuidad del fallo, es inmutable. Importa y por muchas razones establecer que la cosa juzgada material, debe generarse de un acto con validez, es decir con el contenido de los requisitos de un fallo (Art. 243 Código de Procedimiento Civil); debe ser definitivo, vale decir, no sujeto a medios de gravamen o impugnación; debe gozar de ejecutoriedad, que conlleva la posibilidad inmediata de pedir su ejecución y, debe tener la característica de la perpetuidad, no puede estar sometida a cambios posteriores. La cosa Juzgada formal, no goza de ese elemento de perpetuidad.
En la República Bolivariana de Venezuela, se encuentra el germen de la cosa juzgada formal, cuando la Corte, en fecha 19 de noviembre de 1924, afirmó lo siguiente: “ … Se arguye que los interdictos no producen cosa juzgada; si, es verdad, que éstos no la producen en cuanto al fondo o materia del juicio, desde luego que el mismo asunto puede volver a controvertirse por la vía del juicio ordinario …” (G. MANRIQUE PACANINS, Jurisprudencia y Crítica de la Doctrina de la Casación Venezolana. Vol I, pag 139, N°12). En sentencia de fecha 28 de mayo de 1957, nuevamente es sugerido el concepto de cosa juzgada formal, al establecer la Corte lo siguiente: “ … la sentencia en los juicios interdictales no ampara a perpetuidad la situación creada por ellas, es decir, que el victorioso en esos juicios no puede ser molestado con nuevas acciones recíprocamente el perdidoso lo es para siempre sin poder promover con posibilidad de éxito nuevas acciones posesorias…”(G.F. N° 16, 2da etapa, pág 128). Según MARQUEZ AÑEZ, LEOPOLDO (Estudios de Procedimiento Civil. N° 26, editorial jurídica venezolana, Caracas, 1985, pág 168 y ss), la casación no había incorporado todavía en su doctrina la distinción entre las dos (02) categorías de cosa juzgada, pues los escasos fallos sobre la materia apenas se limitan a sugerir una noción de cosa juzgada formal, especialmente para dar solución con ello, a un punto práctico relacionado con la eficacia de los fallos en materia interdictal.
Es en una sentencia del 12 de diciembre de 1960, cuando por primera vez la Casación tomó en cuenta la distinción entre cosa juzgada formal y material, a propósito de la ejecución de una sentencia de divorcio en materia de exequátur.
En el caso de autos, el fallo dictado por el Aquo, en forma perentoria, relativo a la pretensión del Actor, de fecha 08 de abril de 2008, goza de las características de la Cosa Juzgada Material, de conformidad con lo establecido en el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, Ahora bien, ¿Cuál es la posición del Juez, frente a esa Cosa Juzgada?. Frente a la Cosa Juzgada, tal cual lo expresa el Doctrinario Venezolano DOMINGO JAVIER SALGADO RODRIGUEZ (La Excepción de Cosa Juzgada. Ed Jurídicas Rincón. Barquisimeto, 2003, pág 99), como materia de orden público, el Juez está en la obligación de no pronunciarse nuevamente sobre lo ya decidido, en sentencia anterior. Para DEVIS ECHANDÍA (Teoría General del Proceso. Tomo II, pág 561): “ … cuando a la sentencia se le otorga el valor de cosa juzgada, no le será posible al Juez revisar su decisión …”. Y ello, en virtud de su característica de Ininpugnabilidad, que como acertadamente ha reseñado nuestra Sala Constitucional, en fallo de fecha 06 de diciembre de 2002, N° 02-0633, con ponencia del Magistrado Dr. JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, según la cual la sentencia con autoridad de cosa juzgada no puede ser revisada por ningún Juez, salvo que, otro Juez pueda abrir un nuevo proceso donde se ataque esa inmutabilidad, de la cual goza la cosa juzgada. La prohibición de revisión de un fallo con característica de cosa juzgada, se concibe fundamentalmente, en el principio básico de que: Los Juicios sólo deben realizarse una única vez. Relativo a una prohibición de reiteración de juicios. Ese fue el postulado de la época de Hammurabi, ese era el postulado del Derecho Romano y, ese sigue siendo el postulado en nuestra era. La razón de ello, es muy evidente y, puede resumirse de éste modo: “La Seguridad Jurídica”. La jurisdicción existe para dar fijeza y seguridad a las relaciones humanas conflictivas. Por esas razones, siguiendo a autores de la talla de JORDI NIEVA FENOLL (La Cosa Juzgada. Ed Atellier. Barcelona, España, 2006, pág 120), nos atrevemos a decir, sin dificultad, que la cosa juzgada permite esa necesaria seriedad en las relaciones jurídicas, seriedad que, no es sino un corolario de la seguridad jurídica. Ante esa seriedad, la Juez Aquo, no podía, a través de una incidencia del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, revocar su propio fallo con fuerza de cosa juzgada, pues se violentaría la seguridad jurídica.
Sin embargo, hay acciones que pueden intentarse contra fallos que adquirieron el carácter de cosa juzgada, como es el caso en México de la: “ACCIÓN DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO POR FRAUDE PROCESAL”. Que puede ser intentada contra el fallo que goza de Cosa Juzgada, pero nunca, ante el propio Juez que dictó el fallo para que anule su decisión. En el caso Venezolano, hasta el año de 1999, nuestra extinta Sala de Casación Civil, no permitía la posibilidad del ejercicio de una acción autónoma que atacara la Cosa Juzgada, construida sobre pies fraudulentos. Así, en Sentencia de fecha 17 de marzo de 1999, la Sala de Casación Accidental, (Caso: M. Cannizaro contra C. López), con ponencia del Magistrado Accidental Dra. LOUDES WILLIS RIVERA, se señaló que: “ … no cabe acción civil autónoma por fraude procesal que se dice en varios procesos …”. Pues en criterio de esa Corte, interpretando el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, que expresa: “El Juez deberá tomar de oficio o a petición de parte, todas las medidas necesarias establecidas en la ley, tendentes a prevenir o a sancionar las faltas a la lealtad y probidad en el proceso, las contrarias a la ética profesional, la colusión y el fraude procesal, o a cualquier acto contrario a la majestad de la justicia y al respeto que se deben los litigantes.”. Con la inclusión de esa previsión, lejos de consagrar una acción autónoma, lo que hizo el legislador fue ratificar en cabeza del Juez como rector del proceso, la obligación de velar por el cumplimiento estricto de los principios de lealtad y probidad que debe caracterizar la actuación de las partes dentro del proceso. Siendo de destacarse, que la extinta Corte, ni siquiera llegaba a definir la existencia del fraude o colusión, como parte de la lealtad y probidad procesal. Es decir, que en casos de fraude a través de una multiplicidad de procesos, en colusión, no podía intentarse una acción que le permitiera a las partes y al Juez desmontar el fraude. Tampoco podría intentarse una acción contra el fraude, si el proceso concluía con un fallo con carácter de Cosa Juzgada.
No es sino a partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de Diciembre de 1999, cuando se establecen unas verdaderas Garantías Jurisdiccionales que permiten a nuestros Magistrados, bajo el amparo de la interpretación de una Constitución sobrevenida a la Ley Procesal, el escudriñar, las viejas prácticas de fraude, colusión, simulación, abuso de derecho y dolo procesal.
En efecto, a través de fallo de fecha 04 de agosto de 2000 (Caso: Innata C.A., en Amparo), Sentencia N° 910, nuestra Sala Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, apertura un extenso análisis sobre las posibilidades de escudriñar esas maquinaciones y artificios realizados en el curso de un proceso, o por medio de éste, destinados, mediante el engaño o la sorpresa en la buena fe de uno de los sujetos procesales, a impedir la eficaz administración de justicia, en beneficio propio o de un tercero y en perjuicio de parte o de un tercero.
Todas estas conductas anulan los juicios en que se lleven a cabo, inclusive en aquellos procedimientos en que existan fallos que gocen de la Cosa Juzgada.
Sin embargo, es fundamental establecer que dependiendo de la forma en que se desenvuelve el fraude, va a variar la sustanciación del Iter Adjetivo, para develar esas maquinaciones. Mutatis mutandi, no todas las denuncias de fraude procesal, pueden sustanciarse de forma similar. (resaltado del Tribunal).
El Fraude Procesal, puede tener lugar dentro de un proceso y, estaríamos en presencia de lo que la Doctrina Constitucional denomina “Endoprocesal”, dentro del propio juicio. En el presente caso, existe la ventaja de que el fraude procesal puede detectarse y probarse en el propio proceso; por lo que el Juez puede de manera Oficiosa – Inquisitiva, por efecto de los artículos 17 y 11 del Código de Procedimiento Civil, decretar la existencia del fraude. Dentro de éste supuesto endoprocesal, podría darse el caso, de la manifestación in lite, por una de las partes, de la existencia de un fraude procesal, teniendo el Juez que abrir obligatoriamente, la incidencia del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, para que se conteste tal pretensión incidental y se apertura a pruebas a los fines de verificar la existencia del alegato.
Otra situación distinta surge, cuando el Fraude Procesal, se origina en procesos distintos, denominado también Fraude Colusivo, el cual, por cuanto existen varios procesos, donde quizás las partes, inclusive, varíen, hay que interponer una acción contra todos los colisionados, ya que es imposible pedir la declaración del fraude en cada proceso por separado. Allí, la Acción es autónoma de Fraude Procesal y, se sustancia a través del Código de Procedimiento Civil, que expresa: “Las controversias que se susciten entre partes en reclamación de algún derecho, se ventilarán por el procedimiento ordinario, sino tienen pautado un procedimiento especial.” Y, cuya finalidad es la nulidad de esos juicios en colusión, creados por medio de artificios, que vienen a crear todos ellos, una unidad fraudulenta.
Pero otra situación totalmente distinta acaece, cuando en el Juicio, ya se obtuvo un fallo pasado por autoridad de Cosa Juzgada, como es el caso de autos. Por lo cuál cabría preguntarse: ¿Podría abrirse la incidencia del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, en ejecución de sentencia? Evidentemente que no, pues ya existe un fallo con carácter de cosa juzgada y, el propio Juez, ya no podría anular su proceso. Solamente puede aperturarse la incidencia del artículo 607 eiusdem, en la sustanciación del Iter procesal de cognición, no de ejecución. ¿Podría intentarse una acción ordinaria de fraude procesal? Evidentemente no, pues ya existe una sentencia con carácter de cosa Juzgada, que no puede ser destruída en su inmutabilidad, a través de un Juicio Ordinario. ¿Cuál sería entonces la acción correspondiente cuando se pretende se declare el fraude procesal en un juicio que cuyo fallo goza de Cosa Juzgada, como acurre en el caso de autos?. La Acción Autónoma de Amparo Constitucional por Fraude Procesal. La cosa Juzgada proveniente de un supuesto falso proceso, puede ser anulada, aún bajo la característica de la inmutabilidad de la cosa juzgada. Todo ello como consecuencia de haber sido obtenida a través de un proceso fraudulento. La sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada, - como reiteradamente lo ha expresado nuestra Sala Constitucional -, la dicta el Estado. Es decir, el fallo del Aquo, de fecha 08 de abril de 2008, la dictó el Estado y, al quedar en entre dicho esa autoridad, ante la impugnación del tercero interviniente, quien alega que es producto de un fraude procesal, el legislador no ha querido que ella pierda su valor mediante un juicio ordinario ó, con una incidencia del artículo 607 del Código Adjetivo Civil, todo ello a los fines de mantener la seguridad jurídica que produce la cosa juzgada y que, - en principio -, debe ser sostenida. Por ello, al generarse la cosa juzgada, en un proceso presuntamente fraudulento, la vía procesal es el Amparo Constitucional, único capaz de eliminar los efectos de los aparentes, - aunque inexistentes-, procesos. La única manera, de atacar el fraude procesal, para restablecer la situación jurídica infringida con la supuesta farsa, en los casos de juicios con sentencias que gozan de la cosa juzgada, a pesar de sus limitaciones probatorias, es el Procedimiento de Amparo Constitucional. (resaltado y subrayado del Tribunal).
Estas Acciones de Amparo, que atacan la cosa juzgada, serán dirigidas contra las personas fraudulentas (los colisionados), y contra el Estado (Juez que pronunció el fallo), con el fin de que éste defienda las sentencias que han adquirido autoridad de la cosa juzgada y que emanan de él.
En muchas oportunidades hay que armonizar principios y normas constitucionales que entre sí se contraponen. La seguridad jurídica que garantiza la institución de la cosa juzgada, se enfrenta a la violación del orden público y de las buenas costumbres, siendo necesario para el juez determinar cuál principio impera y, en relación con el amparo constitucional que debe ser incoado en los casos in comento, es necesario ponderar valores antagónicos. Por ello, el Juez como intérprete debe conciliar estos principios y normas contradictorias y de allí que, en aras de la seguridad jurídica que emerge de la cosa juzgada, y que evita, como supra se señaló la existencia de una litis perenne, y para armonizar tal principio con la protección del orden público, lo legítimo es considerar que en estos casos procede, - a pesar de sus limitaciones -, la acción de amparo constitucional contra el o los procesos fraudulentos que producen cosa juzgada. (resaltado del Tribunal).
Así, nuestra Sala de Casación, en forma por demás reiterada, ha venido expresando: “…Ahora bien, ante la seguridad jurídica garantizada por la institución de la cosa juzgada, a la par del resguardo del orden público, ambos como principios y normas constitucionales, resulta menester la armonía de uno y otro sin el menoscabo de tales preceptos fundamentales. De allí, que cuando la denuncia de un fraude procesal ocurra en un proceso en el que existe una decisión con autoridad de cosa juzgada, procede la solicitud de amparo constitucional contra el proceso que originó tal decisión, en aras del resguardo del orden público…” (Sentencia de la Sala Constitucional del 12 de junio de 2001, con ponencia del Magistrado Dr. IVÁN RINCÓN URDANETA, N° 1002). (resaltado del Tribunal). Reiterada en fallo de esa misma Sala, donde se señaló: “…Es necesario aclarar que también ha sido criterio de esta Sala que, en virtud de la brevedad de cognición que presupone el proceso de amparo constitucional, lo cual se refleja en la reducción del término probatorio, ante el previsto en el juicio ordinario, es ésta última vía el medio idóneo para ejercer la acción de fraude procesal, toda vez que este proceso requiere de la exposición de los alegatos y pruebas tendentes a demostrar su existencia, lo cual, no se corresponde con un proceso tan breve como lo es el de amparo constitucional. Sin embargo, también ha dicho que cuando la denuncia de un fraude procesal ocurra en un proceso en el que exista una decisión con autoridad de cosa juzgada, resulta procedente la solicitud de amparo constitucional contra el proceso que dio origen a tal decisión, en aras de resguardar el orden público…” Sentencia de la Sala Constitucional de fecha 16 de mayo de 2002, con ponencia del Magistrado Dr. JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO. N° 941) (…) (resaltado del Tribunal).

A tenor de los criterios doctrinales y jurisprudenciales citados con antelación, los cuales esta juzgadora comparte y hace suyos, quedando claro que “…La única manera, de atacar el fraude procesal, para restablecer la situación jurídica infringida con la supuesta farsa, en los casos de juicios con sentencias que gozan de la cosa juzgada, a pesar de sus limitaciones probatorias, es el Procedimiento de Amparo Constitucional…” Por lo que resulta forzoso para este Juzgado declarar SIN LUGAR la presente acción, como así se hará en el dispositivo del fallo, haciéndose inoficioso entrar a analizar el material probatorio traído a los autos por las partes. Así se decide.

CAPÍTULO VIII
CONCLUSIONES DEL TRIBUNAL

1°) Que la acción incoada por la parte actora se trata de un presunto FRAUDE PROCESAL, fundamentado en los artículos 2, 3, 19, 21 numeral 2°, 49 numerales 3°, 4° y 8°, 115 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; Ley de Arrendamientos Inmobiliarios: 1 y 7. Código Civil: Artículos 6, 7, 8, 10, 1.138, 1.140, 1.141, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151, 1.154, 1.157, 1.159,1.160,1.169 y 1.185. Código de Procedimiento Civil: Artículos 136, 140, 150, 165, ordinales 3° y 4° y 170.
2º) Que la acción incoada por la parte actora no es la idónea para atacar el FRAUDE PROCESAL, por lo que “…La única manera, de atacar el fraude procesal, para restablecer la situación jurídica infringida con la supuesta farsa, en los casos de juicios con sentencias que gozan de la cosa juzgada, a pesar de sus limitaciones probatorias, es el Procedimiento de Amparo Constitucional…”
3°) Que por las razones que anteceden, la presente demanda en atención a los criterios doctrinales y jurisprudenciales citados con antelación, los cuales esta juzgadora compartió e hizo suyos, la presente acción debe ser declarada SIN LUGAR con todos los pronunciamientos de Ley.

DECISIÓN

Por lo anteriormente expuesto este Juzgado Segundo de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en nombre de la República Bolivariana y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: SIN LUGAR la demanda intentada por la abogada en ejercicio Leix Teresa Lobo, actuando con el carácter de co-apoderada judicial de la ciudadana Mireya del Carmen Rivas Quintero, contra el ciudadano Douglas Enrique Pirela Olivares, identificados en autos, por presunto FRAUDE PROCESAL. Así se decide.
SEGUNDO: Se levanta la Medida Cautelar Innominada, decretada por este Juzgado en fecha 30 de junio de 2009, a través de la cual SUSPENDIÓ LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, proferida por el Juzgado Tercero de los Municipos Libertador y Santos Marquina de esta Circunscripción Judicial, específicamente en la causa N° 5.959; una vez quede definitivamente firme la presente decisión. Así se decide.
TERCERO: Se condena en costas a la parte perdidosa por haber resultado totalmente vencida, conforme lo establece el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
CUARTO: Por cuanto el presente fallo fue publicado fuera del lapso legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 233 y 174, ejusdem, se ordena la notificación de las partes y/o a sus apoderados, a cuyos efectos se ordena librar las respectivas Boletas de Notificación, haciéndoles saber a los mismos que una vez que conste en autos la última Boleta de Notificación, el día hábil de despacho siguiente, comenzará a discurrir el lapso para interponer los recursos que consideren procedentes en derecho.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.

DADA, FIRMADA Y SELLADA EN LA SALA DEL JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA. Mérida, a los veinticinco días del mes de enero de dos mil once. Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.

La Juez Titular,


Abg. Roraima Solange Méndez Vivas
El Secretario,


Abg. Jesús Alberto Monsalve

En la misma fecha se publica la anterior sentencia, siendo las 10:30 a.m. Déjese copia certificada de esta Sentencia por Secretaría, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

El Secretario,


Abg. Jesús Alberto Monsalve

RSMV/JAM/gc.-