REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL PRIMERO SUPERIOR DEL TRABAJO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA
201° y 152°

SENTENCIA Nº 060
ASUNTO PRINCIPAL: LP31-O-2011-000002
ASUNTO: LP21-R-2011-000036

SENTENCIA DEFINITIVA
ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

- I -
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

PRESUNTO AGRAVIADO: JAVIER YTURBES CONTRERAS SUAREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-14.762.825, domiciliado en la ciudad de El Vigía, Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA:, Alfredo Mendoza Almario, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-12.355.065, e inscrito en el Inpreabogado bajo el número 28.068.

PRESUNTO AGRAVIANTE: CORPORACIÓN DROGUERÍA LOS ANDES C.A, inscrita por ante el Registro de Comercio llevado en la Secretaria del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil, de Menores del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial de su domicilio, en fecha 27 de febrero de 1.979, bajo el 958, Tomo II, reformada por inscripciones efectuadas ante la Oficina del Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, con Sede en la Ciudad de El Vigía, el 14 de febrero de 2006, bajo el N° 75, Tomo A-1; el 18 de diciembre de 2008, bajo el N° 42, Tomo 16-A; y el 16 de diciembre de 2009, bajo el N° 49, Tomo 21-A.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIANTE: Juan Pedro Quintero Moreno, Daniel Enrique Quintero, Rafael Ernesto Serrano, Quintero, Andrea Daniela Abreu Contreras, venezolanos, titulares de las cédulas de identidad números: V-2.458.780, V-14.401.852, V-13.014.669 y V-16.934.357, e inscritos en el Inpreabogado bajo los números: 8.345, 92.895, 81.604 y 127.793.

MOTIVO: ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL.

-II-
BREVE RESEÑA

Se recibieron las actuaciones en copias fotostáticas certificadas, las cuáles están relacionadas con el recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho Daniel Enrique Quintero Sutil, en su condición de co-apoderado judicial de la parte presuntamente agraviante, contra la decisión proferida por el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, Sede Alterna El Vigía, en fecha 25 de marzo de 2011, que declaró Con Lugar la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado Alfredo Mendoza Almario, en su condición de apoderado judicial del ciudadano Javier Yturbes Contreras Suárez, ordenando a la Sociedad Mercantil Corporación Droguería los Andes C.A., representada por el ciudadano Ángel de Jesús Ledesma Nava, reestablecer la situación jurídica infringida, y por lo tanto proceda de manera inmediata e incondicional a dar cumplimiento a la Providencia Administrativa N° 00159-2010, de fecha 30 de agosto de 2010, emanada de la Sub-Inspectoría del Estado Mérida, mediante la cual se declaró Con Lugar la solicitud de reenganche y pago de salario caídos.

La apelación fue admitida en un solo efecto, mediante auto de fecha 05 de abril de 2010 (folio 201), junto al oficio que fue distinguido con el Nº J3-039-11; recibiéndose en este Tribunal Superior, en fecha 08 de abril de 2010 (folio 206) y providenciándose de acuerdo con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, es decir, que se debe decidir dentro de los 30 días calendarios siguientes, sin audiencia, correspondiendo a las partes (en especial al recurrente) presentar los informes o defensas que hubiesen considerado pertinentes; no obstante, el 06 de mayo de 2011, (fecha en que vencía la publicación del presente fallo), este Tribunal procedió a diferir la publicación de la decisión, para dentro de los cinco (5) días hábiles de despacho, en virtud del trabajo judicial y administrativo que debe desarrollar quien suscribe, y estando dentro del lapso, se procede a publicar la sentencia, con base a las siguientes consideraciones:

-III-
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO

La parte actora, en el escrito de Amparo, expuso:

Alega el accionante en amparo, que comenzó a prestar sus servicios laborales en fecha 16 octubre del año 2007, para la sociedad mercantil denominada CORPORACIÓN DROGERIA LOS ÁNDES (CORPORACIÓN DROLANCA), como almacenista en el área de chequeo, devengando para la fecha una remuneración semanal de Bs. 260,00 mas un Bono Nocturno de Bs. 98,95, y un Bono de Indicador que oscilaba entre Bs. 280,00 y Bs. 360,00 mensual, cumpliendo un horario de trabajo de 4:30 de la tarde hasta las 12:00 a.m, de lunes a viernes; asimismo, aduce que el 16 de abril del año 2010, cuando su mandante se presentó para cumplir con sus labores ordinarias (área de chequeo de mercancía), fue llamado por la Gerente de Seguridad, para que se presentara en la Oficina del ingeniero Luís Medina (Gerente de Seguridad), presentándose en dicha oficina, comunicándole el prenombrado ciudadano que la compañía no le podía tener mas, que estaba despedido, y que pasara el 20 de de abril, por el área de Recursos Humanos para que retirara el cheque, y que le entregara el carnet.

Continúa indicando, que la acción por parte del patrono es una violación a los derechos que le asisten como trabajador, al encontrarse amparado por la Inamovilidad Laboral prevista en el artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo y el Decreto de Inamovilidad Laboral Nº 7.154, decretado por el Ejecutivo Nacional, Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 39.334, de fecha 23 de diciembre de 2009, el cual prorrogó el Decreto Nº 6.603, Publicado en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela, Nº 38.090, de fecha 29 de diciembre de 2.008, que se encuentra vigente en la actualidad; por lo que procedió a presentar la correspondiente solicitud del Reenganche y Pago de Salarios Caídos dejados de percibir en la empresa antes indicada de conformidad con lo previsto en el artículo 453 eiusdem.

De igual manera expone, que su reclamo fue declarado Con Lugar, en fecha 30 de agosto de 2.010, mediante la Providencia Administrativa Nº 00159-2.010, contenida en el expediente administrativo Nº 026-2.010-01-00038, ordenándose el reenganche y el pago de los salario caídos, que en fecha 22 de septiembre de 2.010, fue notificada la Empresa, según constancia que obra al folio 56 contenida en Expediente Administrativo Nº 026-2.010-01-00038; sin embargo, con el objeto de ejecutar la decisión dictada mediante la Providencia Administrativa, en fecha 04 de octubre de 2.010, el representante de la Inspectoría se trasladó hasta el lugar donde tiene las oficinas la Empresa accionada, no cumpliendo voluntariamente, por ende, se fijó para el veintisiete (27) de septiembre dos Mil diez (2.010) la ejecución forzosa de la providencia, siendo infructuosa tal gestión, porque el patrono se negó rotundamente a reintegrar al trabajador a su sitio de trabajo; razón por la cual, su representado se acogió al procedimiento pautado en la Ley Orgánica del Trabajo tendiente a la reincorporación a su puesto de trabajo, y tal procedimiento concluyó con la imposición de multas al contumaz, sin que ello conllevase a una efectiva solución al problema de su reenganche y el correspondiente pago de los salarios que ha dejado de percibir.

Que, la actitud asumida por la compañía CORPORACIÓN DROGERIA LOS ÁNDES C.A. (CORPORACION DROLANCA), al negarse dar cumplimiento a la Providencia Administrativa Nº 00159-2.010, contenida en el Expediente Administrativo Nº 026-2.010-01-00038, ordenando su reenganche y pago de los salarios caídos, violenta Derechos Constitucionales, en especial el derecho al trabajo establecido en el artÍculo 87 de la Carta Magna, que vulnera el derecho a la protección al trabajo a que se refiere el artÍculo 89 del mismo texto constitucional y de igual manera, el derecho a la estabilidad laboral pautado en el articulo 93 de la Constitución Nacional, y en virtud de que hasta la presente fecha no se ha llevado por dicha empresa la efectiva reincorporación a su puesto de trabajo, se mantiene vigente la situación de violación de sus derechos constitucionales.

Por otro lado, alega que su mandante es cabeza de familia y sostén de hogar, que desde el inicio de la prestación de servicios a la compañía CORPORACIÓN DROGERIA LOS ÁNDES C.A. (CORPORACION DROLANCA), solo cuenta con ese ingreso para mantener a su familia, por lo que la situación surgida le ha imposibilitado el cumplimiento del deber de asistencia, alimentación y educación a su grupo familiar, por lo cual denuncia, la violación de los derechos establecidos en el artÍculo 75 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela por parte de la CORPORACIÓN DROGERIA LOS ÁNDES C.A. (CORPORACIÓN DROLANCA).

Por lo que solicita se decrete Amparo Constitucional a favor del ciudadano Javier Yturbes Contreras Suárez, mediante el procedimiento breve y sumario previsto en la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en su articulo 13 y siguientes, que concluya en el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida, ordenando a la Sociedad Mercantil CORPORACIÓN DROGERIA LOS ÁNDES C.A. (CORPORACIÓN DROLANCA), el reenganche inmediato a su puesto de trabajo, en virtud de encontrarse amparado por la Providencia Administrativa Nº 00159-2.010 dictada en fecha Treinta (30) del mes de Agosto del año Dos Mil Diez (2.010) por la Inspectoría del Trabajo del Estado Mérida, en virtud de los medios de prueba se constituye presunción grave de la violación de los derechos constitucionales reclamados, solicitando que se decrete la restitución de la situación jurídica infringida de forma inmediata con la mayor urgencia posible.

-IV-
DE LA COMPETENCIA

Previamente, se pronuncia este Tribunal sobre la competencia para conocer del recurso de apelación formulado en la acción de amparo constitucional; para ello, resulta oportuno citar el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión N° 955, de fecha 23 de septiembre de 2010, con ponencia del Magistrado Francisco A. Carrasquero López, acerca de la competencia para conocer de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, así:

“En efecto, los órganos jurisdiccionales especializados en los conceptos debatidos en las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo (derecho al trabajo y a la estabilidad en el trabajo), sea que se trate, entre otras, de la pretensión de nulidad a través del recurso contencioso administrativo, sean las pretensiones relativas a la inejecución de dichos actos como consecuencia de la inactividad de la Administración autora o bien del sujeto obligado -el patrono o el trabajador- para su ejecución o, por último, sea que se trate de pretensiones de amparo constitucional con fundamento en lesiones que sean causadas por el contenido o por la ausencia de ejecución de dichos actos administrativos; son los tribunales del trabajo. Así se declara.

Por todo lo anterior, esta Sala Constitucional, actuando como máximo intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estima que el conocimiento de las acciones intentadas en ocasión de providencias administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo, debe atribuirse como una excepción a la norma general contenida en el artículo 259 constitucional, a los tribunales del trabajo. Así se declara.

Con fundamento en las consideraciones que se expusieron, y en ejercicio de la facultad de máximo intérprete del Texto Constitucional, esta Sala deja asentado el siguiente criterio, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República:

1) La jurisdicción competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, es la jurisdicción laboral.

2) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo y en segunda instancia, a los Tribunales Superiores del Trabajo.” (Cursivas, subrayado y negrillas de este Tribunal Superior).

Criterio ratificado por la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fallo N° 311, de fecha 18 de marzo de 2001, con ponencia de la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado (Caso: Grecia Carolina Ramos Robinson contra Instituto Universitario Politécnico Antonio José de Sucre).

Conforme a lo citado extrae esta Juzgadora que corresponde a los Órganos Jurisdiccionales en materia laboral el conocimiento de las acciones ejercidas con ocasión de providencias administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo, y por cuanto se evidencia que el caso bajo estudio corresponde a una acción de Amparo Constitucional para ejecutar la providencia Nº 00159-2.010, dictada por la Sub-Inspectoría del Trabajo, con Sede en la ciudad de El Vigía, Estado Mérida, que acordó el reenganche y el pago de los salarios caídos, a favor del ciudadano Javier Yturbes Contreras Suárez, y una vez dictada sentencia definitiva por el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 25 de marzo de 2011, la cual fue apelada por la empresa presuntamente agraviante, corresponde a este Tribunal Primero Superior del Trabajo, en segunda instancia, conocer del recurso ordinario interpuesto, por tener atribuida la competencia funcio¬nal, mate¬rial y territo¬rial de acuerdo con el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales y con el criterio parcialmente citado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y así se decide.

-V-
DE LA ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN

Una vez establecida la competencia de este Tribunal Superior para conocer del presente asunto, es imperativo emitir pronunciamiento acerca de la admisibilidad de la acción Amparo Constitucional, de acuerdo al criterio pacífico y reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a tales efectos, es de observar, que esta acción es de carácter extraordinario, por ende, su ejercicio debe ser limitado a supuestos determinados, esto es, a la violación o amenaza de violación, de manera directa, inmediata y flagrante, de derechos subjetivos de rango constitucional o los relativos a derechos humanos previstos en instrumentos internacionales, para cuyo restablecimiento no existen vías ordinarias, eficaces, idóneas y operantes.

En este orden, respecto a la acción de Amparo Constitucional, con motivo de la ejecución de providencias administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo, como es el caso de autos, la Doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, estableció que es procedente recurrir por esta vía extraordinaria; en tal sentido, y una vez revisado que el caso bajo estudio no está incurso en ninguna de las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y verificado el cumplimiento de los requisitos de procedencia dispuestos en la norma 18 eiusdem, advierte esta Juzgadora que la presente acción de Amparo Constitucional es admisible, tal y como lo declaró la primera instancia en su oportunidad procesal. Y así se decide.

-VI-
DE LOS FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

En fecha 25 de abril de 2011, el profesional del derecho Rafael Ernesto Serrano Quintero, en su condición de co-apoderado judicial de la parte presuntamente agraviante, presenta escrito por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, donde expone los fundamentos del recurso de apelación ejercido (folios del 208 al 220), en los siguientes términos:
“CIUDADANA
JUEZ SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA
Su Despacho.-

Nosotros, JUAN PEDRO QUINTERO MORENO, DANIEL ENRIQUE QUINTERO SUTIL y RAFAEL ERNESTO SERRANO QUINTERO, venezolano, mayores de edad, titulares de las cédulas cédulas de identidad Nros. V-2.458.780, V-14.401.852 y V-13.014.669, respectivamente, inscritos en l Inpreabogado bajo los Nros. 8.345, 92.825 y 81.604, en el mismo orden, domiciliados en la ciudad de Mérida, actuando en este acto en nuestro carácter de Apoderados Judiciales de “CORMPORACIÓN DROLANCA. C.A”, Sociedad Mercantil Anónima domiciliada en la ciudad de El Vigía, Estado Mérida, suficientemente identificada en autos y haciendo uso del poder que corre agregado a los mismos, ante usted con el debido respeto ocurrimos para fundamentar nuestra apelación de la Sentencia dictada por el Tribunal Tercero de Primera Instancia de de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, sede Alterna El Vigía, de fecha 25 de Marzo de 2011, contenida en este expediente y en tal sentido expondremos:

-I-
RELACIÓN DE LOS HECHOS
Mediante escrito formal, el abogado ALFREDO MENDOZA ALMARIO, en su condición de co-apoderado judicial del ciudadano JAVIER YTURBES CONTRERAS SUAREZ, identificado en autos, interpuso Acción de Amparo Constitucional, contra la sociedad mercantil CORPORCIÓN DROGUERIA LOS ANDES C.A, invocando violación a derecho al trabajo establecido en el artículo 89° del mismo texto constitucional y de igual manera el derecho a la estabilidad laboral pautado en el artículo 93° de la Constitucional Nacional. Después de cumplidos los trámites correspondientes, el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, Sede Alterna El Vigía, el día 25 de Marzo de 2011. declaró con lugar el Amparo interpuesto.
-II-
EL OBJETO DE NUESTRA APELACIÓN: CONSIDERACIONES QUE MOTIVARON LA SENTENCIA.-
Constituye el objeto de nuestra apelación de la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, los siguientes aspectos que según nuestro criterio son respetables, pero no compartimos, ello en base al análisis de criterios jurisprudenciales y a una interpretación procedente a la legislación procesal que resulta aplicable al caso de autos.
En este sentido forma parte de la sentencia los siguientes textos que se transcriben y que van hacer objeto de nuestro análisis y sobre los cuales expresamos en este escrito nuestras observaciones:
SOBRE EL CRITERIO RESTRICTIVO DE LOS PRINCIPIOS DE EJECUTIVIDAD Y EJECURTORIEDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS:
Sostiene la Juez en su sentencia, en un primer texto a transcribir:
“En este sentido, resulta imperioso para quien juzga señalar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante decisión N° 3569de fecha 6 de diciembre de 2005, (caso: Saudí Rodríguez Pérez) destacó el carácter de ejecutividad y de ejecutoriedad que conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos acompaña a los actos administrativos, como los emanados de las Inspectorías del Trabajo, en virtud del cual, la Providencia Administrativas deben ser ejecutadas pro la autoridad que las dictó…”
Así establecido, el tribunal sentenciador transmite la idea de que la ejecutividad y de ejecutoriedad de los actos administrativos tienen un valor absoluto, es decir, que son de aplicación inmediata y de ejecución obligatoria, lo cual no debe entenderse así, necesariamente, pues existen “limitaciones legales” a dichos principios, como en este escrito de expresan.

EL FALSO SUPUESTO EN EL QUE INCURRE LA SENTENCIADORA:
Un segundo texto, integrante de la sentencia, que no se comparte y que constituye el objeto de nuestra apelación, y referido al criterio del ad quem para no valorar la defensa opuesta por nuestra representada, se transcribe así:
“4.- …Finalmente en el texto de la decisión que contiene en extenso la providencia administrativa 00159-2010, folios 164 al 169, se evidencia las argumentaciones dadas por el inspector del trabajo decidor, en la valoración de las pruebas promovidas y evacuadas por las partes en el proceso administrativo de análisis, con lo cual queda demostrado que tal decisión no se subsume en el supuesto de hecho normativo atinente a la violación de derechos y garantías constitucionales, pues refiere la accionada, que es la errónea valoración de pruebas lo que constituyó la violación de derechos constitucionales invocados. Así planteado, no podría decidir este Tribunal el vicio de errónea valoración de pruebas señalado, pues éste es el objeto del recurso de nulidad incoado por la demandada y que tal vicio o error no deviene en violación constitucional alguna, se considera improcedente la defensa opuesta por la empresa accionada (sic)Y así se establece.”
A lo expuesto, en este texto de la sentencia, se opone que no es cierto que la accionada, en las oportunidades procesales para su defensa hubiere opuesta como único argumento “la errónea valoración de pruebas”.
EL CRITERIO RESTRICTIVO SOBRE “EL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO A LA DEFENSA”
Y un tercer texto de la sentencia, sobre el cual se difiere, es sobre el criterio restrictivo expuesto sobre lo que constituye el “el debido proceso y el derecho a la defensa”. Hace referencia la sentenciadora y decide que: “… pues éste el objeto del recurso de nulidad incoado por la demandada y siendo que tal vicio o error no deviene en violación constitucional alguna, se considera improcedente la defensa opuesta por la empresa accionada Y así se establece.”. (Subrayado nuestro).
Otro texto de la sentencia esta establece: “…no se evidencia incumplimiento u omisión por parte de la Inspectoría del Trabajo de quien emana la providencia de análisis del procedimiento establecido en el artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo (como ya se señaló) no evidenciándose en sede estrictamente constitucional, alguna violación al debido proceso (derecho a la defensa) en el procedimiento administrativo (Exp. 0226-2010-01-0038, por cuanto la accionada en amparo fue notificada (folio 123); asistió al acto de fecha 12 de mayo de 2010 (folio 125)…”.(Subrayado nuestro).
Se considera que el escrito de la juzgadora es restrictivo y en consecuencia es violatorio de los principios sobre el debido proceso y del derecho a la defensa, porque no puede circunscribirse la no violación a estos principios porque se cumplieron las actuaciones de notificación y de asistencia al acto de contestación al recurso.
III
LOS PRINCIPIOS DE EJECUTIVIDAD Y EJECUTORIEDAD DE LOS ACTOS ADMNISTRATIVOS NO SON “DE CARÁCTER ABSOLUTO”
Ahora bien, ciudadana Juez, los “principios de ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos” no son de ninguna manera absolutos, afirmación que se fundamenta en que la misma legislación ha consagrado derechos a favor de los administrados para defenderse de las posibles arbitrariedades de la Administración o en todo caso para atacar los vicios que pudieran tener los mismos. Las normas constitucionales y legales, que se presenten, traen el fundamento de nuestro criterio:
Normas constitucionales:
Al respecto el texto constitucional en su artículo 25°, consagra la nulidad de los actos violatorios a las normas contenidas en dicho texto, al señalar:
"Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole y menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la Ley es nulo…”.
Se debe concluir de este texto normativo que un acto administrativo que viole una norma constitucional o legal es nulo. Y es aplicable dicha norma al caso de autos por cuanto la administración en el ejercicio de sus facultades, dictando una providencia administrativa, violentó los derechos constitucionales y legales referidos al debido proceso y a la defensa de un administrado.
No menos importante es el artículo 26° de la Carta Fundamental que impone:
"Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e Intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente".
Se observa del contenido de esta norma constitucional que allí se señala que la protección o tutela a la que tienen derecho los administrados comprende tanto la defensa de sus derechos como de sus intereses. Y es aplicable dicha norma al caso de autos por cuanto nuestra representada en el procedimiento administrativo que se falló en su contra y en la sentencia sobre el juicio de amparo, de la cual se apela, se menoscaba la defensa de sus derechos e intereses y no se hace efectiva su tutela. Además, el artículo 141° de la misma Constitución Nacional establece que:
"La Administración Pública está al servicio de los ciudadano y ciudadanas, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho".
Es enfática esta norma constitucional en señalar que la Administración no está al servicio de sí misma, sino de los ciudadanos y ciudadanas, es decir al servicio de los administrados. Se considera que es aplicable dicha norma al caso de autos por cuanto nuestra representada alegó y fundamentó con argumentos legales y con pleno sometimiento al Derecho, frente a la Administración y en el juicio de amparo, en la oportunidad debida, como se habían violentado sus derechos sobre el debido proceso y de su derecho a la defensa.
Se considera importante traer a este escrito lo que dispone nuestra Ley fundamental, la Constitución Nacional, en su artículo 49° a! señalar:
"El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, en consecuencia: 1.- La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de investigación del proceso." (Subrayado nuestro).
Se concluye sobre !a pertinencia en considerar el contenido de esta norma constitucional al caso de autos por cuanto nuestra representada ha alegado y fundamentado en las oportunidades procesales, administrativa y judicial, como se le violentó el debido proceso que debió aplicarse en dichos procesos.

Normas legales:
El artículo 83° de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA) establece:

“ La Administración podrá en cualquier momento, de oficio o a solicitud de particulares, reconocer la nulidad absoluta de los actos dictados por ella”.
El artículo 85° ejusdem, establece igualmente:
"Los Interesados podrán interponer los recursos a que se refiere este capítulo contra todo acto administrativo que ponga fin a un procedimiento, Imposibilite su continuación, cause indefensión o lo prejuzgue como definitivo, cuando dicho acto lesione sus derechos legítimos, personales y directos".
Son aplicables estas normas legales por cuanto allí se establece el derecho de todo particular de impugnar por nulidad los actos dictados por la Administración y especialmente se observa como estas normas legales garantizan los derechos constitucionales del debido proceso y de la defensa
El artículo 78° de la Ley en comentario. (LOPA), dispone:
"Ningún órgano de la Administración podrá realizar actos que menoscaben o perturben el ejercicio de los derechos de los particulares, sin que previamente haya sido dictada la decisión que sirva de fundamento a tales actos.
Esta norma legal funda un apoyo, igualmente, de la existencia de limitaciones a los "principios de ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos".
Constituyen fundamento, además, de nuestro criterio de que los "principios de ejecutividad y ajecutoriedad de los actos administrativos" no tienen un carácter absoluto lo establecido por las normas legales sobre:
- la (Sic) facultad de la Administración de acordar la suspensión de los efectos de un acto administrativo recurrido, en el caso que su ejecución pudiera causar grave perjuicio al interesado (Artículo 87° de !a Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos);
- la (Sic) facultad de los tribunales de suspender los efectos de un acto administrativo de efectos particulares, cuya nulidad haya sido solicitada, a instancia de parte, cuando así lo permita la ley o la suspensión sea indispensable para evitar perjuicios; irreparables o de difícil reparación, (Artículo 21 °, Aparte 22, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia). Se consti