EXP. 19.288
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA

201° y 152°

DEMANDANTE: MICHAEL SCHOEN HALE.
BENEFICIARIO: BEJARANO JOSÉ RAFAEL.
MOTIVO: CONSIGNACIÓN DE CÁNONES DE ARRENDAMIENTO (APELACIÓN).
NARRATIVA

Las presentes actuaciones se encuentran en esta Alzada en virtud de apelación procedente del Juzgado Primero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, de fecha 18 de octubre de 2001, interpuesta por la abogada GRACIELA GIL GARCÍA, titular de la cédula de identidad número V.-5.187.493, inscrita en el Inpreabogado con el Nº 65.912 y jurídicamente hábil; contra la decisión dictada por el Juez a cargo del mencionado Tribunal, en ese entonces, de fecha 9 de octubre del 2001, mediante la cual declaró: “con fundamento en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil y del artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, parte infine, acordó oficiar al Banco Industrial de Venezuela a los fines de que sea cancelada la cuenta de ahorros N° 01-064-017848-0, según libreta N° 1377540 donde fue beneficiario el ciudadano JOSÉ RAFAEL BEJARANO de los depósitos efectuados en este Tribunal y el dinero que se encuentra allí depositado sea transferido a la cuenta de ahorros N° 01-064-0-17097-8, según libreta N° 1422250 a favor de la ciudadana BEJARANO MAYIRA FÁTIMA que es donde uno de los herederos del causante manifiesta, que es la cuenta donde el inquilino debe depositar porque así lo constató el Tribunal en la precitada diligencia. Decisión que emana de este Tribunal con la finalidad de ordenar dicha relación contractual de arrendamiento y así se decide”.
Admitida dicha apelación a un solo efecto, tal como se desprende del auto de fecha 06 de noviembre de 2001 (folio 24), correspondiéndole la misma a este Juzgado, según auto de fecha 12 de marzo del 2002 en el que se le dio entrada y en cuanto a su admisión resolvería por auto separado.
Al folio 27, consta acta de inhibición del Juez ABG. ANTONINO BALSAMO G., por lo que se remitió al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Amparo Constitucional de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.
Al folio 31, por auto de fecha 09 de abril de 2002, el mencionado Juzgado Segundo le dio entrada y fijó para el DÉCIMO DÍA DE DESPACHO para que las partes presentaran sus informes.
A los folios 33 al 37, obra copia de la cesión de los derechos litigiosos que le hiciera en vida el codemandante JOSÉ RAFAEL BEJARANO a la misma para que surta efectos en la apelación, consignada por el abogado Dr. Antonio D´ Jesús M.
A los folios 39 y 40, obra escrito de informes de la apelación consignado por la abogada GRACIELA GIL GARCÍA.
Al folio 43, por auto de fecha 26 de abril de 2002, el Tribunal Segundo de Primera Instancia aperturó el lapso previsto en el artículo 513 del Código de Procedimiento Civil, para que la parte demandada consigne las observaciones sobre los informes de la parte actora.
Al folio 54, obra escrito de observaciones a los informes consignado por la abogada MAYIRA FÁTIMA BEJARANO DÁVILA.
Al folio 57, por auto de fecha 10 de mayo de 2002, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida entró en términos para decidir la presente causa.
Al folio 58, por auto de fecha 11 de julio de 2002, el Juzgado Segundo difirió la publicación de la sentencia de conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.
A los folios 59 al 60, obra acta de inhibición del Juez Titular del Juzgado Segundo en lo Civil y Mercantil, Abg. Albio Contreras Zambrano, contra la ciudadana MAYIRA DE FATIMA BEJARANO DÁVILA, por lo que ordenó remitir al Tribunal de Primera Instancia Distribuidor.
Al folio 82, por auto de fecha 10 de marzo de 2010, el Juez Titular de este despacho, abogado JUAN CARLOS GUEVARA se abocó al conocimiento de la presente causa.
A los folios 84 y 85, consta la declaración de la Alguacil de este Tribunal en las cuales hace constar que fijó en la cartelera las boletas de notificación del auto de abocamiento del Juez.
Siendo este el historial del presente expediente, pasa este Tribunal a emitir pronunciamiento sobre la controversia planteada en los términos siguientes:

DE LA MOTIVA
I
DEL AUTO APELADO

El fallo del Juzgado Primero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, expone:

“Vista la diligencia que corre al folio doscientos cincuenta y cinco de fecha 26-09-01, suscrita por el apoderado judicial ANTONIO D´JESÚS de la ciudadana MAYIRA DE FÁTIMA BEJARANO DÁVILA, plenamente identificada en autos e igualmente constata el Tribunal que al folio 217 que fue consignada original del Acta de Defunción expedida por el Prefecto Civil de la Parroquia Juan Rodríguez Suárez de fecha 07-04-99 documento este que no fueron tachados ni impugnado de acuerdo a lo previsto en el artículo 440 y siguientes del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.363 y 1.364 del Código Civil, es por lo que el mismo ostenta el carácter de documento público e igualmente por el artículo 1.144 ejusdem que la parte en la certificación de defunción, se demuestra que el ciudadano JOSÉ RAFAEL BEJARANO falleció figurando como arrendador del inmueble ocupado por el arrendatario ciudadano MUCHAEL SCHOEN HALE. En consecuencia este Tribunal en fundamento del artículo 14 ejusdem y del artículo 257 de la Vigente Constitución de la Rpública Bolivariana de Venezuela parte infine acuerda oficiar al banco Industrial de Venezuela a los fines de que sea cancelada la cuenta de ahorros N° 01-064-017848-0 según libreta Nro. 1377540, donde fue beneficiario el ciudadano JOSÉ RAFAEL BEJARANO de los depósitos efectuados en este Tribunal y el dinero que se encuentra allí depositado sea transferido a la cuenta de ahorros Nro. 01-064-0-17097-8 según libreta Nro. 1422250 a favor de la ciudadana BEJARANO MAYIRA FÁTIMA que es donde uno de los herederos del causante manifiesta--------, que es la cuenta donde el inquilino debe depositar porque así lo constató el Tribunal en la precitada diligencia. Decisión que emana de este Tribunal con la finalidad de ordenar dicha relación contractual de arrendamiento y así se decide.”


II
INFORMES DEL APELANTE

La abogada GRACIELA GIL GARCÍA, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 65.912, domiciliada en esta ciudad de Mérida, Estado Mérida, actuando en nombre y representación del ciudadano MICHAEL SCHOEN HALLE, consignó escrito de informes de la apelación en los siguientes términos:
• Que consta en el expediente al folio diecisiete (17) auto de fecha 30 de julio del año dos mil uno, donde el ciudadano Juez a quo haciendo uso del artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, como director del proceso normaliza el itinerario de la consignación número 30, que era lo más aceptable de conformidad con la actuación de Jurisdicción Voluntaria, siendo esta una jurisdicción tranquila, pacífica, sin choque de intereses, sin contradictores. No produce estados o situaciones jurídicas definitivas.
• Que hasta este momento todo estaba bien, pero acaeció que sin mediar auto revocatorio alguno un buen día 09 de octubre del pasada año Dos Mil Uno, folio Diecinueve (19) de las presentes actuaciones el ciudadano Juez, decide subvertir el procedimiento valorando en él un Acta de Defunción de conformidad con los artículos 440 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con los artículos 1.363 y 1.364 del Código Civil, igualmente el Artículo 1.144 del Código Sustantivo ejusdem, dándole el carácter de Documento Público a la Partida de Defunción, cuando lo correcto es que estas valoraciones se hacen con ocasión de los Juicios Contenciosos, además el ciudadano Juez a quo toma alegremente la versión de una de las Herederas del causante, sin que exista un pronunciamiento en el expediente signado con el número 6516, relacionado con la Demanda de Cumplimiento de Contrato; un pronunciamiento que conlleve a la citación de los herederos del Ciudadano difunto Rafael Bejarano (Arrendador), de conformidad con lo establecido en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil.
• Que a tales efectos, mal podía en nombre de su representado impugnar o tachar un documento público, relacionado con la Partida de Defunción del ciudadano Rafael Bejarano, cuando las actuaciones de la consignación número 30, solo nació con motivo de consignar un Cánon de Arrendamiento, no existe procedimiento alguno para llevar a cabo cualquier impugnación o tacha, tal y como lo hizo ver el Juez a quo. Con este auto se viola flagrantemente el Debido Procedo estatuido en la Constitución Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Artículo 12 del Código de Procedimiento Civil.
• Que por tanto, solicita muy respetuosamente se sirva declarar con lugar la apelación interpuesta por los razonamientos de hecho y de derecho y se revoque el auto de fecha Nueve del octubre del año Dos Mil Uno, que riela al folio Diecinueve (19) del referido expediente, por ser contrario a Derecho, y que por lo tanto no puede reconocerlo porque ello tocaría en todo caso al fondo de la causa número 6516.

III
OBSERVACIONES A LOS INFORMES DEL APELANTE

Al folio 54, el abogado ANTONIO D´ JESÚS M., con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana MAYIRA FATIMA BEJARANO DÁVILA, objetó los informes del apelante en los siguientes términos:
• Que consta en el presente expediente de los folios 32 al 37 las copias simples de los documentos públicos que sobre la cesión de los derechos litigiosos le hicieran en vida el ciudadano JOSÉ RAFAEL BEJARANO a su legítima esposa VIRGINIA DEL ROSARIO DÁVILA ARAUJO del cual también es apoderada su representada antes mencionada.
• Que tal cesión se hizo conforme a lo establecido en la Ley y nunca fue impugnada por la parte contraria. Si esto es así, el deudor inquilinario SCHON HALLE MICHAEL, no podía ni puede pretender continuar depositando el monto de los alquileres en la cuenta de ahorros del expresado cedente, por lo que él dejó de ser parte en el juicio a partir de la cesión; y después de haber fallecido, menos aún. Al presente caso no le es aplicable el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil por lo que la causa, en este caso, los trámites de la consignación inquilinaria deberán hacerse a nombre de la cesionaria VIRGINIA DEL ROSARIO DÁVILA ARAUJO o de su apoderada MAYIRA DE FATIMA BEJARANO DÁVILA, por ser la única titular que aparece como arrendadora.
• Que no es el Inquilino SCHON HALLE MICHAEL la persona legitimada para interponer un recurso ajeno como el que pretende de que sean los herederos del Sr. JOSÉ RAFAEL BEJARANO los que retiren de la cuenta de ahorros de su representada el dinero que por concepto de cánones de arrendamiento le haya depositado la misma.
• Pidió al Tribunal declare sin lugar la apelación de autos.

IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Planteada como ha quedado la controversia en la presente apelación, para decidir, este juzgador lo hace en los siguientes términos:
El procedimiento de consignaciones de cánones de arrendamiento, previsto en la derogada Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y el cual es aplicable al presente caso, por la fecha en que se produjo la apelación, es decir en el año 2001, está contemplado en los artículos 51 al 57 del mencionado texto legal, el cual se trata de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, en el que no existen partes, sino una persona denominada consignatario quien le deposita a otra llamada Beneficiario, quien es el arrendador de un inmueble que se rehúsa expresa o tácitamente a recibir el pago de la pensión de arrendamiento vencida de acuerdo con lo convencionalmente pactado.
Para el autor GILBERTO GUERRERO QUINTERO, en su obra “Tratado de Derecho Arrendaticio Inmobiliario, Volúmen I:
“…la consignación inquilinaria es una actuación no jurisdiccional ya que no tiene partes en sentido estricto (el arrendatario no es demandante, como tampoco el arrendador resulta demandado)… El arrendatario no pide nada contra el arrendador cuando consigna, sino simplemente se sujeta a realizar la consignación del modo que establece la ley, si es que actúa de tal modo, pero de ninguna manera puede entenderse que el arrendador es su contraparte en sentido técnico procesal…”

De igual manera, en relación a los procedimientos no contenciosos o de jurisdicción voluntaria, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de fecha 10 de agosto de 2000, Exp. N° 99-392, expresó:
“…omissis… se esta en presencia de uno de los procedimientos denominados de jurisdicción voluntaria graciosa, o no contenciosa, por cuanto no hay contención o controversia, no obstante considerar con el Maestro J: Conture, en su obra fundamentos del Derecho Procesal Civil, Tercera Edición, Ediciones Depalma Buenos Aires. 1974, págs. 46, 48 y 49, que:
“...la denominada jurisdicción voluntaria, no es jurisdicción ni es voluntaria –(...) su índole no es jurisdiccional –(por que)- no tiene partes en sentido estricto. Le falta,... el primer elemento de la forma de la jurisdicción.
En él, el peticionante o pretensor no pide nada contra nadie. Le falta, pues, un adversario. El no es parte, en sentido técnico, porque no es contraparte de nadie...”.

Ahora bien, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de 8 de febrero de 2007, manifestó lo siguiente:
“...Este procedimiento de consignación arrendaticia pertenece a los llamados procedimientos de jurisdicción voluntaria o graciosa, los cuales no constituyen un juicio como tal, toda vez que no se deduce acción contra persona alguna, sino que en este tipo de procedimientos el Estado interviene para integrar la actividad de los particulares, dirigida a la satisfacción de intereses mediante el desarrollo de las relaciones jurídicas.
El fin que persigue esta colaboración dada por el Estado a la actividad privada de uno o varios interesados, no es la de garantizar la observancia del derecho, sino la de mejor satisfacción, dentro de los límites de éste, de los intereses privados a los cuales se refiere la relación o situación jurídica que la intervención de la actividad judicial sirve para constituir.
En este tipo de procedimientos la participación del Juez junto con la del interesado, constituye o crea un acto que puede ser necesario para el cumplimiento de otros, para efectuar de manera válida alguna actuación posterior o para asegurar algún derecho, razón por la cual se afirma que la jurisdicción voluntaria tiene eminente naturaleza preventiva... omissis…
Conforme a lo anteriormente expuesto, el procedimiento de consignación arrendaticia comparte esta naturaleza no contenciosa, pues en él no existen verdaderas partes. Tanto el arrendador como el arrendatario no son partes sino simplemente interesados en la relación jurídica subyacente (arrendamiento). Por otra parte, tampoco el Tribunal que conozca de la consignación arrendaticia efectuará pronunciamiento alguno con relación a la entrega del dinero; y aun cuando se ordene la notificación del arrendador beneficiario, esta actuación sólo tiene finalidad informativa y, en modo alguno, implica una orden de comparecencia o emplazamiento...” (Negritas y Subrayado del Juez).

Decisión ésta que fue ratificada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de fecha 03 de julio de 2009, Exp. 09-0380, al dictaminar:
“…Ahora bien, advierte esta Sala que el procedimiento de consignación arrendaticia comparte la naturaleza de los procedimientos graciosos o de jurisdicción voluntaria, dentro de los cuales no se está ante un verdadero litigio o contención entre partes...”. (Negritas y Subrayado del Juez).

De igual manera, los artículos 54 y 55 de la mencionada Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, estatuyen:
“Artículo 54: Efectuada la primera consignación, se abrirá un expediente en el cual se llevarán las diligencias pertinentes, quedando obligado el consignante a efectuar cualquier consignación posterior en ese mismo expediente. No se considerarán legítimamente efectuadas las consignaciones subsiguientes realizadas en un Tribunal distinto.
Artículo 55: La suma de dinero consignada conforme a los artículos precedentes, sólo podrá ser retirada por el beneficiario de la consignación o su apoderado legalmente constituido y autorizado para ello y en ningún caso podrá retirarla el arrendatario o el tercero consignante”.
De las normas antes expuestas se puede inferir que el expediente que se abre con motivo de las consignaciones queda únicamente para tal fin, ni siquiera el consignante (arrendatario) puede retirarlas, sólo el beneficiario de la misma.
En el presente caso, en el auto apelado el juzgador a quo se extralimitó en las atribuciones a él conferidas por la ley, ya que en lo que respecta a las consignaciones sólo debe recibirlas, procedimiento de jurisdicción voluntaria que no constituye un juicio como tal, ya que no se deduce acción alguna contra nadie, no hay parte demandada ni citaciones, ni nada que le dé al asunto el carácter de juicio, sino que en ésta el Estado interviene para regular la actividad de los particulares, dirigida a la satisfacción de intereses mediante el desarrollo de las relaciones jurídicas.
Por lo tanto, es en un juicio contencioso, donde el tribunal tiene competencia para dictar un pronunciamiento en el que se determine la legitimidad o no de las consignaciones y en consecuencia el estado de solvencia del arrendatario y no en un procedimiento de consignación arrendaticia, así mismo es allí en donde le está dado hacer manifestaciones en cuanto a la cualidad o no de la persona que actúa o se subroga derechos e igualmente pronunciarse sobre cuestiones de fondo como por ejemplo si la notificación se hizo en tiempo oportuno o no, si esta se equipara a la citación o no, esos son simples criterios que deben ser valorados por aquel Juez a quien le corresponda conocer la contención y no a este Tribunal que solamente se circunscribe a recibir las consignaciones efectuadas por un ciudadano que en el presente expediente es un Consignatario.
Sin embargo, es menester destacar que en el auto objeto de la presente apelación, el Juez a quo hace alusión al Acta de Defunción en la que se constata la muerte del beneficiario (arrendador) de las consignaciones arrendaticias y se verifica que dejó a su viuda ciudadana VIRGINIA DEL ROSARIO DÁVILA y a once (11) hijos de nombres: RAFAEL ALFREDO, RAMÓN MARINO, BELKIS ISABEL, GILBERTO BEJARANO ESCALANTE, HUGO BEJARANO ESCALANTE (fallecido), BLANCA MIRIAN, LUZ ODILA, JOSÉ HUMBERTO, HENRRY RAFAEL, CARMEN MARISOL Y MAYIRA DE FÁTIMA BEJARANO DÁVILA, de allí que resulte forzoso concluir que el procedimiento de la consignación objeto de la presente apelación no se encuentra ajustado a derecho por omitir la notificación de los herederos conocidos y desconocidos del de cujus JOSÉ RAFAEL BEJARANO, ya que el Tribunal a quo en vez de decidir sobre lo solicitado por la Ciudadana MAYIRA FATIMA BEJARANO, a través de su apoderado judicial abogado ANTONIO D´ JESÚS M., debió ordenar la notificación a los beneficiarios de la consignación, instando al consignatario a cumplir con tal carga, toda vez que no le corresponde pronunciarse sobre la ilegitimidad o no de la consignación, de la validez o no de la cesión, pero sí velar por la garantía de los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, notificando a los interesados, del procedimiento Especial a que se refiere los artículos 53 y siguientes de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Y ASÍ SE DECLARA.
En virtud de los criterios antes expuestos y de conformidad con lo previsto en los artículos 51, 53, 55 y 56 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, los cuales señalan claramente los efectos y consecuencias de la consignación arrendaticia, así como en base a los criterios jurisprudenciales antes parcialmente trascritos, no puede pretender la apelante mediante este procedimiento buscar una sentencia o pronunciamiento Judicial sobre la declaratoria a la misma de beneficiaria y mucho menos el solicitante declaratoria a favor, respecto a la movilización de los fondos de la consignación efectuada; por lo que de acuerdo a lo previsto en el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, este juzgador, actuando en Alzada, debe forzosamente declarar con lugar el recurso de apelación. En consecuencia, anular el auto apelado, de fecha 09 de octubre de 2001, en el que ordenó “oficiar al banco Industrial de Venezuela a los fines que sea cancelada la cuenta de ahorros número 01-064-017848-0 según libreta N° 1377540, donde fue beneficiario el ciudadano JOSÉ RAFAEL BEJARANO de los depósitos efectuados en este Tribunal y transferir el dinero que allí se encuentra a otra cuenta de ahorros a favor de la ciudadana BEJARANO MAYIRA FATIMA que es uno de los herederos del causante”, pero no por los motivos invocados en la apelación, sino por razones de orden público; en virtud de haberse violentado el debido proceso, ya que de acuerdo al artículo 53 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, lo que procede es la notificación de los herederos. Igualmente, el arrendatario debe seguir consignando los respectivos cánones de arrendamiento, en la cuenta prevista a tales efectos, es decir la cuenta de ahorros N° 01-064-017848-0, según libreta N° 1377540 del Banco Industrial de Venezuela, a nombre del causante JOSÉ RAFAEL BEJARANO, tal como será establecido en la dispositiva del presente fallo. Y ASÍ SE DECLARA.
DECISIÓN

En mérito de las consideraciones que antecede, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Constitución y sus Leyes, declara:

PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la abogada en ejercicio GRACIELA GIL GARCÍA, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano MICHAEL SCHOEN HALLE, contra el auto dictado el 09 de octubre de 2001, por el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. Y ASÍ SE DECIDE.
SEGUNDO: Se ANULA el referido auto dictado el 09 de octubre de 2001, por el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, y las actuaciones subsiguientes al mismo, y se ordena al Juez a quo, dicte nuevo auto, mediante el cual ordene notificar a los herederos conocidos y desconocidos del de cujus JOSÉ RAFAEL BEJARANO, el cual deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el primer aparte del artículo 53 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Y ASÍ SE DECIDE.
TERCERO: Se ordena al arrendatario, ciudadano MICHAEL SCHOEN HALE, seguir consignando los cánones de arrendamiento vencidos de conformidad con la parte in fine del artículo 51 ejusdem, en la cuenta de ahorros prevista para tales efectos, es decir es decir la cuenta de ahorros N° 01-064-017848-0, según libreta N° 1377540 del Banco Industrial de Venezuela, a nombre del causante JOSÉ RAFAEL BEJARANO.
CUARTO: Por no haber sido confirmada la sentencia apelada, no hay condenatoria en costas. Y ASÍ SE DECIDE.
QUINTO: Por cuanto la presente decisión se publica fuera del lapso legal, de conformidad con los artículos 251 y 233 del Código de Procedimiento Civil, se ordena notificar a las partes o en su defecto a sus apoderados judiciales, haciéndole saber que el lapso legal para interponer los recursos que sean procedentes contra la decisión dictada en el presente juicio, comenzará a computarse pasados que sean diez días de despacho siguientes a aquél en que conste en autos la última de las notificaciones ordenadas, acogiendo criterio pacífico y reiterado del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia dictada por la Sala de Casación Civil en fecha 03 de abril de 2003, Exp. Nº 01-0726. Y ASÍ SE DECIDE.
Remítase original del expediente al Juzgado Primero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción judicial del Estado Mérida, una vez quede firme la presente decisión.
Queda en estos términos REVOCADO el auto apelado.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.
Dada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. En Mérida, a los doce (12) días del mes de enero del año dos mil doce (2.012). AÑOS 201 DE LA INDEPENDENCIA Y 152 DE LA FEDERACIÓN.

EL JUEZ, ABG. JUAN CARLOS GUEVARA LISCANO.

LA SECRETARIA TITULAR ABG. AMAHIL ESCALANTE NEWMAN.