Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipio Rivas Dávila y Padre Noguera de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida con Competencia Ordinaria
Bailadores, Seis (06) de Mayo de dos mil trece (2013)
203º y 154º
Solicitud Nº 2013-018
Sentencia Nº S-006-2013
CAPITULO PRIMERO
LAS PARTES INTERVINIENTES
La presente solicitud de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, fue recibida por distribución del Juzgado de los Municipios Rivas Dávila y Padre Noguera de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, siendo remitida a éste Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Rivas Dávila y Padre Noguera de la Circunscripción Judicial del estado Mérida con Competencia Ordinaria, en Fecha Treinta (30) de Abril del año Dos Mil Trece (2013), actuando de conformidad a la RESOLUCIÓN Nº 2013-0006, del VEINTE (20) DE FEBRERO DE 2013, aprobada por la SALA PLENA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA donde atribuye competencia ordinaria a los Juzgados Ejecutores de Medidas, en concordancia con la Resolución numero 2009-0006 del 18 de marzo de 2009 dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que entrara en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de fecha 02 de abril de 2009 y que en su artículo 3 le confiere a los Juzgado de Municipio la potestad de conocer de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de Jurisdicción Voluntaria No Contenciosa en materia civil, según las reglas ordinarias de la competencia; Se le dio entrada bajo el Nº 2013-018.
SOLICITANTE: Aparece como solicitante la ciudadana: PAULA TERESA RAMÍREZ DE RAMÍREZ, venezolana, casada, mayor de edad, provista de la cédula de identidad Nº V-6.199.654, de los oficios del hogar, domiciliada en la Aldea San Pablo, Población de Bailadores, Jurisdicción del Municipio Rivas Dávila del Estado Mérida, civil y jurídicamente hábil, asistida en este acto por el abogado en ejercicio el ciudadano: JESÚS MANUEL PERNÍA BELANDRÍA, provisto de la cédula de identidad Nº V-3.939.199, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado I.P.S.A) bajo el Nº 15.994, domiciliado en la Población de Bailadores, Jurisdicción del Municipio Rivas Dávila del Estado Mérida, civil y jurídicamente hábil.
SOLICITADA: Aparece como requerida la ciudadana: MILAGROS DEL CARMEN MORE, venezolana, mayor de edad, domiciliada en la casa Número 03-01 del Sector El Rincón de San Pablo, aldea San Pablo del municipio Riva Dávila del Estado Mérida.
MOTIVO: SOLICITUD DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA.
CAPITULO SEGUNDO
PARTE EXPOSITIVA O NARRATIVA
En fecha treinta (30) de Abril de Dos Mil Trece (2.013) la ciudadana: PAULA TERESA RAMÍREZ DE RAMÍREZ, venezolana, casada, mayor de edad, provista de la cédula de identidad Nº V-6.199.654, de los oficios del hogar, domiciliada en la Aldea San Pablo, Población de Bailadores, Jurisdicción del Municipio Rivas Dávila del Estado Mérida, civil y jurídicamente hábil, asistida en este acto por el abogado en ejercicio el ciudadano: JESÚS MANUEL PERNÍA BELANDRÍA, provisto de la cédula de identidad Nº V-3.939.199, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado I.P.S.A) bajo el Nº 15.994, domiciliado en la Población de Bailadores, Jurisdicción del Municipio Rivas Dávila del Estado Mérida, civil y jurídicamente, presentó en catorce (14) Folios útiles con sus respectivos vueltos, pedimento de CARÁCTER NO CONTENCIOSO, que tiene como fundamento la citación personal de la ciudadana: MILAGROS DEL CARMEN MORE, venezolana, mayor de edad, domiciliada en la casa Número 03-01 del Sector El Rincón de San Pablo, Aldea San Pablo del Municipio Riva Dávila del Estado Mérida, a los fines de imponerla sobre hechos que se trascriben a continuación de forma textual: “(…) pido se sirva citar por el procedimiento no contencioso a la ciudadana MILAGROS DEL CARMEN MORE, venezolana, mayor de edad, domiciliada en la casa Número 03-01 del Sector El Rincón de San Pablo, aldea San Pablo del municipio Riva Dávila del Estado Mérida, para que sea impuesta de los hechos aquí explanados y hacerle saber que dicha conducta constituye delito de difamación e infringe mi derechos civiles atinentes a la dignidad humana, por ende, a mi integridad física, psíquica y moral, debido a que su obrar típicamente antijurídico y doloso constituyen actos y hechos para instaurar un amparo constitucional a fin de que cesen las violaciones de los derechos fundamentales de los cuales soy titular como ciudadana de esta Patria y conseguir con el amparo la restitución de la situación jurídica infringida en aras de la paz y tranquilidad ciudadana que el Estado está obligado a garantizar, a no ser que voluntariamente cese su hostigamiento y difamación en mi contra. Por último, esta petición tiene por objeto la obtención de la prueba que me permita fundamentar la solicitud de amparo para acceder a la Justicia idónea, transparente, independiente, imparcial, autónoma, equitativa, sin dilaciones con el propósito de alcanzar la tutela judicial efectiva en protección de mis derechos e intereses que han sido lesionados” (Negritas y cursivas nuestras). La parte solicitante sustenta la acción o petitorio en el Articulo 60 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el Artículo 899 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
CAPITULO TERCERO
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO
El tribunal antes de decidir hace las siguientes consideraciones:

PRIMERO: En el caso que nos ocupa, la peticionaria, la ciudadana: PAULA TERESA RAMÍREZ DE RAMÍREZ, ya identificada, asistida en este acto por el Abogado en ejercicio el ciudadano: JESÚS MANUEL PERNÍA BELANDRÍA, ya identificado, solicita se imponga a la requerida la ciudadana: MILAGROS DEL CARMEN MORE, ya identificada, sobres hechos explanados cuya conducta constituyen delitos de difamación e infringe derechos civiles atinentes a la dignidad humana, por ende, a la integridad física, psíquica y moral, como lo manifiesta la solicitud en los folios que rielan cuatro (4), cinco (5) y seis (6) con sus respectivos vueltos, en los que se evidencia acta de audiencia para verificar cumplimiento de condiciones impuestas Asunto Principal LP01-P-2010-003740, de fecha 5 de abril de 2013, emanada del Tribunal Penal de Primera Instancia, Estadales y Municipales en Funciones de Control del estado Mérida; así también, corren a los folios siete (7), ocho(8), nueve(9), diez(10), once(11) y doce(12), fotografías donde se representan los supuestos daños causados a una vivienda y a un vehículo o automóvil; también rielan a los folios trece (13) y catorce (14), dos hojas donde se trascriben, escritos con lápiz de carbón, presuntos mensajes de texto enviados al celular numero 0426-8764758 propiedad del ciudadano Tommy Jhonson Ramírez.

Ahora bien, el Articulo 60 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela invocado por la accionante en su primer aparte tipifica: “Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación” (Cursivas y Negritas Nuestras). En este contexto, al invocarse una norma de carácter constitucional en cualquier actuación judicial, exige especial atención por ante el órgano jurisdiccional, siendo el honor un derecho con una percepción de carácter social, ya que puede afectar su vida y por ende su conducta, como lo sostiene parte de la doctrina, no cualquier desprestigio está asociado a la lesión del derecho al honor; pero cuando se traspasa la mera critica sin duda alguna que se configura la lesión a este derecho constitucional, sin embargo, la Ley establece los mecanismos legales para hacer exigible el mencionado derecho ante el órgano jurisdiccional competente, lo cual, para la presente solicitud no corresponde a este Juzgado.

Del mismo modo la hoy accionante invoca el Articulo 899 del Código de Procedimiento Civil referido a las peticiones o solicitudes en materia de jurisdicción voluntaria, es menester destacar que el articulo 895 ejusdem establece que el juez actuando en sede de jurisdicción voluntaria interviene en la formación y desarrollo de situaciones jurídicas de conformidad con las disposiciones de la ley, en consecuencia, la finalidad de la jurisdicción voluntaria no es la de garantizar estrictamente la observancia del derecho, sino la de atender, dentro de los limites que el derecho establece aquellos intereses privados, a los cuales se refiere la relación o situación jurídica que la intervención de la autoridad judicial sirve para constituir o modificar (Auto, SCC, 10 de marzo de 1992, Ponente Magistrado Dr. Antonio Ramírez Giménez. Expediente numero 99-0020, S. Nº 0035).

Según la concepción que se acoge en el Articulo 895 ejusdem, se destacan los rasgos más característicos de la jurisdicción voluntaria, como lo son; su finalidad constitutiva y la naturaleza propiamente jurídica de la actividad que realiza el Juez, definida como “aquella función del Juez por la cual crea condicionamientos que le dan significación jurídica a la conducta de los solicitantes y que están destinados a mantener con validez en tanto no cambien las circunstancias que los originaron” (Sentencia de la Sala Constitucional del 20 de mayo de 2003, Magistrado ponente Jesús Eduardo Cabrera), Pues si bien en ella no existe un conflicto de intereses, o litigio, en el sentido de pretensiones contrapuestas entre interesados, en cambio, el Juez está llamado a examinar una situación de hecho concreta y a tomar ciertas resoluciones de interés de la persona respecto de la cual va a sufrir efectos la providencia del Juez, pero siempre en conformidad con las disposiciones de la ley y del código, así lo desarrolla en su libro de Tratado de Derecho Procesal Civil el Autor A. Rengel – Romberg.

SEGUNDO: En el caso in comento, el Tribunal una vez analizada la solicitud y los elementos de fondo así como lo que se persigue con la misma observa que la naturaleza de la misma es de carácter penal que de acuerdo a la Resolución numero 2009-0006 del 18 de marzo de 2009 dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que entrara en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de fecha 02 de abril de 2009 y que en su artículo 3 le confiere a los Juzgado de Municipio la potestad de conocer de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de Jurisdicción Voluntaria No Contenciosa en materia civil, según las reglas ordinarias de la competencia y que textualmente expresa: “Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de las reglas por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza. En consecuencia, queda sin efecto las competencias designadas por textos normativas preconstitucionales. Quedando incólume las competencias que en materia de violencia contra la mujer tienen atribuida” (Negrita Y Cursivas Nuestras). Como se destacó, este tribunal aun la naturaleza o vista la naturaleza de la solicitud, no posee competencia para conocer en materia penal y en consecuencia, visto lo anterior este tribunal pasa a decidir:
CAPITULO CUARTO
DECISIÓN
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, Y DE CONFORMIDAD A LO TIPIFICADO EN EL ARTICULO 3 DE LA RESOLUCIÓN NUMERO 2009-0006 DEL 18 DE MARZO DE 2009 DICTADA POR LA SALA PLENA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, QUE ENTRARA EN VIGENCIA A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2009, ESTE JUZGADO EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS RIVAS DÁVILA Y PADRE NOGUERA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, CON COMPETENCIA ORDINARIA SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 2013-0006 DE FECHA VEINTE (20) DE FEBRERO DE 2013, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: NO ADMISIBLE LA SOLICITUD A QUE SE CONTRAEN LAS PRESENTES ACTUACIONES. En consecuencia: PRIMERO: Se declara incompetente para conocer dicha solicitud.
SEGUNDO: Se ordena la entrega de las actuaciones originales realizadas en este Juzgado en la presente solicitud a la parte Solicitante, dejándose Copia Certificada para su archivo en este juzgado. ASÍ SE DECIDE.
TERCERO: En virtud de la naturaleza del presente juicio no hay condenatoria en costas. ASÍ SE DECIDE.
REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA U ORIGINAL DE LA PRESENTE DECISIÓN, de conformidad con lo previsto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil y de los cardinales 3 y 9 del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
DADA, FIRMADA, SELLADA Y REFRENDADA EN LA SALA DE DESPACHO DEL JUZGADO EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS RIVAS DÁVILA Y PADRE NOGUERA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA, CON COMPETENCIA ORDINARIA. En la ciudad de Bailadores, a los seis (06) días del mes de mayo de Dos Mil Trece (2013). Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación.
El Juez Titular:

Abg. Álvaro Acedo Rondón
El Secretario:

Abg. Guillermo Omar Mora Benavides
En la misma fecha se publicó la anterior sentencia y se dejó copia para el archivo.-
El Secretario:

Abg. Guillermo Mora.-